miércoles, marzo 21, 2007

Primer Seminario Sobre Feminicidios en la Region Centroamericana

Intervencion de Mirna Antonieta Perla Jimenez, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, en el Primer Seminario Regional sobre Feminicidio El Salvador, 19 de marzo de 2007.

Comienzo mi participación saludando a la mesa de honor integrada por:
Dra. Maria Isabel Rodríguez, Rectora de la Universidad de El Salvador
Dra. Enma Pinzon de la Procuraduria Para la Defemsa de Los Derechos Humanos
Licenciada Jeannette Urquilla, Directora Ejecutiva de ORMUSA
Licenciada Marina Peña de la Fundación Share y
Licenciada Ada Méndez, representante de PNUD – UNIFEM
Dra. Marcela Lagarde, legisladora mexicana y experta en la tematica de genero.
Un saludo Cariñoso, sororario para las compañeras de Panama, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala.

Colegas, amigos y amigas.

Sean todos y todas bienvenidos(as) al Primer Seminario Regional sobre Feminicidio bajo el lema “El Derecho a las mujeres a una vida libre de violencia”.

En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer y del día nacional de los derechos humanos de la mujer, las organizaciones que integran la Red Feminista Centroamericana en coordinación con el PNUD y la Corte Suprema de Justicia hemos tenido a bien el desarrollo de este primer seminario regional para el análisis y discusión sobre la más grave manifestación de violencia como lo son las conductas criminales que atentan contra la vida de las mujeres, a fin de dimensionar la problemática e identificar estrategias que coadyuven a erradicar la violencia contra las mujeres. Este evento se desarrolla en la misma línea de esfuerzos previos de organismos de mujeres y entidades del Estado en el marco del Foro Permanente contra el Feminicidio en El Salvador a partir del 2005.


Hablar de feminicidios es hacer referencia a una manifestación extrema de violencia en contra de las mujeres, motivada por razones de discriminación, que acontece en proporción directa a los cambios estructurales que ocurren en la sociedad y en relación directa con el grado de tolerancia que manifieste la colectividad en torno a los mismos y su nivel de violencia. Históricamente la problemática ha existido siempre, sin embargo, es hasta años recientes que ha llegado a constituirse en motivo de preocupación, por las características que ha retomado, luego del aparecimiento de mujeres descuartizadas, que fueron tiradas en lugares públicos, al interior de bolsas plásticas en los años 2002 y 2003, este hecho, de por si atroz, no ha tomado relevancia, hasta que el movimiento organizado de mujeres lo ha logrado colocar como tema relevante en la agenda nacional.

Conviene recordar que en ese entonces El Salvador fue testigo de un incremento de los asesinatos de mujeres con uso extremo de la violencia, utilizando habilidades y destrezas muy propias de los que en épocas pasadas, integraron los fatídicos escuadrones de la muerte en varios países de la región, como Guatemala y El Salvador. En la mayoría de los casos se observaron patrones muy característicos, entre las características podemos mencionar: las víctimas eran mujeres en edades comprendidas entre los 15 y 20 años, desaparecían y luego eran encontradas asesinadas en parques públicos o en terrenos baldíos en los alrededores de San Salvador, en la mayoría no se descubría su identidad, excepcionalmente hubo un caso de una joven estudiante de la Universidad Tecnológica, cuyo cuerpo se encontró en un cafetal semi calcinado.

En carta dirigida al Presidente Saca, la organización defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional señalaba: “Las características de los asesinatos son muy similares a las que utilizaban los escuadrones de la muerte durante los años setenta para aterrorizar a la ciudadanía. Esto, sumado a la falta de investigaciones, produce un clima de miedo y desconfianza popular en el sistema de justicia”.

Los cadáveres mutilados mostraban señales de violación y tortura, y en algunos casos habían sido decapitados. Frente a estos crímenes que quedaron en la impunidad, de inmediato se responsabilizó a jóvenes pertenecientes a pandillas y éste hecho se constituyó en una de las principales justificantes para la aprobación de la Ley Intimaras, habiendo obtenido con dicho instrumento jurídico un efecto publicitario, por medio del cual era imposible controlar el fenómeno de violencia y de criminalidad, que tiene causas muy claras en la exclusión y marginación que produce el actual modelo económico que esta expulsando a miles de compatriotas de toda la región hacia los países desarrollados, principalmente Los Estados Unidos de Norteamérica.

