Tomado de La Jornada
Culmina encuentro alterno; presentan plan de acción en defensa del recurso
Activistas y organizaciones civiles de más de 40 países se comprometieron a consolidar una plataforma de acción común, en función de una estrategia global y simultánea, que permita articular las luchas regionales, nacionales e internacionales para conseguir que el agua sea un bien de todos y un derecho humano.
En la declaración conjunta y el plan de acción suscritos en la clausura del Foro Internacional en Defensa del Agua, que se realizó del 17 al 19 de marzo en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Telefonistas, reiteraron su rechazo a cualquier expresión privatizadora y al desarrollo de megaproyectos impulsados por empresas trasnacionales en todo el mundo.
Con el lema El derecho al agua es posible: gestión pública participativa, acordaron impulsar entre septiembre y octubre de este año acciones locales y nacionales para consolidar un movimiento mundial por el agua.
Con la participación de más de mil asistentes al encuentro, manifestaron su firme oposición al cuarto Foro Mundial del Agua, porque excluye las exigencias reales de los pueblos y por continuar buscando formas de mercantilización del líquido.
Además, rechazaron las políticas neoliberales y las acciones de grandes empresas que depredan, contaminan y agotan las cuencas hidrológicas.
Los cinco ejes fundamentales de la declaración final señalan que el agua debe ser considerada un bien común, garantizar su acceso como derecho humano y rechazar cualquier modelo en el que se le considere mercancía. Su gestión y control debe permanecer en el ámbito público, comunitario, participativo y sin fines de lucro.
Afirmaron que se debe garantizar no sólo una gestión sustentable de los ecosistemas y de la preservación del ciclo hidrológico mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales, sino rechazar cualquier modelo "desarrollista y consumista" que promueva la sobrexplotación, "como un reconocimiento a la solidaridad que debe existir entre las generaciones presentes y futuras".
También exigieron que todo ser humano tenga acceso gratuito a líquido de calidad, independientemente de su condición social, geográfica, económica y de género, sin que ningún gobierno, institución internacional o empresa pueda interrumpir el servicio doméstico por falta de pago.
El agua, señala el documento, debe ser eliminada de los acuerdos internacionales de libre comercio, así como de las leyes del mercado, por lo que consideraron "ilegitimas" todas las demandas por ganancias e indemnizaciones de corporaciones y trasnacionales, y exigieron la abolición del Centro Internacional sobre Disputas Relativos a Inversiones.
Rechazaron cualquier crédito condicionado por instituciones financieras internacionales, y el modelo "predatorio y no sustentable del agua" por medio de megaproyectos hidráulicos, represas, construcción de puertos, minería y plantas embotelladoras de bebidas gaseosas.
Plan de acción
Activistas de Africa, América Latina, Asia y Europa se pronunciaron por promover la articulación de organismos de gestión pública de calidad que funcionen sobre bases democráticas, mediante el intercambio de experiencias, capacitación y conocimiento técnico, además de privilegiar el financiamiento con fondos de solidaridad para consolidar modelos de control público del agua.
Con el acuerdo de consolidar una red mundial en defensa del agua se concretó un plan de acción que parte del concepto del agua como derecho humano y se opone a cualquier expresión privatizadora.
Este plan exige marcos normativos locales, regionales, nacionales e internacionales que garanticen la gestión pública del recurso. Asimismo se comprometió a lanzar y promover campañas globales contra la apropiación privada y fortalecer los tribunales internacionales en defensa del líquido.
Una segunda línea de acción es combatir a gobiernos y empresas que fragmentan, depredan, contaminan y agotan las cuencas hidrológicas.
Para combatir las consecuencias negativas de la degradación en la calidad del agua, la red se propone promover un marco legal que obligue a las empresas y gobiernos a reparar los daños a la salud humana y a los ecosistemas, además de impulsar tecnologías limpias, plantas de tratamiento, reciclaje y campañas informativas integradas a la educación formal y popular para el buen uso del agua.
Otro acuerdo, en el cual se hizo hincapié a lo largo de estas jornadas, es la lucha por el respeto al valor cultural y espiritual que contienen las diferentes visiones ancestrales de los pueblos indios y autóctonos en su relación con el agua.
De igual manera, durante este foro se presentaron experiencias de la lucha cotidiana que muchas mujeres mantienen por acceso al agua, especialmente en los países en desarrollo. En estos planes de acción se acordó reconocer el papel femenino en la lucha por el derecho al agua y promover la equidad de género.
Por último se comprometieron a luchar por la democracia, el control y la gestión del agua contra las políticas excluyentes, neoliberales y antidemocráticas. Se decidió impulsar movilizaciones de organizaciones populares para exigir su participación efectiva en las políticas hídricas, así como la creación de observatorios regionales por el derecho al agua, que articulen la vigilancia y las denuncias de las organizaciones en los distintos niveles regionales de acción.
