Comisión Política del FMLN
El asesinato en Guatemala de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su agente de seguridad personal, y la posterior eliminación, al interior de una cárcel de máxima seguridad, de varios policías implicados en el crimen; hechos agravados por el involucramiento de funcionarios de alto nivel en el gobierno, han puesto en la picota la integridad y funcionamiento de un tipo de Estado y un modelo de seguridad pública ligados a intereses criminales, que literalmente dominan la esfera del poder tradicional.
Los problemas de seguridad pública y violencia marcan las agendas políticas en América Latina. En la región centroamericana, hemos sido afectados directamente por los altos índices de violencia, crimen organizado y corrupción. En países como Guatemala y El Salvador, dónde la desigualdad social es particularmente acentuada, existen –en distintos niveles- crisis de gobierno y de Estado, que se evidencian sobretodo, en la ingobernable situación del delito en general y especialmente del crimen organizado, que ha penetrado en las esferas más altas de decisión política, mientras la justicia es sometida frecuentemente a intereses oscuros, muy alejados de los intereses ciudadanos. En el caso de El Salvador son muchos los casos de corrupción en que se ven involucrados altos funcionarios.
Las dictaduras militares establecieron un modelo de anti-democrático de seguridad pública, el cual institucionalizó la violencia del Estado, generando espacios para acciones ilegales, como la tortura, las desapariciones forzadas y el accionar de escuadrones de exterminio. Los procesos de paz en ambas naciones apuntaron a establecer un nuevo modelo de seguridad pública, basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la naturaleza civil de la función de seguridad y en la actuación de los cuerpos policiales en el exclusivo marco de la Ley.
Apenas han transcurrido unos años cuando ya es posible constatar que ese modelo de seguridad, que empezó siendo desnaturalizado, se acerca peligrosamente cada vez más, a los esquemas imperantes en el pasado autoritario. La penetración de grupos criminales en los niveles de mando y unidades operativas es inocultable. Las prácticas represivas hacia la protesta social se han multiplicado. El funcionamiento de grupos de exterminio al interior de las instituciones está documentado. La participación de antiguos oficiales militares en la dirección de las tareas de seguridad es inobjetable.
Los escandalosos sucesos ocurridos en Guatemala son el resultado de un proceso de deterioro institucional que en su momento las máximas autoridades de ese país no pudieron o no quisieron enfrentar. El fenómeno de descomposición se ve hoy agravado por la penetración de redes transnacionales de crimen organizado en altas esferas de mando del ente policial.
Resulta sumamente preocupante que ante la crisis institucional que vive Guatemala, las autoridades salvadoreñas insistan en que la situación en El Salvador no puede compararse con la guatemalteca, negándose a reconocer y a enfrentar una realidad que crecientes sectores nacionales señalan con insistencia. El modelo de seguridad salvadoreño es hermano gemelo del guatemalteco. Padece de las mismas lacras y está sometido a los mismos factores de descomposición, corrupción y actuación al margen de la legalidad.
Las actitudes evasivas asumidas por los funcionarios salvadoreños no ayudan a superar la crisis de credibilidad en que ha caído el sistema de seguridad ciudadana. Esta crisis sólo puede ser superada por políticas que inicien una rectificación a fondo de los vicios y desviaciones incurridas en relación a la doctrina de seguridad ciudadana establecida en los Acuerdos de Paz.
El FMLN exige al Gobierno un replanteamiento integral de la política de seguridad ciudadana, que haga énfasis en la superación de la corrupción y la impunidad, la depuración policial, la absoluta legalidad en las prácticas policiales y fiscales y la profesionalización y dignificación de la carrera policial.
¡Hay que hacerlo AHORA, antes que sea demasiado tarde!
Comisión Política.
El Salvador, Marzo de 2007
El asesinato en Guatemala de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su agente de seguridad personal, y la posterior eliminación, al interior de una cárcel de máxima seguridad, de varios policías implicados en el crimen; hechos agravados por el involucramiento de funcionarios de alto nivel en el gobierno, han puesto en la picota la integridad y funcionamiento de un tipo de Estado y un modelo de seguridad pública ligados a intereses criminales, que literalmente dominan la esfera del poder tradicional.
Los problemas de seguridad pública y violencia marcan las agendas políticas en América Latina. En la región centroamericana, hemos sido afectados directamente por los altos índices de violencia, crimen organizado y corrupción. En países como Guatemala y El Salvador, dónde la desigualdad social es particularmente acentuada, existen –en distintos niveles- crisis de gobierno y de Estado, que se evidencian sobretodo, en la ingobernable situación del delito en general y especialmente del crimen organizado, que ha penetrado en las esferas más altas de decisión política, mientras la justicia es sometida frecuentemente a intereses oscuros, muy alejados de los intereses ciudadanos. En el caso de El Salvador son muchos los casos de corrupción en que se ven involucrados altos funcionarios.
Las dictaduras militares establecieron un modelo de anti-democrático de seguridad pública, el cual institucionalizó la violencia del Estado, generando espacios para acciones ilegales, como la tortura, las desapariciones forzadas y el accionar de escuadrones de exterminio. Los procesos de paz en ambas naciones apuntaron a establecer un nuevo modelo de seguridad pública, basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la naturaleza civil de la función de seguridad y en la actuación de los cuerpos policiales en el exclusivo marco de la Ley.
Apenas han transcurrido unos años cuando ya es posible constatar que ese modelo de seguridad, que empezó siendo desnaturalizado, se acerca peligrosamente cada vez más, a los esquemas imperantes en el pasado autoritario. La penetración de grupos criminales en los niveles de mando y unidades operativas es inocultable. Las prácticas represivas hacia la protesta social se han multiplicado. El funcionamiento de grupos de exterminio al interior de las instituciones está documentado. La participación de antiguos oficiales militares en la dirección de las tareas de seguridad es inobjetable.
Los escandalosos sucesos ocurridos en Guatemala son el resultado de un proceso de deterioro institucional que en su momento las máximas autoridades de ese país no pudieron o no quisieron enfrentar. El fenómeno de descomposición se ve hoy agravado por la penetración de redes transnacionales de crimen organizado en altas esferas de mando del ente policial.
Resulta sumamente preocupante que ante la crisis institucional que vive Guatemala, las autoridades salvadoreñas insistan en que la situación en El Salvador no puede compararse con la guatemalteca, negándose a reconocer y a enfrentar una realidad que crecientes sectores nacionales señalan con insistencia. El modelo de seguridad salvadoreño es hermano gemelo del guatemalteco. Padece de las mismas lacras y está sometido a los mismos factores de descomposición, corrupción y actuación al margen de la legalidad.
Las actitudes evasivas asumidas por los funcionarios salvadoreños no ayudan a superar la crisis de credibilidad en que ha caído el sistema de seguridad ciudadana. Esta crisis sólo puede ser superada por políticas que inicien una rectificación a fondo de los vicios y desviaciones incurridas en relación a la doctrina de seguridad ciudadana establecida en los Acuerdos de Paz.
El FMLN exige al Gobierno un replanteamiento integral de la política de seguridad ciudadana, que haga énfasis en la superación de la corrupción y la impunidad, la depuración policial, la absoluta legalidad en las prácticas policiales y fiscales y la profesionalización y dignificación de la carrera policial.
¡Hay que hacerlo AHORA, antes que sea demasiado tarde!
Comisión Política.
El Salvador, Marzo de 2007
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