Co-Latino. A más de 20 años de la masacre conocida como “El Mozote”, cometida por el ejército durante el pasado conflicto armado, y luego de un largo proceso jurídico impulsado por Tutela Legal de El Salvador y CEJIL de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el 23 de marzo, la petición avanzando en las investigaciones.Corría el mes de diciembre de 1981, cuando el Batallón élite “Atlacatl”, comandado por el Coronel Domingo Monterrosa, irrumpió en el caserío El Mozote, ejecutando la primera operación de “tierra arrasada”, que afectó a la población civil de la zona rural del país.
Los operativos se dieron de forma escalonada en los cantones: Cerro Pando, La Joya, y en los caseríos El Jocote Amarillo, La Ranchería y Los Toriles, de el departamento de Morazán. La masacre ocurrida hace 25 años, dejó unos mil civiles muertos, entre mujeres, hombres, ancianos, niños y niñas.
El jurista David Morales, de Tutela Legal afirmó que el caso fue presentado ante el sistema de justicia interno, en 1990, pero fue “boicoteado”, desde el principio, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de esa época, Mauricio Gutiérrez Castro.
Para la Procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, esta aceptación del caso es un aspecto positivo “y me complace porque también fue el informe de la procuraduría un elemento clave para la presentación del caso ante la Comisión”. “El interés por la Corte Interamericana y de la Comisión ya están enfocados a El Salvador”, indicó la funcionaria. A la vez, hizo un llamado al Estado a que “no se deje sorprender después con un mal comportamiento y tome con mucha superficialidad estos síntomas. Aquí estamos entrando a una apertura de la verdad”, dijo.
“Buscamos la justicia en el ámbito internacional, luego de tres años de bloqueos, junto a la CEJIL se inició el proceso y contábamos con los informes de las antropólogas argentinas, que sólo en el sitio 1, de El Mozote identificaron 130 osamentas, que eran niños entre 6 años , a meses de nacido”, afirmó Morales. Sobre el proceso de admisión ante la CIDH, Morales señaló la importancia que revestía el acto, por la certeza que el Estado salvadoreño violó los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
“La Comisión Interamericana y la Corte son dos instancias muy diferentes, la primera es un ente de investigación jurídico-política; y la segunda un tribunal y aplica la convención de derechos humanos, y la mayoría de casos que tramita la Comisión terminan, siendo vistos por la Corte”, sostuvo.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), informó que dio seguimiento al caso, y que la demanda la constituyen las 765 personas identificadas como víctimas de esta masacre y que hasta la fecha sus familiares no han obtenido justicia.
Gisela De León, abogada del caso por CEJIL, declaró que la demanda ha sido admitida porque el caso esta bien fundamentado y existe una clara responsabilidad del Estado salvadoreño, por lo que hay una alta probabilidad que llegue hasta la Corte Interamericana.
De León confirmó, vía telefónica a Diario Co Latino, desde Costa Rica, que la Comisión en este caso lo que hará es profundizar y continuar las investigaciones. La parte denunciante tiene un plazo de 2 meses, para presentar más pruebas y podrían aumentar el número de demandantes. Asimismo, explicó que los fallos de estos organismos jurídicos internacionales, trascienden las leyes de amnistías de los países juzgados. “Desde 1993, no han habido diligencias oficiales, creemos que hay suficientes elementos para determinar la responsabilidad estatal”, reiteró.
El caso está a dos pasos de obtener un veredicto, luego, que ambas partes presenten sus respectivos argumentos y pruebas de cargo y descargo, en las investigaciones. “Para nosotros es una esperanza (la admisión), que se logre que el Estado asuma su responsabilidad, y que los familiares de las víctimas tengan el derecho a saber que ocurrió”, agregó De León. En su momento, el Informe de la Verdad identificó a jefes Militares que estuvieron a cargo del operativo .“Queremos justicia concretamente y que se identifiquen a esas personas”, añadió.
El Salvador debe investigar violaciones
La Coordinadora del Área de Procuración de Justicia del IDHUCA, Guadalupe de Espinoza, aseguró que es una “nueva muestra”, para el gobierno salvadoreño de la incapacidad de justicia en el país. “Las personas han tenido que buscar justicia afuera, porque ni el Ejecutivo, ni Legislativo y ni el Judicial han sido capaces de investigar y sancionar a los responsables”, dijo de Espinoza.
El gobierno debe prepararse judicialmente para la investigación y reparación en estos casos de violaciones a derechos humanos, añadió.
“Internacionalmente, el gobierno está obligado hacerlo, a realizar investigaciones objetivas y que den respuesta a las víctimas”, puntualizó De Espinoza. Recientemente el gobierno salvadoreño encabezado por Antonio Saca se ha visto señalado por organismos locales de derechos humanos por intentar evadir, incluso, la justicia internacional.
La organización Pro Búsqueda -que registra y busca a niños desaparecidos durante la guerra- ha denunciado al Estado por no acatar la sanción que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso conocido como «Hermanas Serrano Cruz».
«El Estado tenía como plazo este 29 de marzo para cumplir la sentencia de pedir perdón y reconocer su responsabilidad en la desaparición forzosa de las niñas Serrano Cruz, en junio de 1982; tenía que investigar su paradero e indemnizar a la familia, pero no ha cumplido», apuntó Zaira Navas, abogada de Pro Búsqueda.
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