San Salvador, 29 mar (PL) Organizaciones sociales salvadoreñas presentarán hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Antiterrorista en la Corte Suprema de Justicia y pedirán su derogación a la Asamblea Legislativa.
Según María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, esa normativa, aprobada en noviembre de 2006, es una herramienta que el gobierno puede utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil.
Aseguró que a través de la citada ley, al prohibir la libre reunión, las autoridades gubernamentales no permitirán a la población manifestar su inconformidad con la violación de sus derechos económicos, sociales y políticos.
El Salvador se ha convertido con esa legislación en un estado de sitio permanente, donde cualquier expresión contra las autoridades puede terminar en captura y cárcel con condenas de hasta 60 años, afirmó.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza opositora del país, califica a la ley de atentoria.
Advierte que su texto no aclara cuestiones básicas y deja indefinidos temas muy relevantes que, aplicados, podrían comprometer la vida de las personas.
La Defensora de los Derechos Humanos, Beatrice De Carrillo, ha explicado que al no detallar la ley qué entiende por terrorismo, cualquier conducta que provoque inseguridad, intranquilidad, alarma, temor o zozobra en las personas, podría ser considerada como tal.
Recientemente el relator especial de las Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra ese flagelo, Martin Scheinin, instó a Jordania a enmendar una ley antiterrorista similar a la activada aquí.
Según María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, esa normativa, aprobada en noviembre de 2006, es una herramienta que el gobierno puede utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil.
Aseguró que a través de la citada ley, al prohibir la libre reunión, las autoridades gubernamentales no permitirán a la población manifestar su inconformidad con la violación de sus derechos económicos, sociales y políticos.
El Salvador se ha convertido con esa legislación en un estado de sitio permanente, donde cualquier expresión contra las autoridades puede terminar en captura y cárcel con condenas de hasta 60 años, afirmó.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza opositora del país, califica a la ley de atentoria.
Advierte que su texto no aclara cuestiones básicas y deja indefinidos temas muy relevantes que, aplicados, podrían comprometer la vida de las personas.
La Defensora de los Derechos Humanos, Beatrice De Carrillo, ha explicado que al no detallar la ley qué entiende por terrorismo, cualquier conducta que provoque inseguridad, intranquilidad, alarma, temor o zozobra en las personas, podría ser considerada como tal.
Recientemente el relator especial de las Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra ese flagelo, Martin Scheinin, instó a Jordania a enmendar una ley antiterrorista similar a la activada aquí.
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