Licda. Norma Guevara de Ramirios
Toda persona tiene derecho a una identidad que supone un nombre, conocimiento de su madre, padre, fecha y lugar de nacimiento; y al alcanzar la edad requerida para su estatus de ciudadanía tiene derecho a identificarse como tal para cualquier efecto legal; el Estado esta obligado a garantizarlo, antes lo hacía a través de las alcaldías mediante las Cédulas de Identidad; ahora se hace a través del Documento Único de Identidad (DUI): solo que ahora quien lo extiende es una empresa privada contratada por el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN).
Este cambio se originó en la exigencia de reformar el sistema electoral, y aunque el DUI es utilizado como documento de identificación a la hora de ejercer el sufragio, sus usos son más variados, nadie puede ingresar al Seguro Social, a trabajar sin contar con ese documento; pero el hecho de privatizar la emisión, además de encarecer su obtención, acarrea otros problemas que se han señalado públicamente en el corto lapso de tiempo de existencia del DUI, apenas cinco años.
Es pertinente examinar esos problemas y es correcto que la legislación que creó tanto al RNPN como al DUI sean adecuadas a las necesidades y que se resuelvan los problemas que se han observado.
Cuando se critican estos problemas, los voceros del partido de gobierno evitan analizar el tema y se colocan como guardianes únicos de todo registro público, de cuestionados pasan a cuestionar y pudiera decirse que se ponen nerviosos, eso es lo que ocurre cuando desde la oposición se pasa de expresar dudas sobre el manejo del RNPN y de la emisión del DUI a presentar propuestas de mecanismos que garanticen transparencia y confianza.
Los areneros controlan el Registro de Personas Naturales y ni siquiera por eso están en capacidad de asegurar que se hacen las cosas como manda la ley, pues su responsabilidad se limita a contratar a otros y de ese modo se aseguran poder descargar culpas en otros, se dice que en muchos casos, los soportes de los DUI se distancian de lo que la ley dispone; que faltan huellas, partidas, fotos, que se mantienen difuntos a pesar de que las alcaldías envíen registros, que se dan traslados sin que la gente viva donde afirma vivir, que las oficinas son insuficientes y en todo caso se incumple el contrato en ese punto: en fin se dicen muchas cosas, ojalá a la hora de la auditoría la ciuda-danía denuncie las irregularidades que conoce y esto ayude a corregir.
En todo caso se carece de desarrollos que permitan asumir por propia cuenta la emisión de DUI, si se hiciera desde el Estado, desprivatizado, el costo para la ciudadanía pudiera ser menos oneroso, aunque el RNPN tiene facultades para desarrollar otros componentes del Registro Nacional de Personas asumen la posición cómoda de quedarse principalmente con la parte que les produce ingresos a la empresa concesionaria. ¿Quién dice que no se pueden discutir estas cosas?.
En la directiva del RNPN están los delegados de los ministerios, vale decir, areneros, esta desde siempre un delegado por COMURES que también es arenero y sale a cuestionar anticipadamente la modificación de la ley que se desea proponer, en esa directiva están representantes del TSE que antes rotaban dada la naturaleza plural que ese ente estatal debe tener: pero ahora se han asegurado evitar esa rotación.
Son todos lo mismo, areneros, por eso es poco el celo por mejorar, por asegurar la transparencia, por perfeccionar los mecanismos que permitan auditar permanentemente y evitar que con la misma madre y el mismo padre una persona pueda tener sin embargo más de un registro.
¿Cómo dejar de dudar si hay municipios que entre una elección y otra crece su población registrada en proporciones que nada tienen que ver con el crecimiento vegetativo de la población? Si se han dado casos de conocidos criminales extranjeros como Posada Carriles que tenían registro como salvadoreños, y no dirán que se las dio el FMLN.
Este es un momento propicio para realizar correcciones a los vacíos de Ley, a las impre-cisiones, a las aberraciones que provoca manipular los registros de personas que más tarde “legalmente” se convierten en registros electorales y lo más seguro... en votos ilegítimos.