Culmina encuentro alterno; presentan plan de acción en defensa del recurso
Activistas y organizaciones civiles de más de 40 países se comprometieron a consolidar una plataforma de acción común, en función de una estrategia global y simultánea, que permita articular las luchas regionales, nacionales e internacionales para conseguir que el agua sea un bien de todos y un derecho humano.
En la declaración conjunta y el plan de acción suscritos en la clausura del Foro Internacional en Defensa del Agua, que se realizó del 17 al 19 de marzo en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Telefonistas, reiteraron su rechazo a cualquier expresión privatizadora y al desarrollo de megaproyectos impulsados por empresas trasnacionales en todo el mundo.
Con el lema El derecho al agua es posible: gestión pública participativa, acordaron impulsar entre septiembre y octubre de este año acciones locales y nacionales para consolidar un movimiento mundial por el agua.
Con la participación de más de mil asistentes al encuentro, manifestaron su firme oposición al cuarto Foro Mundial del Agua, porque excluye las exigencias reales de los pueblos y por continuar buscando formas de mercantilización del líquido.
Además, rechazaron las políticas neoliberales y las acciones de grandes empresas que depredan, contaminan y agotan las cuencas hidrológicas.
Los cinco ejes fundamentales de la declaración final señalan que el agua debe ser considerada un bien común, garantizar su acceso como derecho humano y rechazar cualquier modelo en el que se le considere mercancía. Su gestión y control debe permanecer en el ámbito público, comunitario, participativo y sin fines de lucro.
Afirmaron que se debe garantizar no sólo una gestión sustentable de los ecosistemas y de la preservación del ciclo hidrológico mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales, sino rechazar cualquier modelo "desarrollista y consumista" que promueva la sobrexplotación, "como un reconocimiento a la solidaridad que debe existir entre las generaciones presentes y futuras".
También exigieron que todo ser humano tenga acceso gratuito a líquido de calidad, independientemente de su condición social, geográfica, económica y de género, sin que ningún gobierno, institución internacional o empresa pueda interrumpir el servicio doméstico por falta de pago.
El agua, señala el documento, debe ser eliminada de los acuerdos internacionales de libre comercio, así como de las leyes del mercado, por lo que consideraron "ilegitimas" todas las demandas por ganancias e indemnizaciones de corporaciones y trasnacionales, y exigieron la abolición del Centro Internacional sobre Disputas Relativos a Inversiones.
Rechazaron cualquier crédito condicionado por instituciones financieras internacionales, y el modelo "predatorio y no sustentable del agua" por medio de megaproyectos hidráulicos, represas, construcción de puertos, minería y plantas embotelladoras de bebidas gaseosas.
Plan de acción
Activistas de Africa, América Latina, Asia y Europa se pronunciaron por promover la articulación de organismos de gestión pública de calidad que funcionen sobre bases democráticas, mediante el intercambio de experiencias, capacitación y conocimiento técnico, además de privilegiar el financiamiento con fondos de solidaridad para consolidar modelos de control público del agua.
Con el acuerdo de consolidar una red mundial en defensa del agua se concretó un plan de acción que parte del concepto del agua como derecho humano y se opone a cualquier expresión privatizadora.
Este plan exige marcos normativos locales, regionales, nacionales e internacionales que garanticen la gestión pública del recurso. Asimismo se comprometió a lanzar y promover campañas globales contra la apropiación privada y fortalecer los tribunales internacionales en defensa del líquido.
Una segunda línea de acción es combatir a gobiernos y empresas que fragmentan, depredan, contaminan y agotan las cuencas hidrológicas.
Para combatir las consecuencias negativas de la degradación en la calidad del agua, la red se propone promover un marco legal que obligue a las empresas y gobiernos a reparar los daños a la salud humana y a los ecosistemas, además de impulsar tecnologías limpias, plantas de tratamiento, reciclaje y campañas informativas integradas a la educación formal y popular para el buen uso del agua.
Otro acuerdo, en el cual se hizo hincapié a lo largo de estas jornadas, es la lucha por el respeto al valor cultural y espiritual que contienen las diferentes visiones ancestrales de los pueblos indios y autóctonos en su relación con el agua.
De igual manera, durante este foro se presentaron experiencias de la lucha cotidiana que muchas mujeres mantienen por acceso al agua, especialmente en los países en desarrollo. En estos planes de acción se acordó reconocer el papel femenino en la lucha por el derecho al agua y promover la equidad de género.
Por último se comprometieron a luchar por la democracia, el control y la gestión del agua contra las políticas excluyentes, neoliberales y antidemocráticas. Se decidió impulsar movilizaciones de organizaciones populares para exigir su participación efectiva en las políticas hídricas, así como la creación de observatorios regionales por el derecho al agua, que articulen la vigilancia y las denuncias de las organizaciones en los distintos niveles regionales de acción.
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