San Salvador. 7 feb (PL) Mientras no se castigue a los responsables de los más de dos mil casos denunciados, las desapariciones forzosas en El Salvador continuarán cometiéndose, afirmaron hoy aquí representantes Naciones Unidas (ONU).
"La Ley de Amnistía aprobada en 1993 es el principal obstáculo para su esclarecimiento y la mayor violación a la Declaración", apuntó uno de los expertos del grupo de trabajo de la ONU, el croata Darko Gottlicher.
Dicha legislación protege a los criminales de guerra señalados por la Comisión de la Verdad, aseveró.
Gottlicher sostiene, en su tercer día de visita a esta nación, que la amnistía pudo ser necesaria para crear condiciones para la democratización, pero en la práctica generó impunidad.
Además, añadió, se convirtió en el principal impedimento para investigar las violaciones a los derechos Humanos.
En opinión de Santiago Corchera, el Grupo no está en contra de las leyes de amnistía, pero exige que éstas no generen impunidad ni violenten el artículo 18 de la Declaración.
El apartado prohíbe aprobar cuerpos legales que impidan esclarecer las desapariciones forzadas y otros delitos.
El Salvador registra dos mil 661 casos, de los cuales dos mil 270 continúan sin resolverse, todos cometidos durante la guerra civil.
Los mismos se enmarcan especialmente entre 1980 y 1983, en los operativos contrainsurgentes de "tierra arrasada" implementados por el Gobierno salvadoreño con apoyo de Estados Unidos.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas fue creado en 1980, como un organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y está formado por expertos independientes. Su trabajo consiste en abordar las denuncias sobre estas violaciones.
En 1995 visitaron el país para buscar la colaboración del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, pero hasta hoy no habían recibido información alguna.
Su propósito es verificar la aplicación de la Declaración sobre la Desaparición Forzosa, aprobada en 1992, y que no existan incompatibilidades entre la legislación nacional y los tratados internacionales referidos a la materia.
En tal sentido Corcuera reiteró que aunque duela decirlo, el Estado salvadoreño todavía está cometiendo el delito de desaparición forzada.
"La Ley de Amnistía aprobada en 1993 es el principal obstáculo para su esclarecimiento y la mayor violación a la Declaración", apuntó uno de los expertos del grupo de trabajo de la ONU, el croata Darko Gottlicher.
Dicha legislación protege a los criminales de guerra señalados por la Comisión de la Verdad, aseveró.
Gottlicher sostiene, en su tercer día de visita a esta nación, que la amnistía pudo ser necesaria para crear condiciones para la democratización, pero en la práctica generó impunidad.
Además, añadió, se convirtió en el principal impedimento para investigar las violaciones a los derechos Humanos.
En opinión de Santiago Corchera, el Grupo no está en contra de las leyes de amnistía, pero exige que éstas no generen impunidad ni violenten el artículo 18 de la Declaración.
El apartado prohíbe aprobar cuerpos legales que impidan esclarecer las desapariciones forzadas y otros delitos.
El Salvador registra dos mil 661 casos, de los cuales dos mil 270 continúan sin resolverse, todos cometidos durante la guerra civil.
Los mismos se enmarcan especialmente entre 1980 y 1983, en los operativos contrainsurgentes de "tierra arrasada" implementados por el Gobierno salvadoreño con apoyo de Estados Unidos.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas fue creado en 1980, como un organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y está formado por expertos independientes. Su trabajo consiste en abordar las denuncias sobre estas violaciones.
En 1995 visitaron el país para buscar la colaboración del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, pero hasta hoy no habían recibido información alguna.
Su propósito es verificar la aplicación de la Declaración sobre la Desaparición Forzosa, aprobada en 1992, y que no existan incompatibilidades entre la legislación nacional y los tratados internacionales referidos a la materia.
En tal sentido Corcuera reiteró que aunque duela decirlo, el Estado salvadoreño todavía está cometiendo el delito de desaparición forzada.
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