Por Stella Calloni Especial para APM
Las investigaciones judiciales en Argentina ponen al descubierto a la macabra red que actuó en este país y en América Latina, bajo el manto de la Doctrina de Seguridad Nacional La resolución del juez federal Norberto Oyarbide que ordenó el pasado 26 de enero la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”) y su extradición desde España, en la causa que investiga los crímenes de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) entre los años 1973-1976, creó en Buenos Aires una polémica política a todas luces falsa.
Esta causa está basada en “50 cuerpos de actuación y muchísimos legajos”, según el magistrado y es una de las más importantes en la historia de la justicia argentina, después del juicio a las Juntas Militares de la pasada dictadura (1976-1983).
El juez rechazó que exista algún elemento que responsabilice al ex presidente Juan Domingo Perón, quien falleció cuando gobernaba por tercera vez el país en julio de 1974, pero en cambio considera que la ex mandataria prestó una colaboración “esencial” en los crímenes que cometió la Triple A entre los años 74 y 76, aunque el accionar de este grupo había comenzado en 1973, cuando el ex cabo de policía José López Rega, devenido en Ministro de Bienestar Social en el gobierno peronista, llegó al país.
La especulación política de diversos sectores parece destinada a detener este intento de hacer justicia sobre hechos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial, que como otros no pueden prescribir.
El juez Oyarbide sostuvo que existe "prueba muy puntual que habla de que los ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, formaban parte de los grupos operativos" de la Triple A.
En este caso tiene responsabilidad la ex presidenta Perón, por el cargo que ocupaba, su relación directa con los implicados -que eran su propia custodia- y el hombre clave de su gobierno nada menos que López Rega el fundador de la Triple A. Y si no la tiene ella es quien mejor puede explicarlo.
A partir de su llegada al país en 1973 López Rega contó con el apoyo de sectores de inteligencia y hombres de las dictaduras anteriores, grupos de choque de la derecha peronista, entre otras organizaciones como las Milicias Nacionalistas, los grupos nazis, el Comando Nacional Universitario (CNU) que conformaron los equipos de inteligencia para ubicar a las víctimas, dar organicidad e impunidad a los secuestros, torturas y asesinatos.
Más allá de que Oyarbide hubiera actuado o no, la investigación de los hechos de la pasada dictadura llevaban inevitablemente a su más directo antecedente que es la Triple A , como se puede ver en el accionar del grupo. De hecho en todas las investigaciones sobre la Operación Cóndor -coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur- surge la presencia de los hombres de la Triple A , ex policías, integrantes de cuerpos de seguridad y delincuentes, en la mayoría de los casos, como su actuación en el Centro Clandestino de detención Automotores Orletti, clave en la historia del terror.
Así, el juez decidió la prisión preventiva contra Isabel y los ex policías federales acusados por los homicidios de la Triple A y estableció que si España no extradita a la ex presidenta, podrá ser juzgada en ese país, al que se remitirán los expedientes necesarios.
Sería imposible entonces esconder bajo la alfombra el antecedente básico de lo que sería Cóndor, cuando la llegada de la dictadura argentina el 24 de marzo de 1976 institucionalizó a esta operación contrainsurgente que ya estaba en marcha.
La actuación de la Triple A está encuadrada en acciones de terrorismo de Estado, porque en la ola de crímenes de lesa humanidad, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, amenazas, persecuciones, participaban funcionarios gubernamentales, jefes policiales, sectores militares y de seguridad, lo que garantizaba la impunidad.
El decreto firmado en los últimos días por el presidente Néstor Kirchner alcanza “a los hechos que de cualquier manera se vincularen con el terrorismo de Estado” y en esto queda encuadrada la Triple A , con causas dormidas en la justicia.
Por estos días, el Consejo de Ministros de España resolvió extraditar al ex sargento de la Policía Federal argentina, Juan Carlos Fotea Daneri, (”Lobo”) acusado por el asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh en marzo de 1977, entre otras causas.
La extradición de Fotea fue solicitada por el juez federal Sergio Torres , que lleva adelante los juicios sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde está acusado de integrar el grupo que secuestró y trasladó a ese lugar -además de Walsh - a tres madres fundadoras de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otras personas a fines de 1977.
El juez español Baltazar Garzón ya lo había imputado en Madrid en el marco de la investigación sobre los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile y estaba detenido desde el 23 de noviembre pasado.
