jueves, febrero 08, 2007

Deja la ONU sugerencias a El Salvador contra desapariciones

San Salvador, 8 feb (PL) El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sugirió hoy a El Salvador formar parte de la Convención Interamericana de ese delito y del Estatuto de Roma.

Esta nación centroamericana debe formar parte de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, indica otra de las sugerencias dejadas por los expertos de la ONU al concluir la verificación, aquí, sobre las desapariciones.


La misma establece que crímenes contra la humanidad son perseguibles sin importar la fecha en que ocurrieron.

Según el estudio, al no darse una respuesta sobre esas pérdidas involuntarias reportadas entre los 12 años de conflicto armado 1980-1983 (que suman dos mil 270 casos) se considera que no es un asunto del pasado.

Mientras se realizaba esa investigación en este país, en París se preparaba la ceremonia de firma de la nueva Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones.

Un elemento que constituye un obstáculo para la aplicación de la justicia en El Salvador es la vigencia de la ley de amnistía, apunta el informe del grupo de trabajo de la ONU.

Por su parte, este organismo informó a las autoridades acerca de la declaración aprobada que permite hacer reformas a esa ley.

En tal sentido, este jueves, la Asamblea Legislativa conoció la iniciativa del opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional que busca reformar el Código Penal para aumentar las penas por el delito de desaparición forzada.

Se recomienda cambiar el artículo 364 del aparato legal que actualmente establece una pena de cárcel de cuatro a ocho años.

La propuesta pretende elevar de 15 a 25 años de prisión, con el agravante de 20 a 30 si la víctima es menor de edad o mujer embarazada.

Francisco Prudencio, diputado del Partido Alianza Republicana Nacional, insistió que están abiertos a discutir cualquier iniciativa para elevar la pena por el delito de desaparición forzada.

El estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional) fue adoptado en julio de 1998, pero entró en vigor en ese mismo mes de 2002.

Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid, el exterminio y otros.

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