Esta investigación realizada por WOLA constató la existencia de grupos clandestinos, dedicados al narcotráfico, que operan desde las estructuras del Estado guatemalteco.
Redacción Diario Co Latino
El asesinato de los diputados de ARENA en el Parlamento Centroamericano William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson y Ramón González, y del motorista Gerardo Ramírez, es el resultado de la actuación de grupos armados clandestinos en Guatemala y, presuntamente, en El Salvador, sostiene el FMLN.
Sin entrar en detalles sobre los posibles móviles de los crímenes y sin referirse específicamente a los presuntos autores intelectuales, el legislador del PARLACEN, Leonel Búcaro, señala al crimen organizado enquistado en las estructuras estatales guatemaltecas y a las fuerzas oscuras que están detrás.
El señalamiento del funcionario del partido de izquierda se fundamenta en los resultados de varias investigaciones realizadas por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) y por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
De estos informes, el más revelador es: “Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos”, realizado por WOLA en 2004, que indagó la existencia de grupos clandestinos que inciden en el gobierno y actúan desde las estructuras del Estado.
Según la ONG estadounidense, estas agrupaciones proceden de los cuerpos contrainsurgentes que operaron durante la guerra civil guatemalteca que duró 36 años, están integrados por militares retirados y en ejercicio, y se relacionan con redes de narcotráfico, comercio de armas, lavado de dinero, corrupción y otros delitos.
Su relación con casi todos los partidos políticos y su vínculo con las instituciones gubernamentales, especialmente la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y la cartera de finanzas públicas, les permite actuar con total impunidad, señala WOLA en el referido informe.
“El asesinato de los compañeros del PARLACEN demuestra que la ‘narcopolítica’ tiene secuestrados a algunos Estados de la región, especialmente al de Guatemala, y que estas estructuras creadas para propósitos contrainsurgentes continúan operando en el narcotráfico y otros delitos”, sostiene Búcaro.
El parlamentario del Frente agrega que en estos grupos están involucrados altos funcionarios del gobierno de Guatemala y presuntamente del país, dado que existen indicios de la participación de salvadoreños en el crimen de los diputados de ARENA, aunque las autoridades nacionales se empeñan en desmentirlo.
“¿Por qué no se desmontaron estas estructuras? y ¿cómo quedan los procesos democráticos, si estos grupos clandestinos tienen secuestrados a los Estados?”, cuestiona Búcaro, quien teme que las investigaciones no progresen, dada la posibilidad de afectar a altas esferas del poder en ambos países.
El legislador de izquierda considera que si las indagaciones ‘tocaran fondo’, aparecerían involucrados personajes poderosos también en El Salvador. “Tendríamos sorpresas en el país”, asegura, pero agrega que posiblemente los poderes ocultos detrás de los grupos clandestinos no permitirán profundizar en las investigaciones.
Búcaro plantea la necesidad urgente de desmantelar estos grupos armados clandestinos, especialmente en Guatemala, y exige que la seguridad regional sea un tema prioritario para los gobiernos del istmo. “Centroamérica debe ser una zona de paz”, concluye el miembro del PARLACEN.
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