Además el acusado está señalado como "oficial del sector Operaciones” en el grupo que encabezó Raúl Guglielminetti (alias Mayor Guastavino) quien en 1996 también fue imputado en España, y ahora detenido aquí por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, una de las sedes de la Operación Cóndor durante la dictadura. Pero tanto Guglielminetti como Fotea habían actuado con la Triple A.
La estrategia de los responsables de los asesinatos, secuestros, torturas, que era la forma de actuación de la Triple A , es tratar de imponer mediáticamente que se trata de una “venganza” de la izquierda peronista en el gobierno actual, perseguida en el pasado por estos grupos paramilitares.
Estas argucias de la ultraderecha peronista y de otros sectores encuentran eco en algunas figuras políticas de la oposición en el marco de la carrera electoral.
Sin embargo la causa de la Triple A se iba a investigar más temprano que tarde por las consecuencias de su accionar y su involucramiento en los crímenes de la dictadura militar.
En Argentina hubo ya algunas desapariciones en los años 70, 71 y en 1972-entre otros hechos graves- se produjo la matanza de detenidos políticos en la base naval de Trelew al sur del país. El aparato represivo ilegal “comenzó a estructurarse a partir de 1971 en torno a la figura del comisario general (de la Policía Federal ) Alberto Villar” quien era entonces Director General de Orden Urbano, como declaró en 1983 en Holanda ante una Comisión de Derechos Humanos el ex policia Rodolfo Peregrino Fernández en 1983.
Señaló el mismo testigo, “desde sus funciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar en torno suyo una estructura paralela para la realización de acciones violentas ilegales” y por eso “fue después un de las principales vertientes de la Triple A ”.
Estos hechos indican que cuando subió al gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, terminando con un largo período de proscripción del Partido Peronista, estaban armadas las estructuras de represión, control y contrainsurgencia de las dictaduras anteriores y la organización de Villar, ligada a grupos nazi, fue clave para los proyectos que trajo el ex cabo policial José López Rega.
Introducido en el entorno de Perón en el exilio, López Rega manejaba a su antojo a Isabelita y armó un cerco alrededor del ex presidente que perduró hasta la muerte de este en julio de 1974.
Gracias al renunciamiento de Cámpora, Perón fue electo el 22 de septiembre de 1973 por tercera vez en la historia nacional. En el lapso entre la renuncia de Cámpora y la llegada de Perón estuvo como presidente interino nada menos que Raúl Lastiri, yerno de López Rega.
Todas las investigaciones sobre la Triple A ubican que López Rega había tenido “contactos de trabajo” con la embajada de Estados Unidos en España, y especialmente con el embajador Robert Hill, quien había participado en forma activa en la invasión estadounidense a Guatemala en 1954.
Así además de los lazos que ya tenía López Rega con la Internacional Fascista con base en España, la Organización del Ejército Secreto (OAS) de Francia, Hill posibilitó su encuentro con los jefes de los escuadrones de la muerte que actuaban en Guatemala y otros lugares de América Latina.
Con todos esos antecedentes en sus manos y lo que ya estaba andando en Argentina López Rega, que acudió además a sectores marginales, pudo construir un reino de terror solventado en la corrupción, la mafia y el crimen. La banda parapolicial que formó tenía como objetivo acabar con los dirigentes más activos de la izquierda peronista y figuras izquierdistas en general.
Fue López Rega quien volvió a llamar a las filas policiales a dos oficiales que estaban castigados por delitos, como Morales y Almirón, cuya extradición desde España está en marcha ahora y convirtió al Ministerio de Bienestar Social en una virtual sede de la Triple A. También nombró jefe de la policía federal al comisario Villar e introdujo al ex comisario Héctor García Rey, denunciado por represión feroz en Tucumán, en su momento y figura importante luego en la Operación Cóndor.
Asimismo ya había conexiones de la Triple A con organismos de represión especial de otras dictaduras. Villar era viejo amigo del ya fallecido dictador de Bolivia Hugo Bánzer Suárez.
De modo que el tema de la triple A quedó ligado al esquema de contrainsurgencia que la CIA estadounidense trabajó con varias de estas figuras en la región como antesala de las dictaduras y entre 1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron aquí o fueron devueltos sus países de origen que era como entregarlos a la muerte .
