El Salvador: Elecciones para legitimar el Autoritarismo

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Oscar Fernández. Investigador y Profesor en Ciencias Políticas

“Precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe tender a mantenerla” J.J. Rousseau,(El Contrato Social. L. II, cap. XI)

El presidente de ARENA nos ha confirmado que su trabajo más importante no es el de Presidente de la República. Abandonando sus obligaciones gubernamentales, convirtió el aparato administrativo del Estado en un avasallador aparato de propaganda de su partido. El mensaje es claro, el Estado salvadoreño ha sido nuevamente expropiado por la oligarquía político-económica y cualquier expresión opositora real que compita electoralmente debe ser anulada a fin de consolidar el poder decisionista autoritario. Ya lo han aclamado y fundamentado públicamente sus ideólogos: la alternabilidad democrática no es necesaria para el progreso, predican. Dieciséis años en el poder los hace de acuerdo a su análisis, dueños absolutos del Estado por derecho de antigüedad, poseedores de la verdad absoluta y adalides de una supuesta eficiencia administrativa que en realidad ha evidenciado corrupción en el manejo público.


En esta línea de pensamiento el Tribunal Supremo Electoral, que no funciona como tal, está diseñado para ser dirigido de facto por el oficialismo, lo cual parecen asumir dócilmente los demás miembros que lo componen. Su parcialidad pues, no deja asomo de duda. Así las elecciones como una de las expresiones de la democracia, son apañadas por el autoritarismo gubernamental generando una opinión prefabricada en base a falsificaciones, mentiras y verdades deformadas.

La concentración del poder político, que lamentablemente miles de salvadoreños continúan avalando víctimas de la propaganda sucia, está desplazando al método democrático. Por eso, frente a los formalismos democráticos del régimen, como el sistema de elecciones marginador que se practica, se requiere instalar una democracia constitucional con ciudadanos más educados que aprendan a defender y sostener las libertades y los derechos básicos, frente a la embestida del poder oligárquico que no duda en recurrir a un Estado de excepción si es necesario para sus intereses.

En la medida que la democracia pierde su vínculo con los derechos fundamentales que le dan sentido, se convierte en un sistema político plebiscitario que nos coloca frente a una escalada hacia la dictadura y por lo tanto, a la pérdida de las pocas expresiones de democracia que hemos conseguido.

Descalificar a los contendientes que presentan una férrea oposición al régimen autoritario, pisotear las reglas, creer que el poder ejecutivo está por encima del pueblo y de las funciones de control legislativo; la idea de que unos cuantos votos de más legitiman los abusos; en resumen el rechazo a la alternabilidad, a los límites, los contrapesos y al control efectivo, es sin duda, la implantación del autoritarismo y la negación de la democracia. Frente a esta “democracia plebiscitaria” uniformada por Washington para nuestros países, debemos oponer la democracia constitucional. Si el Constitucionalismo clásico se opuso a la monarquía absoluta, la democracia constitucional debe recuperar el estado constitucional de derecho para oponerse al autoritarismo absoluto de la política en función del absolutismo del mercado.

El desdén por las reglas democráticas constitucionales, por los controles y el equilibrio de poderes es el sello de los gobiernos areneros, con especial énfasis en las administraciones de Flores y Saca. Pero cualquier poder que no se somete a los límites establecidos por los derechos fundamentales, es inconstitucional.

La apropiación indebida del poder desde la firma de los Acuerdos de Paz, ha sido el complemento de un ejercicio hipócrita necesario en esta falsa democracia en la que muchos creen todavía, pero que sin duda lleva a un desengaño cada vez mayor en la sociedad sobre las posibilidades de lograr un efectivo respeto a la igualdad de los derechos ciudadanos. Después de esta amarga experiencia de mascarada democrática, que se repite cada tres años, es necesario concluir que el poder de decisión libre y soberano del pueblo, debe ser transformado en un poder social y por lo tanto del Estado.

No obstante, en estas elecciones el gran perdedor ha sido Saca, quién pretendía lograr una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para que como en su discurso decía, estar libre de amarras y estorbos para gobernar (léase consolidar el poder autoritario) y seguir imponiendo impunemente medidas anti-populares. El pueblo le dio al FMLN una cantidad de diputados capaces de parar los desmanes del régimen. Los delirios oligárquicos se estrellaron con la realidad.

16 de marzo de 2006