Ginebra, 20 mar (PL) Una misión de la ONU confirmó hoy la continuación de las desapariciones forzosas en El Salvador y resaltó la impunidad disfrutada por acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
Un informe preliminar sobre el tema se entregó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos y a las delegaciones observadoras que participan en el IV Período Ordinario de Sesiones de esa instancia desarrollado actualmente en esta ciudad suiza.
El acopio de información se llevó a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el cual terminó su labor el pasado mes de marzo, y sus investigaciones partieron de datos sobre miles de desaparecidos en ese país centroamericano.
El Grupo de Trabajo había recibido para su consideración un total de dos mil 661 casos de ese tipo, pero reconoció se trata de un subregistro pues la Comisión de la Verdad existente en esa nación estima se elevan a más de cinco mil 500.
Tras entrevistarse con autoridades gubernamentales, familiares de las víctimas y organizaciones civiles, comprobó el carácter permanente o continuado de tales desapariciones.
En estricto rigor jurídico internacional se siguen cometiendo en la actualidad, por lo que no se trata de un delito del pasado o referente solamente al conflicto armado vivido en el territorio, de acuerdo al documento remitido al Consejo.
Por otra parte, la misión enviada al terreno recibió datos sobre la impunidad de autores de diferentes violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones.
Ellos no solamente se encuentran en libertad, sino que tampoco enfrentan investigación efectiva alguna, ni mucho menos condena y el Grupo calificó de obstáculo al derecho a la justicia, la verdad y la reparación la existencia de la Ley de Amnistía de 1993.
El Grupo de Trabajo recordó a las autoridades legislativas y ejecutivas salvadoreñas que los autores o presuntos autores de esos delitos no deben beneficiarse de amnistía o medidas análogas tendientes a exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.
Finalmente, llamó a la Asamblea Legislativa a revisar las penas establecidas para culpables de desapariciones forzosas, actualmente más benévolas en relación con otros delitos de menor gravedad.
Un informe preliminar sobre el tema se entregó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos y a las delegaciones observadoras que participan en el IV Período Ordinario de Sesiones de esa instancia desarrollado actualmente en esta ciudad suiza.
El acopio de información se llevó a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el cual terminó su labor el pasado mes de marzo, y sus investigaciones partieron de datos sobre miles de desaparecidos en ese país centroamericano.
El Grupo de Trabajo había recibido para su consideración un total de dos mil 661 casos de ese tipo, pero reconoció se trata de un subregistro pues la Comisión de la Verdad existente en esa nación estima se elevan a más de cinco mil 500.
Tras entrevistarse con autoridades gubernamentales, familiares de las víctimas y organizaciones civiles, comprobó el carácter permanente o continuado de tales desapariciones.
En estricto rigor jurídico internacional se siguen cometiendo en la actualidad, por lo que no se trata de un delito del pasado o referente solamente al conflicto armado vivido en el territorio, de acuerdo al documento remitido al Consejo.
Por otra parte, la misión enviada al terreno recibió datos sobre la impunidad de autores de diferentes violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones.
Ellos no solamente se encuentran en libertad, sino que tampoco enfrentan investigación efectiva alguna, ni mucho menos condena y el Grupo calificó de obstáculo al derecho a la justicia, la verdad y la reparación la existencia de la Ley de Amnistía de 1993.
El Grupo de Trabajo recordó a las autoridades legislativas y ejecutivas salvadoreñas que los autores o presuntos autores de esos delitos no deben beneficiarse de amnistía o medidas análogas tendientes a exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.
Finalmente, llamó a la Asamblea Legislativa a revisar las penas establecidas para culpables de desapariciones forzosas, actualmente más benévolas en relación con otros delitos de menor gravedad.
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