Licda. Norma Guevara de Ramirios
El 30 de abril finaliza el período para la actual legislatura y dada la forma de reformar la Constitución se requiere para cualquier reforma que una Asamblea apruebe con 43 votos una propuesta que la siguiente debe ratificar con 56; por eso se ha convertido en costumbre dejar pasar los 34 primeros meses sin hablar del tema y concentrar las batallas en los últimos dos meses. El resultado es que normalmente quedan sin hacerse reformas que se creen importantes para fortalecer la democracia, la transparencia, la justicia; pues cambios para esa finalidad requieren verdaderas batallas, más que simples cabildeos entre fracciones legislativas.
Si nuestra Constitución es la ley fundamental, ninguna reforma debiera darse al margen de un debate que le permita a la ciudadanía conocer y manifestar su respaldo o su desaprobación, y más bien los diputados y diputadas debieran impulsar únicamente aquéllas reformas y leyes que tienen origen y sentido para la sociedad, para las mayorías y cuidar de no caer en retrocesos. Toda reforma debe tener claramente establecida la razón, el porqué, la conveniencia, el beneficio que representa y la aceptación expresa de la gente.
Para la derecha es una tentación reformar los límites de la propiedad de la tierra para volver a la concentración formal de los latifundios que tuvo antes del decreto que prohibió la parcelación de las propiedades más extensas como preámbulo del establecimiento de la extensión máxima de 245 hectáreas establecida en el artículo 105; por supuesto que debatir por 3 o 4 años la reforma de este artículo sería engorroso para quienes así lo desean y deben esperar que las aritméticas de dos asambleas le sean favorables para impulsarlo; por ahora pareciera que para reformar ese artículo están verdes las uvas.
Como esa pretensión que claramente beneficiaría a minorías económicamente fuertes habrá sin duda otros intereses como el de abolir las actuales limitaciones consti-tucionales a una ley de aprendizaje que vuelva el empleo más precario e inseguro; pero hay que reconocer que se ha carecido de una estrategia que articule pacientemente el conocimiento y respaldo de la ciudadanía a favor de reformas que fortalezcan la democracia y limiten la impunidad, la corrupción y el fraude. Desde hace muchos años se sostiene que es necesario reformar la Constitución de manera que la Corte de Cuentas se transforme en una contraloría y que las funciones jurisdiccionales que ahora tiene sean transferidas al órgano judicial; igualmente es necesario identificar aquéllas reformas constitucionales que vuelvan transparente el sistema electoral y en eso debiera insistirse se logre o no reformas al final de esta legislatura.
La noción de premura, unido al desinterés de la derecha en reformas que sirvan a las mayorías, debe inventariarse como obstáculos a vencer a través del debate, la promoción del conocimiento y la persistencia de la sociedad en ciertos cambios. Al final de esta legislatura sería preciso visualizar unos 4 o cinco años de insistencia hasta lograr las reformas que tengan sentido y utilidad para el país en su conjunto y para las mayorías.
Ha quedado demostrado que la seguridad jurídica en materia de identidad ciudadana es importante para luchar contra la impunidad, contra el contrabando, el crimen organizado y también contra los resultados electorales fraudulentos, por eso sería justo reformar el estatus del Registro Nacional de Personas Naturales y lograr que su junta directiva sea electa con voto calificado por la Asamblea Legislativa. El voto de los salvadoreños en el extranjero es algo que a estas alturas las mayorías reconocemos como una necesidad, pero algo más que votar es darles representación, sería ilógico que quienes viven en Washington elijan a un alcalde o alcaldesa de Cojutepeque, pero tiene sentido que voten en las presidenciales y elijan entre todos a uno o dos diputados.
La democracia puede parecer cara, pero lo es más la dictadura que nos priva de derechos y libertades; por eso cuando se invoca que hay que unir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas hay que preguntarse: ¿ por qué no modificar el Artículo 81 para reducir a dos meses la propaganda en elecciones presidenciales y a uno las legislativas y municipales? En todo caso, ninguna reforma constitucional a la carrera garantiza suficiente respaldo, por eso se debe ser prudente cuidadosos e iniciar un proceso de reformas consultadas, debatidas y con respaldo político mayoritario que sirva al interés de las mayorías.