Las investigaciones judiciales en Argentina ponen al descubierto a la macabra red que actuó en este país y en América Latina, bajo el manto de la Doctrina de Seguridad Nacional La resolución del juez federal Norberto Oyarbide que ordenó el pasado 26 de enero la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”) y su extradición desde España, en la causa que investiga los crímenes de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) entre los años 1973-1976, creó en Buenos Aires una polémica política a todas luces falsa.
Esta causa está basada en “50 cuerpos de actuación y muchísimos legajos”, según el magistrado y es una de las más importantes en la historia de la justicia argentina, después del juicio a las Juntas Militares de la pasada dictadura (1976-1983).
El juez rechazó que exista algún elemento que responsabilice al ex presidente Juan Domingo Perón, quien falleció cuando gobernaba por tercera vez el país en julio de 1974, pero en cambio considera que la ex mandataria prestó una colaboración “esencial” en los crímenes que cometió la Triple A entre los años 74 y 76, aunque el accionar de este grupo había comenzado en 1973, cuando el ex cabo de policía José López Rega, devenido en Ministro de Bienestar Social en el gobierno peronista, llegó al país.
La especulación política de diversos sectores parece destinada a detener este intento de hacer justicia sobre hechos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial, que como otros no pueden prescribir.
El juez Oyarbide sostuvo que existe "prueba muy puntual que habla de que los ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, formaban parte de los grupos operativos" de la Triple A.
En este caso tiene responsabilidad la ex presidenta Perón, por el cargo que ocupaba, su relación directa con los implicados -que eran su propia custodia- y el hombre clave de su gobierno nada menos que López Rega el fundador de la Triple A. Y si no la tiene ella es quien mejor puede explicarlo.
A partir de su llegada al país en 1973 López Rega contó con el apoyo de sectores de inteligencia y hombres de las dictaduras anteriores, grupos de choque de la derecha peronista, entre otras organizaciones como las Milicias Nacionalistas, los grupos nazis, el Comando Nacional Universitario (CNU) que conformaron los equipos de inteligencia para ubicar a las víctimas, dar organicidad e impunidad a los secuestros, torturas y asesinatos.
Más allá de que Oyarbide hubiera actuado o no, la investigación de los hechos de la pasada dictadura llevaban inevitablemente a su más directo antecedente que es la Triple A , como se puede ver en el accionar del grupo. De hecho en todas las investigaciones sobre la Operación Cóndor -coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur- surge la presencia de los hombres de la Triple A , ex policías, integrantes de cuerpos de seguridad y delincuentes, en la mayoría de los casos, como su actuación en el Centro Clandestino de detención Automotores Orletti, clave en la historia del terror.
Así, el juez decidió la prisión preventiva contra Isabel y los ex policías federales acusados por los homicidios de la Triple A y estableció que si España no extradita a la ex presidenta, podrá ser juzgada en ese país, al que se remitirán los expedientes necesarios.
Sería imposible entonces esconder bajo la alfombra el antecedente básico de lo que sería Cóndor, cuando la llegada de la dictadura argentina el 24 de marzo de 1976 institucionalizó a esta operación contrainsurgente que ya estaba en marcha.
La actuación de la Triple A está encuadrada en acciones de terrorismo de Estado, porque en la ola de crímenes de lesa humanidad, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, amenazas, persecuciones, participaban funcionarios gubernamentales, jefes policiales, sectores militares y de seguridad, lo que garantizaba la impunidad.
El decreto firmado en los últimos días por el presidente Néstor Kirchner alcanza “a los hechos que de cualquier manera se vincularen con el terrorismo de Estado” y en esto queda encuadrada la Triple A , con causas dormidas en la justicia.
Por estos días, el Consejo de Ministros de España resolvió extraditar al ex sargento de la Policía Federal argentina, Juan Carlos Fotea Daneri, (”Lobo”) acusado por el asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh en marzo de 1977, entre otras causas.
La extradición de Fotea fue solicitada por el juez federal Sergio Torres , que lleva adelante los juicios sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde está acusado de integrar el grupo que secuestró y trasladó a ese lugar -además de Walsh - a tres madres fundadoras de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otras personas a fines de 1977.
El juez español Baltazar Garzón ya lo había imputado en Madrid en el marco de la investigación sobre los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile y estaba detenido desde el 23 de noviembre pasado.
