(PL) A sólo una semana de su entrada en vigor en El Salvador, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) acumula hoy varios cargos en su contra y desmiente su supuesto carácter comercial.
Erigido como ley, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa de ese país centroamericano, el convenio bilateral ampara a las transnacionales estadounidenses y a otros intereses privados norteños.
En correspondencia con ello, la Televisa Discovery Word y Turner se negó a venderles señal a la Asociación de Cable Operadores de El Salvador (ASCAES), pese a contratos vigentes hasta el 2010.
También desde el primero de marzo, la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones ordenó a la ASCAES suspender las transmisiones de los canales locales de televisión 2, 4, 6 y 12, sin que mediase argumento legal alguno.
Esta disposición fue adoptada en detrimento de previos acuerdos con la Telecorporación Salvadoreña y el Canal 12 y pone de manifiesto la decisión de las autoridades salvadoreñas de apoyar la aplicación del TLC hasta sus últimas consecuencias.
Más de 60 empresas de esta nación, la tercera más pobre de Centroamérica, están siendo afectadas por la ingerencia de las compañías estadounidenses, afirmaron directivos de ASCAES.
"Las transnacionales ya no nos quieren vender señal a nosotros, pero sí se la están vendiendo de manera exclusiva a la transnacional AMNET", aseguró Rolando García, representante de esa entidad.
Salvador Arias, legislador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), denunció que la dirección de telecomunicaciones trata de desplazar a los pequeños distribuidores de cable, sobre todo a los que operan en el interior del territorio.
"Además de no venderles señal y bloquearles la transmisión, las autoridades del sector prevén aplicarle a los distribuidores de cable locales las disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, como lo hacen con los vendedores de CD´s y DVD´s".
Herber Cardona, otro representante de ASCAES, aseguró que no se trata de robarles señal a las televisoras foráneas: sólo "queremos que nos la vendan, tal como dicen los contratos, algunos de los cuales llegan hasta el 2010".
Estas y otras inconformidades con la puesta en práctica del TLC, desde el 1 de marzo de 2006, provocaron ya manifestaciones populares en El Salvador y de continuar la situación, estas podían incrementarse.
"Después de los vendedores de DVD´s siguen ellos (los operadores de cable locales), después van a venir los agricultores y todos los que van a desaparecer con este tratado comercial", aseguró Arias.
En las últimas semanas, la administración de Elías Antonio Saca ha tenido que enfrentar varias marchas y protestas en repudio al tratado bilateral establecido con su homólogo George W. Bush.
Las demandas enarboladas en casi todos los casos rondan alrededor del rechazo al alza del costo de la vida, el desajuste salarial y la creciente criminalidad.
Tales muestras de rechazo al convenio, establecido a espaldas del pueblo, constituyen la prolongación de otras realizadas previo a su entrada en vigor y demuestran lo acertado de las alertas realizadas por sindicalistas, políticos y académicos con antelación.
Desde los momentos iniciales de las negociaciones por un TLC con Estados Unidos, estos coincidieron en que la propuesta presentada por el gobierno de Bush era mucho más que un tratado comercial.
Cada una de las cláusulas contenidas en ese texto revelaban la intención de privilegiar mercados para las grandes compañías y productores agropecuarios estadounidenses.
Al mismo tiempo, reclamaban la desarticulación de la constitucionalidad de El Salvador, y de otras naciones centroamericanas implicadas, a favor de los intereses expansivos de los sectores de poder norteños.
Condición sine qua nom para la aplicación del TLC, por ejemplo, eran los cambios en las leyes relacionadas con la propiedad intelectual, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, entre otros.
Siempre se dialogó sobre libre comercio, libre flujo de factores de producción, intercambios tecnológicos y modernización, pero en ningún caso del principal factor de producción: el ser humano.
El Salvador, considerado el principal aliado de Estados Unidos en la llamada cintura de América, se erigió como el pionero en la negociación y aplicación del acuerdo.
Cuando algunos exigen obligar a las transnacionales a cumplir con los contratos firmados, procurar la legalidad y no defender de manera exclusiva a las transnacionales, Saca insiste en mantener la calma y culpa a otros de las protestas en su contra.
Una vez más, el empresario devenido presidente toma al FMLN como chivo expiatorio y le atribuye la organización de las masivas manifestaciones de rechazo registradas en la última semana.
Pero analistas y otros sectores coinciden en que apenas asistimos a otras respuestas de la población salvadoreña al empeño del gobierno de secundar a Washington en su estrategia expansiva por la región.
