El miembro del BPJ, Edward Francisco Contreras, va a cumplir un mes de desaparecido, sin que a la fecha se tenga algún indicio de su paradero.Redacción Diario Co Latino
En varios postes del tendido eléctrico y paredes exteriores de edificios y casas de las principales calles de San Salvador está pegado un pequeño afiche que dice: “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”.
Dichas palabras forman la consigna que el Bloque Popular Juvenil (BPJ) utiliza para exigir la pronta aparición de Edward Francisco Contreras Bonifacio, quien es víctima de una “desaparición forzada” desde el pasado siete de febrero.
Según el BPJ, el responsable de dicho crimen podría ser el crimen organizado que, con la ayuda de la policía del departamento de La Libertad, han borrado el rastro de su paradero por casi un mes.
La versión que maneja la organización social conforme al modo del rapto es la siguiente: “La última vez que se vio a Edward fue en la salida de su centro de estudios en la ciudad de Santa Tecla. Se nos informó por parte de la delegación policial de Ateos, La Libertad, que a la altura del desvío a Santa Ana, sobre la carretera que conduce de Santa Tecla a Lourdes, Colón, fue interceptado un autobús, capturando en ese momento a Edward; la captura fue efectuada, supuestamente, por agentes de la División de Investigación de Homicidios (DIHO)”.
El BPJ asegura que ha realizado todas las gestiones para confirmar esta versión de la delegación de Ateos con la delegación de Colón; sin embargo, ambas delegaciones policiales niegan tener información al respecto. Aunque en un principio la policía de Ateos les dio la información plasmada en el párrafo anterior.
Uno de los miembros de esta organización social que lleva a cabo la búsqueda de Edward y que pidió el anonimato, aseguró a Diario Co Latino que este crimen tiene motivaciones políticas y que no cabe duda que dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) exista gente pagada por el crimen organizado.
“Nosotros (el BPJ) manejamos dos hipótesis de la desaparición. La primera es que este es el resultado de una persecución política; y la segunda, es que lo quieren eliminar porque fue testigo de un secuestro hace tres años, en el sector de Zaragoza, La Libertad”, afirma el miembro.
Este denunciante anónimo no titubea al afirmar que estos secuestradores son grupos de exterminio o de ejecución sumaria que tienen vínculos muy cercanos con la policía.
“Creemos que escuadrones de la muerte están involucrados con la desaparición de nuestro compañero”, sostiene.
“Aquí hay sicarios pagados por la derecha y también hay gente involucrada de la policía en este crimen; y nosotros lo decimos abiertamente y si al final eso nos va a costar también a nosotros la vida… estamos claros que eso va a pasar”, asegura el miembro del BPJ.
Acciones tomadas por el BPJ
Cuatro días después del rapto de Edward, el BPJ se dirigió a la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a Tutela Legal del Arzobispado para que tomarán cartas en el asunto. No obstante, la organización social manifiesta que es la policía, a través de la DIC, que debe ser la responsable directa de llevar el caso.
Francisco Antonio Contreras, padre de Edward, asegura que su vástago sigue con vida, ya que diariamente revisa los expedientes de defunción de Medicina Legal de San Salvador, y que hasta el momento, no hay ningún cadáver registrado con el nombre de su hijo. Asimismo, visita las morgues de los departamentos de La Libertad, Sonsonate y Santa Ana, pero en ninguna de ellas registran el nombre de su hijo.
Contreras presiente que los secuestradores están maltratando física y psicológicamente a su hijo, lo que deduce por llamadas telefónicas que él hizo al celular de Edward, la semana pasada, y en las cuales se escuchaba que la llamada entraba pero no había respuesta. Ahora sólo escucha la contestadora. Aunque no ha recibido ningún tipo de amenaza, Contreras cambia constantemente de domicilio debido a que teme por su vida y la del resto de su familia.
El BPJ hizo un llamado a la PNC para que agilice la investigación de este hecho y que al mismo tiempo realice un proceso de depuración. “Porque ya no es posible que este tipo de actos se le atribuyan sólo a las pandillas, porque se sabe perfectamente que el crimen organizado también está involucrado en este tipo de hechos”, afirma un miembro del BPJ que evitó identificarse.
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