(PL) La titular de la Procuraduría para La Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, Beatrice de Carrillo, informó hoy que abrirá expedientes de niños desaparecidos.
Según de Carrillo, muchas familias han perdido a sus hijos, no sólo por la guerra, sino por otros hechos y las instancias correspondientes no han funcionado para hacer justicia a los padres de los menores.
En un acto realizado el martes último donde el estado pediría perdón por la desaparición de dos niñas durante la guerra civil, la funcionaria explicó que también investigarán sobre el fenómeno del tráfico de menores hacia el extranjero.
"En este país se ha dado por largos años la exportación de niños en forma dudosa, antes de la guerra, durante, y tal vez después", aseguró la procuradora.
Explicó que muchos de ellos procedían de familias con dificultades económicas o tenían padres involucrados en el conflicto armado.
La procuradora también criticó el pronunciamiento del canciller de la república, Francisco Laínez, en el caso de las Hermanas Serrano, por considerar que el Estado no pidió perdón.
No hay ningún compromiso sobre la búsqueda de las niñas, de tres y cinco años, desaparecidas durante la guerra civil.
El gobierno había anunciado un acto para hacer el reconocimiento público en la plaza central de Chalatenango, 64 kilómetros al norte de esta capital, pero el representante del ejecutivo que encabezó la ceremonia no saludó a los familiares de las hermanas Serrano.
La Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH).
En marzo de 2005 la CORTEIDH declaró que el Estado salvadoreño violó los derechos de la garantías judiciales de las niñas y sus familias al no realizar una investigación certera.
Familiares y personas presentes en el acto aseveran que todo fue una burla.
El sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira, afirmó que el gobierno no cumplió con la sentencia de la CORTEIDH, la cual instaba claramente a pedir perdón en un acto público.
Tojeira calificó de vergonzosa la forma en que las autoridades trataron el caso.
Por su parte, de Carrillo advirtió que era evidente la manera en que concluiría el acto, desde el momento mismo en que no acudió el presidente de la República, Antonio Saca.
Miles de jóvenes salvadoreños que viven hoy en Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Francia e Italia fueron despojados de sus padres durante el conflicto armado que El Salvador sufrió en el decenio de 1980.
Amnistía Internacional considera que los padres y familiares de los pequeños “han sufrido durante demasiado tiempo y tienen derecho a saber dónde están sus niños”, pero “la pasividad de las autoridades salvadoreñas sólo aumenta el dolor que aflige a estas personas”.
Esa ONG acusa al gobierno de mantener una situación de doble impunidad porque rehúsa investigar y castigar las pasadas violaciones de derechos humanos y se niega a hacer lo posible para determinar el paradero de los menores desaparecidos.
Según de Carrillo, muchas familias han perdido a sus hijos, no sólo por la guerra, sino por otros hechos y las instancias correspondientes no han funcionado para hacer justicia a los padres de los menores.
En un acto realizado el martes último donde el estado pediría perdón por la desaparición de dos niñas durante la guerra civil, la funcionaria explicó que también investigarán sobre el fenómeno del tráfico de menores hacia el extranjero.
"En este país se ha dado por largos años la exportación de niños en forma dudosa, antes de la guerra, durante, y tal vez después", aseguró la procuradora.
Explicó que muchos de ellos procedían de familias con dificultades económicas o tenían padres involucrados en el conflicto armado.
La procuradora también criticó el pronunciamiento del canciller de la república, Francisco Laínez, en el caso de las Hermanas Serrano, por considerar que el Estado no pidió perdón.
No hay ningún compromiso sobre la búsqueda de las niñas, de tres y cinco años, desaparecidas durante la guerra civil.
El gobierno había anunciado un acto para hacer el reconocimiento público en la plaza central de Chalatenango, 64 kilómetros al norte de esta capital, pero el representante del ejecutivo que encabezó la ceremonia no saludó a los familiares de las hermanas Serrano.
La Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH).
En marzo de 2005 la CORTEIDH declaró que el Estado salvadoreño violó los derechos de la garantías judiciales de las niñas y sus familias al no realizar una investigación certera.
Familiares y personas presentes en el acto aseveran que todo fue una burla.
El sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira, afirmó que el gobierno no cumplió con la sentencia de la CORTEIDH, la cual instaba claramente a pedir perdón en un acto público.
Tojeira calificó de vergonzosa la forma en que las autoridades trataron el caso.
Por su parte, de Carrillo advirtió que era evidente la manera en que concluiría el acto, desde el momento mismo en que no acudió el presidente de la República, Antonio Saca.
Miles de jóvenes salvadoreños que viven hoy en Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Francia e Italia fueron despojados de sus padres durante el conflicto armado que El Salvador sufrió en el decenio de 1980.
Amnistía Internacional considera que los padres y familiares de los pequeños “han sufrido durante demasiado tiempo y tienen derecho a saber dónde están sus niños”, pero “la pasividad de las autoridades salvadoreñas sólo aumenta el dolor que aflige a estas personas”.
Esa ONG acusa al gobierno de mantener una situación de doble impunidad porque rehúsa investigar y castigar las pasadas violaciones de derechos humanos y se niega a hacer lo posible para determinar el paradero de los menores desaparecidos.
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