El 30 de abril finaliza el período para la actual legislatura y dada la forma de reformar la Constitución se requiere para cualquier reforma que una Asamblea apruebe con 43 votos una propuesta que la siguiente debe ratificar con 56; por eso se ha convertido en costumbre dejar pasar los 34 primeros meses sin hablar del tema y concentrar las batallas en los últimos dos meses. El resultado es que normalmente quedan sin hacerse reformas que se creen importantes para fortalecer la democracia, la transparencia, la justicia; pues cambios para esa finalidad requieren verdaderas batallas, más que simples cabildeos entre fracciones legislativas.
Si nuestra Constitución es la ley fundamental, ninguna reforma debiera darse al margen de un debate que le permita a la ciudadanía conocer y manifestar su respaldo o su desaprobación, y más bien los diputados y diputadas debieran impulsar únicamente aquéllas reformas y leyes que tienen origen y sentido para la sociedad, para las mayorías y cuidar de no caer en retrocesos. Toda reforma debe tener claramente establecida la razón, el porqué, la conveniencia, el beneficio que representa y la aceptación expresa de la gente.
Para la derecha es una tentación reformar los límites de la propiedad de la tierra para volver a la concentración formal de los latifundios que tuvo antes del decreto que prohibió la parcelación de las propiedades más extensas como preámbulo del establecimiento de la extensión máxima de 245 hectáreas establecida en el artículo 105; por supuesto que debatir por 3 o 4 años la reforma de este artículo sería engorroso para quienes así lo desean y deben esperar que las aritméticas de dos asambleas le sean favorables para impulsarlo; por ahora pareciera que para reformar ese artículo están verdes las uvas.
Como esa pretensión que claramente beneficiaría a minorías económicamente fuertes habrá sin duda otros intereses como el de abolir las actuales limitaciones consti-tucionales a una ley de aprendizaje que vuelva el empleo más precario e inseguro; pero hay que reconocer que se ha carecido de una estrategia que articule pacientemente el conocimiento y respaldo de la ciudadanía a favor de reformas que fortalezcan la democracia y limiten la impunidad, la corrupción y el fraude. Desde hace muchos años se sostiene que es necesario reformar la Constitución de manera que la Corte de Cuentas se transforme en una contraloría y que las funciones jurisdiccionales que ahora tiene sean transferidas al órgano judicial; igualmente es necesario identificar aquéllas reformas constitucionales que vuelvan transparente el sistema electoral y en eso debiera insistirse se logre o no reformas al final de esta legislatura.
La noción de premura, unido al desinterés de la derecha en reformas que sirvan a las mayorías, debe inventariarse como obstáculos a vencer a través del debate, la promoción del conocimiento y la persistencia de la sociedad en ciertos cambios. Al final de esta legislatura sería preciso visualizar unos 4 o cinco años de insistencia hasta lograr las reformas que tengan sentido y utilidad para el país en su conjunto y para las mayorías.
Ha quedado demostrado que la seguridad jurídica en materia de identidad ciudadana es importante para luchar contra la impunidad, contra el contrabando, el crimen organizado y también contra los resultados electorales fraudulentos, por eso sería justo reformar el estatus del Registro Nacional de Personas Naturales y lograr que su junta directiva sea electa con voto calificado por la Asamblea Legislativa. El voto de los salvadoreños en el extranjero es algo que a estas alturas las mayorías reconocemos como una necesidad, pero algo más que votar es darles representación, sería ilógico que quienes viven en Washington elijan a un alcalde o alcaldesa de Cojutepeque, pero tiene sentido que voten en las presidenciales y elijan entre todos a uno o dos diputados.
La democracia puede parecer cara, pero lo es más la dictadura que nos priva de derechos y libertades; por eso cuando se invoca que hay que unir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas hay que preguntarse: ¿ por qué no modificar el Artículo 81 para reducir a dos meses la propaganda en elecciones presidenciales y a uno las legislativas y municipales? En todo caso, ninguna reforma constitucional a la carrera garantiza suficiente respaldo, por eso se debe ser prudente cuidadosos e iniciar un proceso de reformas consultadas, debatidas y con respaldo político mayoritario que sirva al interés de las mayorías.
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