Erigido como ley, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa de ese país centroamericano, el convenio bilateral ampara a las transnacionales estadounidenses y a otros intereses privados norteños.
En correspondencia con ello, la Televisa Discovery Word y Turner se negó a venderles señal a la Asociación de Cable Operadores de El Salvador (ASCAES), pese a contratos vigentes hasta el 2010.
También desde el primero de marzo, la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones ordenó a la ASCAES suspender las transmisiones de los canales locales de televisión 2, 4, 6 y 12, sin que mediase argumento legal alguno.
Esta disposición fue adoptada en detrimento de previos acuerdos con la Telecorporación Salvadoreña y el Canal 12 y pone de manifiesto la decisión de las autoridades salvadoreñas de apoyar la aplicación del TLC hasta sus últimas consecuencias.
Más de 60 empresas de esta nación, la tercera más pobre de Centroamérica, están siendo afectadas por la ingerencia de las compañías estadounidenses, afirmaron directivos de ASCAES.
"Las transnacionales ya no nos quieren vender señal a nosotros, pero sí se la están vendiendo de manera exclusiva a la transnacional AMNET", aseguró Rolando García, representante de esa entidad.
Salvador Arias, legislador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), denunció que la dirección de telecomunicaciones trata de desplazar a los pequeños distribuidores de cable, sobre todo a los que operan en el interior del territorio.
"Además de no venderles señal y bloquearles la transmisión, las autoridades del sector prevén aplicarle a los distribuidores de cable locales las disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, como lo hacen con los vendedores de CD´s y DVD´s".
Herber Cardona, otro representante de ASCAES, aseguró que no se trata de robarles señal a las televisoras foráneas: sólo "queremos que nos la vendan, tal como dicen los contratos, algunos de los cuales llegan hasta el 2010".
Estas y otras inconformidades con la puesta en práctica del TLC, desde el 1 de marzo de 2006, provocaron ya manifestaciones populares en El Salvador y de continuar la situación, estas podían incrementarse.
"Después de los vendedores de DVD´s siguen ellos (los operadores de cable locales), después van a venir los agricultores y todos los que van a desaparecer con este tratado comercial", aseguró Arias.
En las últimas semanas, la administración de Elías Antonio Saca ha tenido que enfrentar varias marchas y protestas en repudio al tratado bilateral establecido con su homólogo George W. Bush.
Las demandas enarboladas en casi todos los casos rondan alrededor del rechazo al alza del costo de la vida, el desajuste salarial y la creciente criminalidad.
Tales muestras de rechazo al convenio, establecido a espaldas del pueblo, constituyen la prolongación de otras realizadas previo a su entrada en vigor y demuestran lo acertado de las alertas realizadas por sindicalistas, políticos y académicos con antelación.
Desde los momentos iniciales de las negociaciones por un TLC con Estados Unidos, estos coincidieron en que la propuesta presentada por el gobierno de Bush era mucho más que un tratado comercial.
Cada una de las cláusulas contenidas en ese texto revelaban la intención de privilegiar mercados para las grandes compañías y productores agropecuarios estadounidenses.
Al mismo tiempo, reclamaban la desarticulación de la constitucionalidad de El Salvador, y de otras naciones centroamericanas implicadas, a favor de los intereses expansivos de los sectores de poder norteños.
Condición sine qua nom para la aplicación del TLC, por ejemplo, eran los cambios en las leyes relacionadas con la propiedad intelectual, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, entre otros.
Siempre se dialogó sobre libre comercio, libre flujo de factores de producción, intercambios tecnológicos y modernización, pero en ningún caso del principal factor de producción: el ser humano.
El Salvador, considerado el principal aliado de Estados Unidos en la llamada cintura de América, se erigió como el pionero en la negociación y aplicación del acuerdo.
Cuando algunos exigen obligar a las transnacionales a cumplir con los contratos firmados, procurar la legalidad y no defender de manera exclusiva a las transnacionales, Saca insiste en mantener la calma y culpa a otros de las protestas en su contra.
Una vez más, el empresario devenido presidente toma al FMLN como chivo expiatorio y le atribuye la organización de las masivas manifestaciones de rechazo registradas en la última semana.
Pero analistas y otros sectores coinciden en que apenas asistimos a otras respuestas de la población salvadoreña al empeño del gobierno de secundar a Washington en su estrategia expansiva por la región.
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