sábado, marzo 03, 2007

Guatemala: el retorno al pasado

Carmen Esquivel

Guatemala, 2 mar (PL) La crisis institucional derivada de la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad de Guatemala amenaza hoy con hacer retroceder al país a los años más difíciles del conflicto armado interno.

Insistentes denuncias sobre la existencia de poderes ocultos enquistados en instituciones públicas se pusieron en evidencia tras el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer, y la posterior ejecución de policías vinculados al crimen.


El escándalo hizo recordar a la sociedad guatemalteca el período del enfrentamiento armado (1960-1996), cuando la población estaba indefensa ante el accionar de los escuadrones de la muerte.

"Creemos que el problema de seguridad ya rebasó el vaso. Si bien es el ejecutivo el máximo responsable, tenemos que colaborar todos para frenar esta ola de sangre o regresaremos a los años 80", dijo a Prensa Latina el precandidato presidencial Alvaro Colom.

La guerra de 36 años terminó con la firma de los acuerdos de paz, los cuales establecieron una serie de obligaciones al Estado, entre ellos la profesionalización de los órganos de seguridad, recordó la diputada Alba Estela Maldonado.

Sin embargo -dijo la también conocida como comandante Lola- después de un primer arranque, el país ha ido hacia atrás y se ha dejado en la Policía Nacional Civil (PNC) a agentes corruptos y a militares con un pasado represivo.

Para muchos guatemaltecos, la saña con la que fueron asesinados e incinerados los diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la posterior eliminación de los presuntos autores del hecho, no difieren mucho de los métodos aplicados durante la guerra.

Un editorial publicado por el diario Prensa Libre afirma que por sus repercusiones de desprestigio internacional, este caso se puede comparar con la quema de la embajada de España en 1980, donde murieron campesinos, diplomáticos y dirigentes populares.

Sin embargo, las ejecuciones de los diputados y sus presuntos victimarios no son hechos aislados en Guatemala, donde en los últimos dos años fueron asesinadas más de 10 mil personas, sin que en la mayoría de los casos se castigue a los culpables.

Informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos señalan que el promedio de 16 crímenes por día es superior al registrado durante los años de la guerra.

Al mismo tiempo crecieron las agresiones contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas, dirigentes comunitarios y periodistas.

Las recientes amenazas de muerte contra reporteros por la cobertura del asesinato de los diputados del PARLACEN también hicieron revivir aquí los peores tiempos del conflicto armado.

Si la participación del Estado guatemalteco en las graves violaciones de los derechos humanos durante el pasado provocó su aislamiento internacional, hoy los costos políticos por la violencia no son menores que entonces.

La imagen nacional se ha visto severamente afectada tras las evidencias de la penetración del crimen organizado en la PNC y las insistentes denuncias sobre la presencia en el país de los temibles grupos de exterminio.

Los últimos acontecimientos llevaron a los miembros del Parlamento Centroamericano a discutir la posibilidad de cambiar la sede del foro subregional, ante la falta de garantías para sus integrantes.

"Sería un duro golpe político para el gobierno perder la sede del PARLACEN que costó mucho que se quedara aquí", aseguró Alvaro Colom, secretario general de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Por su parte, el jefe de la Secretaría de Integración Centroamericana, Haroldo Rodas, consideró que estos sucesos representan un mal mensaje para el mundo, los inversionistas y las oportunidades de mejorar la economía en el istmo.

El propio presidente guatemalteco, Oscar Berger, reconoció ante el cuerpo diplomático acreditado aquí que el país atraviesa momentos difíciles porque la seguridad se ha visto amenazada más allá del control del Estado.

La comunidad internacional condenó los hechos y el representante del Vaticano en Guatemala, monseñor Bruno Musaró, instó al gobierno a "dar luz" sobre los múltiples crímenes que afectan a los guatemaltecos, a los salvadoreños y a todo el mundo.

Ante el riesgo de volver al pasado por la acción de organizaciones criminales y la incapacidad del gobierno para hacerles frente, la sociedad guatemalteca busca opciones que garanticen la seguridad y tranquilidad de toda la población.

Una de ellas es una decidida acción ciudadana que aglutine a todos los sectores, en un esfuerzo por frenar la criminalidad fortalecida por un ambiente de corrupción e impunidad generalizadas.

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