San Salvador, 22 mar (PL) El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cuestionó hoy la captura de los supuestos autores intelectuales del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en Guatemala.
Según los representantes del FMLN en ese foro regional, con la captura de varias personas relacionadas con el narcotráfico y acusadas de ser los arquitectos del crimen, más bien se tiende a desviar los hechos.
La diputada efemelenista Lorena Peña subrayó que las imágenes tomadas por las cámaras de una estación de combustible de la vecina nación muestran a los capturados comprando gasolina, la cual se presume fue usada para quemar los cuerpos.
Añadió que ese tipo de asesinato no es pensado y ejecutado por las mismas personas.
El pasado martes, la policía guatemalteca capturó a Mario Lemus, Estuardo Lemus, Carlos Orellana y a Linda Castillo, presuntos narcotraficantes, y acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de los parlamentarios.
Las autoridades guatemaltecas ofrecen una recompensa de unos 14 mil dólares a quién informe sobre otro de los supuestos implicados en el crimen, prófugo en este momento.
En tal sentido, los miembros de PARLACEN por el FMLN, la principal fuerza opositora en el país, les pidieron a los gobiernos de Guatemala y El Salvador realizar una investigación seria.
El 19 de febrero último, los parlamentarios salvadoreños Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González y su chofer, Gerardo Ramírez, fueron acribillados a balazos y luego incinerados.
Unos pocos días más tarde, los presuntos asesinos fueron masacrados en una cárcel de máxima seguridad de Guatemala.
Según el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional Civil de ese país, Víctor Soto, los agentes "fueron ejecutados a tiros en el interior de la prisión", por un comando fuertemente armado.
A un mes del hecho, las autoridades de las dos naciones siguen sin desentrañarlo y una lluvia de críticas continúa cayendo sobre ellas.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, también ha exigido más responsabilidad a ambos gobiernos en la investigación.
Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, alertó recientemente que el asesinato podría quedar en la impunidad al asegurar que hay un intento por bajar el interés y la atención del caso.
Jaime López, representante de la red Probidad, afirmó que es preocupante la apatía mostrada por las autoridades salvadoreñas en el esclarecimiento del crimen al plantear que a Guatemala le corresponde resolverlo.
Por ello, exigió la apertura de la pesquisa completa en el país y buscar además, datos sobre las actividades de las víctimas y las relaciones que manejaban.
Según los representantes del FMLN en ese foro regional, con la captura de varias personas relacionadas con el narcotráfico y acusadas de ser los arquitectos del crimen, más bien se tiende a desviar los hechos.
La diputada efemelenista Lorena Peña subrayó que las imágenes tomadas por las cámaras de una estación de combustible de la vecina nación muestran a los capturados comprando gasolina, la cual se presume fue usada para quemar los cuerpos.
Añadió que ese tipo de asesinato no es pensado y ejecutado por las mismas personas.
El pasado martes, la policía guatemalteca capturó a Mario Lemus, Estuardo Lemus, Carlos Orellana y a Linda Castillo, presuntos narcotraficantes, y acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de los parlamentarios.
Las autoridades guatemaltecas ofrecen una recompensa de unos 14 mil dólares a quién informe sobre otro de los supuestos implicados en el crimen, prófugo en este momento.
En tal sentido, los miembros de PARLACEN por el FMLN, la principal fuerza opositora en el país, les pidieron a los gobiernos de Guatemala y El Salvador realizar una investigación seria.
El 19 de febrero último, los parlamentarios salvadoreños Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González y su chofer, Gerardo Ramírez, fueron acribillados a balazos y luego incinerados.
Unos pocos días más tarde, los presuntos asesinos fueron masacrados en una cárcel de máxima seguridad de Guatemala.
Según el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional Civil de ese país, Víctor Soto, los agentes "fueron ejecutados a tiros en el interior de la prisión", por un comando fuertemente armado.
A un mes del hecho, las autoridades de las dos naciones siguen sin desentrañarlo y una lluvia de críticas continúa cayendo sobre ellas.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, también ha exigido más responsabilidad a ambos gobiernos en la investigación.
Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, alertó recientemente que el asesinato podría quedar en la impunidad al asegurar que hay un intento por bajar el interés y la atención del caso.
Jaime López, representante de la red Probidad, afirmó que es preocupante la apatía mostrada por las autoridades salvadoreñas en el esclarecimiento del crimen al plantear que a Guatemala le corresponde resolverlo.
Por ello, exigió la apertura de la pesquisa completa en el país y buscar además, datos sobre las actividades de las víctimas y las relaciones que manejaban.
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