Las organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes, ante los hechos que evidencian las estructuras ilegales dentro del sistema de seguridad en Guatemala, manifestamos:
1- No es ningún secreto el funcionamiento de aparatos clandestinos de seguridad que operan directamente vinculados al sistema de seguridad en Guatemala, fortalecidos ante la falta de depuración en la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.
2- Lo aparentemente novedoso es que dichos aparatos actúan en el esquema funcional y orgánico de tales instituciones, con el conocimiento, consentimiento y al amparo del gabinete de seguridad, integrado por los ministerios de Gobernación y Defensa, así como por la PNC.
3- Este extremo ha sido del conocimiento de diputados, exfuncionarios y precandidatos como Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei, quienes durante su desempeño guardaron silencio cómplice al respecto, mientras que ahora hacen denuncias públicas con fines electoreros.
4- Las estructuras clandestinas develadas durante el proceso de investigación del asesinato de diputados salvadoreños y la ejecución de los sospechosos de este hecho, han operado también en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, mujeres y en ataques y agresiones contra defensoras y defensores de Derechos Humanos.
5- La situación de crisis en el ámbito de la estructura responsable de la seguridad ciudadana demanda medidas excepcionales y un acuerdo nacional que involucre a todos y cada uno de los sectores del país, comprometidos con la construcción de una sociedad democrática.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO:
1- Demandamos al presidente de la República, Oscar Rafael Berger, asumir plenamente, aunque sea en los últimos meses, su función como mandatario y que enfrente la grave situación de seguridad que vive el país.
2- Exigimos a las autoridades de justicia designar una fiscalía especial propuesta por una comisión de personas notables, libres de toda sospecha, para que investigue y persiga penalmente a las estructuras señaladas y a las todavía ocultas.
3- En dicho proceso, investigar a profundidad el origen de las informaciones así como las fuentes que alimentan las versiones presentadas por exfuncionarios del actual gobierno.
4- Al Fiscal General, actuar de inmediato para impedir que la eventual renuncia del titular de Gobernación, Carlos Vielman o el Director de la PNC, Erwin Sperisen, facilite que los mismos evadan la acción de la ley por la responsabilidad en los graves hechos denunciados y en el funcionamiento de las estructuras reveladas.
5- Convocamos a todas las organizaciones sociales, de pueblos indígenas, de jóvenes, de los derechos de las mujeres, pro justicia, de Derechos Humanos, partidos políticos, dirigentes religiosos, medios de comunicación y empresarios, a un proceso para analizar la crisis que representa el avance del crimen organizado dentro de las estructuras del estado, a fin de encontrar una salida nacional que permita enfrentar este fenómeno para recuperar la institucionalidad del Estado.
Guatemala 28 de febrero de 2007
Centro de Investigaciones Internacionales en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales (COS)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)
Foro Ecuménico por la Paz y la reconciliación (FEPAZ)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
Sector Mujeres de la Sociedad Civil
Seguridad en Democracia (SEDEM)
1- No es ningún secreto el funcionamiento de aparatos clandestinos de seguridad que operan directamente vinculados al sistema de seguridad en Guatemala, fortalecidos ante la falta de depuración en la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.
2- Lo aparentemente novedoso es que dichos aparatos actúan en el esquema funcional y orgánico de tales instituciones, con el conocimiento, consentimiento y al amparo del gabinete de seguridad, integrado por los ministerios de Gobernación y Defensa, así como por la PNC.
3- Este extremo ha sido del conocimiento de diputados, exfuncionarios y precandidatos como Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei, quienes durante su desempeño guardaron silencio cómplice al respecto, mientras que ahora hacen denuncias públicas con fines electoreros.
4- Las estructuras clandestinas develadas durante el proceso de investigación del asesinato de diputados salvadoreños y la ejecución de los sospechosos de este hecho, han operado también en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, mujeres y en ataques y agresiones contra defensoras y defensores de Derechos Humanos.
5- La situación de crisis en el ámbito de la estructura responsable de la seguridad ciudadana demanda medidas excepcionales y un acuerdo nacional que involucre a todos y cada uno de los sectores del país, comprometidos con la construcción de una sociedad democrática.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO:
1- Demandamos al presidente de la República, Oscar Rafael Berger, asumir plenamente, aunque sea en los últimos meses, su función como mandatario y que enfrente la grave situación de seguridad que vive el país.
2- Exigimos a las autoridades de justicia designar una fiscalía especial propuesta por una comisión de personas notables, libres de toda sospecha, para que investigue y persiga penalmente a las estructuras señaladas y a las todavía ocultas.
3- En dicho proceso, investigar a profundidad el origen de las informaciones así como las fuentes que alimentan las versiones presentadas por exfuncionarios del actual gobierno.
4- Al Fiscal General, actuar de inmediato para impedir que la eventual renuncia del titular de Gobernación, Carlos Vielman o el Director de la PNC, Erwin Sperisen, facilite que los mismos evadan la acción de la ley por la responsabilidad en los graves hechos denunciados y en el funcionamiento de las estructuras reveladas.
5- Convocamos a todas las organizaciones sociales, de pueblos indígenas, de jóvenes, de los derechos de las mujeres, pro justicia, de Derechos Humanos, partidos políticos, dirigentes religiosos, medios de comunicación y empresarios, a un proceso para analizar la crisis que representa el avance del crimen organizado dentro de las estructuras del estado, a fin de encontrar una salida nacional que permita enfrentar este fenómeno para recuperar la institucionalidad del Estado.
Guatemala 28 de febrero de 2007
Centro de Investigaciones Internacionales en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales (COS)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)
Foro Ecuménico por la Paz y la reconciliación (FEPAZ)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
Sector Mujeres de la Sociedad Civil
Seguridad en Democracia (SEDEM)
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