Preocupa el fenómeno acertadamente calificado como feminicidios, si observamos las estadísticas del Instituto de Medicina Legal en nuestro país, indican que año con año las cifras se han incrementado, así en el año 2001 se reportaron un total de 211, cifra que se incrementó a 227 en el año 2002; a 232 en el año 2003; 260 en el año 2004 y a 304 en el año 2005.

Pese a lo anterior, no existe una respuesta efectiva de parte de las instituciones responsables de dar seguridad a las personas, en estos casos en que la vida de mujeres humildes pierden su vida, la mayoría estos hechos son invisibilizados como otras manifestaciones más de violencia social, desconociendo su razón en justificaciones que atienden a la discriminación en razón del género.

Igualmente, como ha sido planteado en algunos estudios, los mensajes de prevención, cuando existen, lejos de alertar contra los agresores, son misóginos y están dirigidos a trasladar a las mujeres la responsabilidad de cualquier agresión que pudieran sufrir reforzando los enfoques patriarcales.

Esta problemática fue constatada por la Señora Yakin Ertuk, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en su visita a El Salvador en el mes de febrero de 2004, quien señaló en su informe a la Comisión de Derechos Humanos reunida en su 60º período de sesiones: “(En El Salvador)…en términos generales, la respuesta de las autoridades no ha sido adecuada, ya que no ha procedido a una investigación efectiva, al enjuiciamiento ni al castigo de los responsables. No se ha indemnizado a los supervivientes ni se ha proporcionado un apoyo integrado a las familias de las víctimas”.

Lo mismo reflejó un estudio realizado en el año 2003, por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, conocida por “Las Dignas”, según el cual no siempre se logra identificar a los autores de los hechos y cuando esto sucede el 32.3% resultó ser personas profesionales mientras que únicamente el 16.1% fueron ejecutados por miembros de pandillas. En la mayoría de los casos, los autores eran familiares de las víctimas.

En lo relativo a las zonas geográficas en las que se manifiesta el fenómeno, para el año 2006 las cifras eran equiparables entre la zona rural y urbana del país y los lugares en los que generalmente aparecían estos cuerpos eran en la vía pública, en el campo abierto o en sus propias casas.

Estos datos sitúan a El Salvador en el segundo lugar con mayor número de casos de feminicidios sobre Costa Rica y Nicaragua y solamente debajo de Guatemala, lo que genera mayor alarma porque la comparación de población y territorio con esta última arroja tasas más elevadas.

La realidad descrita y que será abordada en estas jornadas de trabajo con mayor profundidad muestra la urgencia que como sociedad tenemos para dar una respuesta adecuada a la problemática. Esta no debe ser entendida como una lucha exclusiva de mujeres en la búsqueda de la protección de mujeres, por el contrario debe ser un esfuerzo de todas y todos, las y los ciudadanas(os), interesadas(os) en construir un Estado de Derecho y erradicar toda manifestación de violencia y discriminación en contra de las mujeres.

Conviene por ello incorporarnos al genuino compromiso de reflexión sobre el fenómeno, ubicarlo en su justa dimensión y desde ahí construir una respuesta integral para prevenirlo, y en el caso que se dé, atenderlo y promover la investigación y sanción a las personas que resultaren culpables. Para ello se abre este espacio, que contará con la participación de reconocidas y reconocidos conferencistas nacionales e internacionales, quienes desde sus conocimientos y experiencia indudablemente contribuirán a señalarnos derroteros para hacer frente a la problemática.

Finalizo mi participación agradeciendo a todas las instituciones asistentes por su interés en profundizar en la temática y al equipo organizador de la actividad por su esfuerzo y dedicación en la realización del mismo. En nuestras manos está la posibilidad de construir respuestas integrales e integradoras para erradicar esta gravísima manifestación de violencia en contra de las mujeres, teniendo siempre en mente que, como lo señaló Amnistía Internacional “La falta de justicia en El Salvador no sólo amenaza el funcionamiento del estado de derecho sino que deja a las mujeres del país en una situación de constante peligro”.

Muchas gracias.
Mirna Antonieta Perla Jimenez
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia

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