Toda persona tiene derecho a una identidad que supone un nombre, conocimiento de su madre, padre, fecha y lugar de nacimiento; y al alcanzar la edad requerida para su estatus de ciudadanía tiene derecho a identificarse como tal para cualquier efecto legal; el Estado esta obligado a garantizarlo, antes lo hacía a través de las alcaldías mediante las Cédulas de Identidad; ahora se hace a través del Documento Único de Identidad (DUI): solo que ahora quien lo extiende es una empresa privada contratada por el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN).
Este cambio se originó en la exigencia de reformar el sistema electoral, y aunque el DUI es utilizado como documento de identificación a la hora de ejercer el sufragio, sus usos son más variados, nadie puede ingresar al Seguro Social, a trabajar sin contar con ese documento; pero el hecho de privatizar la emisión, además de encarecer su obtención, acarrea otros problemas que se han señalado públicamente en el corto lapso de tiempo de existencia del DUI, apenas cinco años.
Es pertinente examinar esos problemas y es correcto que la legislación que creó tanto al RNPN como al DUI sean adecuadas a las necesidades y que se resuelvan los problemas que se han observado.
Cuando se critican estos problemas, los voceros del partido de gobierno evitan analizar el tema y se colocan como guardianes únicos de todo registro público, de cuestionados pasan a cuestionar y pudiera decirse que se ponen nerviosos, eso es lo que ocurre cuando desde la oposición se pasa de expresar dudas sobre el manejo del RNPN y de la emisión del DUI a presentar propuestas de mecanismos que garanticen transparencia y confianza.
Los areneros controlan el Registro de Personas Naturales y ni siquiera por eso están en capacidad de asegurar que se hacen las cosas como manda la ley, pues su responsabilidad se limita a contratar a otros y de ese modo se aseguran poder descargar culpas en otros, se dice que en muchos casos, los soportes de los DUI se distancian de lo que la ley dispone; que faltan huellas, partidas, fotos, que se mantienen difuntos a pesar de que las alcaldías envíen registros, que se dan traslados sin que la gente viva donde afirma vivir, que las oficinas son insuficientes y en todo caso se incumple el contrato en ese punto: en fin se dicen muchas cosas, ojalá a la hora de la auditoría la ciuda-danía denuncie las irregularidades que conoce y esto ayude a corregir.
En todo caso se carece de desarrollos que permitan asumir por propia cuenta la emisión de DUI, si se hiciera desde el Estado, desprivatizado, el costo para la ciudadanía pudiera ser menos oneroso, aunque el RNPN tiene facultades para desarrollar otros componentes del Registro Nacional de Personas asumen la posición cómoda de quedarse principalmente con la parte que les produce ingresos a la empresa concesionaria. ¿Quién dice que no se pueden discutir estas cosas?.
En la directiva del RNPN están los delegados de los ministerios, vale decir, areneros, esta desde siempre un delegado por COMURES que también es arenero y sale a cuestionar anticipadamente la modificación de la ley que se desea proponer, en esa directiva están representantes del TSE que antes rotaban dada la naturaleza plural que ese ente estatal debe tener: pero ahora se han asegurado evitar esa rotación.
Son todos lo mismo, areneros, por eso es poco el celo por mejorar, por asegurar la transparencia, por perfeccionar los mecanismos que permitan auditar permanentemente y evitar que con la misma madre y el mismo padre una persona pueda tener sin embargo más de un registro.
¿Cómo dejar de dudar si hay municipios que entre una elección y otra crece su población registrada en proporciones que nada tienen que ver con el crecimiento vegetativo de la población? Si se han dado casos de conocidos criminales extranjeros como Posada Carriles que tenían registro como salvadoreños, y no dirán que se las dio el FMLN.
Este es un momento propicio para realizar correcciones a los vacíos de Ley, a las impre-cisiones, a las aberraciones que provoca manipular los registros de personas que más tarde “legalmente” se convierten en registros electorales y lo más seguro... en votos ilegítimos.
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