Además el acusado está señalado como "oficial del sector Operaciones” en el grupo que encabezó Raúl Guglielminetti (alias Mayor Guastavino) quien en 1996 también fue imputado en España, y ahora detenido aquí por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, una de las sedes de la Operación Cóndor durante la dictadura. Pero tanto Guglielminetti como Fotea habían actuado con la Triple A.
La estrategia de los responsables de los asesinatos, secuestros, torturas, que era la forma de actuación de la Triple A , es tratar de imponer mediáticamente que se trata de una “venganza” de la izquierda peronista en el gobierno actual, perseguida en el pasado por estos grupos paramilitares.
Estas argucias de la ultraderecha peronista y de otros sectores encuentran eco en algunas figuras políticas de la oposición en el marco de la carrera electoral.
Sin embargo la causa de la Triple A se iba a investigar más temprano que tarde por las consecuencias de su accionar y su involucramiento en los crímenes de la dictadura militar.
En Argentina hubo ya algunas desapariciones en los años 70, 71 y en 1972-entre otros hechos graves- se produjo la matanza de detenidos políticos en la base naval de Trelew al sur del país. El aparato represivo ilegal “comenzó a estructurarse a partir de 1971 en torno a la figura del comisario general (de la Policía Federal ) Alberto Villar” quien era entonces Director General de Orden Urbano, como declaró en 1983 en Holanda ante una Comisión de Derechos Humanos el ex policia Rodolfo Peregrino Fernández en 1983.
Señaló el mismo testigo, “desde sus funciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar en torno suyo una estructura paralela para la realización de acciones violentas ilegales” y por eso “fue después un de las principales vertientes de la Triple A ”.
Estos hechos indican que cuando subió al gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, terminando con un largo período de proscripción del Partido Peronista, estaban armadas las estructuras de represión, control y contrainsurgencia de las dictaduras anteriores y la organización de Villar, ligada a grupos nazi, fue clave para los proyectos que trajo el ex cabo policial José López Rega.
Introducido en el entorno de Perón en el exilio, López Rega manejaba a su antojo a Isabelita y armó un cerco alrededor del ex presidente que perduró hasta la muerte de este en julio de 1974.
Gracias al renunciamiento de Cámpora, Perón fue electo el 22 de septiembre de 1973 por tercera vez en la historia nacional. En el lapso entre la renuncia de Cámpora y la llegada de Perón estuvo como presidente interino nada menos que Raúl Lastiri, yerno de López Rega.
Todas las investigaciones sobre la Triple A ubican que López Rega había tenido “contactos de trabajo” con la embajada de Estados Unidos en España, y especialmente con el embajador Robert Hill, quien había participado en forma activa en la invasión estadounidense a Guatemala en 1954.
Así además de los lazos que ya tenía López Rega con la Internacional Fascista con base en España, la Organización del Ejército Secreto (OAS) de Francia, Hill posibilitó su encuentro con los jefes de los escuadrones de la muerte que actuaban en Guatemala y otros lugares de América Latina.
Con todos esos antecedentes en sus manos y lo que ya estaba andando en Argentina López Rega, que acudió además a sectores marginales, pudo construir un reino de terror solventado en la corrupción, la mafia y el crimen. La banda parapolicial que formó tenía como objetivo acabar con los dirigentes más activos de la izquierda peronista y figuras izquierdistas en general.
Fue López Rega quien volvió a llamar a las filas policiales a dos oficiales que estaban castigados por delitos, como Morales y Almirón, cuya extradición desde España está en marcha ahora y convirtió al Ministerio de Bienestar Social en una virtual sede de la Triple A. También nombró jefe de la policía federal al comisario Villar e introdujo al ex comisario Héctor García Rey, denunciado por represión feroz en Tucumán, en su momento y figura importante luego en la Operación Cóndor.
Asimismo ya había conexiones de la Triple A con organismos de represión especial de otras dictaduras. Villar era viejo amigo del ya fallecido dictador de Bolivia Hugo Bánzer Suárez.
De modo que el tema de la triple A quedó ligado al esquema de contrainsurgencia que la CIA estadounidense trabajó con varias de estas figuras en la región como antesala de las dictaduras y entre 1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron aquí o fueron devueltos sus países de origen que era como entregarlos a la muerte .
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