San Salvador, 9 ago (PL) El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) responsabilizó hoy al gobierno del alarmante índice de homicidios en El Salvador, el cual pasó de 10 a 12 por día en julio último.
En este contexto, acusó a las autoridades nacionales de perder el control de la seguridad ciudadana y propuso concertar una política criminal preventiva.
Según las estadísticas, el mes pasado fueron asesinadas 357 personas y los departamentos de mayor incidencia resultaron ser San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
El último balance del Instituto de Medicina Legal indica que entre enero y junio hubo mil 873 homicidios, superando los mil 742 cometidos en el mismo período de 2005.
Por su parte, la Universidad Centroamericana (UCA), al analizar el problema de la violencia, llamó la atención sobre la facilidad que tiene un ciudadano de este país para portar armas de fuego.
Asimismo, cuestionó una reciente enmienda legal, que redujo la edad de 21 a 18 años para obtener el permiso.
Para el portavoz del FMLN, Sigfrido Reyes, las cifras no hacen más que revelar la incompetencia del gabinete gubernamental de seguridad.
Remarcó que la administración del presidente Antonio Saca "está impotente y desconcertada ante el fenómeno de la violencia, pero se aferra a seguir usando el mismo método represivo y punitivo".
Tales declaraciones aluden a las políticas implementadas para combatir las pandillas o maras, que mantienen en vilo a los habitantes de decenas de poblaciones.
Para salir al paso de la delincuencia, las autoridades salvadoreñas preparan, a un costo de 2,5 millones de dólares, la aplicación de una ley de testigos, aprobada en marzo por el Congreso.
En fecha reciente, la Magistrada de la Cámara de Menores, Doris Luz Rivas, alertó que mientras "todos los actores sociales del Estado no interioricen la problemática de estos niños y jóvenes, y no se involucren de forma directa a su rescate, difícilmente se podrá resolver la violencia y delincuencia".
Aludió a las reformas a la Ley Penal Juvenil, que -según su análisis- indica mayor represión y menos trabajo para prevenir que la niñez y juventud en riesgo, en el país, cometan su primer delito.
El Salvador es la nación más violenta de América Latina, con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media regional.
En este contexto, acusó a las autoridades nacionales de perder el control de la seguridad ciudadana y propuso concertar una política criminal preventiva.
Según las estadísticas, el mes pasado fueron asesinadas 357 personas y los departamentos de mayor incidencia resultaron ser San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
El último balance del Instituto de Medicina Legal indica que entre enero y junio hubo mil 873 homicidios, superando los mil 742 cometidos en el mismo período de 2005.
Por su parte, la Universidad Centroamericana (UCA), al analizar el problema de la violencia, llamó la atención sobre la facilidad que tiene un ciudadano de este país para portar armas de fuego.
Asimismo, cuestionó una reciente enmienda legal, que redujo la edad de 21 a 18 años para obtener el permiso.
Para el portavoz del FMLN, Sigfrido Reyes, las cifras no hacen más que revelar la incompetencia del gabinete gubernamental de seguridad.
Remarcó que la administración del presidente Antonio Saca "está impotente y desconcertada ante el fenómeno de la violencia, pero se aferra a seguir usando el mismo método represivo y punitivo".
Tales declaraciones aluden a las políticas implementadas para combatir las pandillas o maras, que mantienen en vilo a los habitantes de decenas de poblaciones.
Para salir al paso de la delincuencia, las autoridades salvadoreñas preparan, a un costo de 2,5 millones de dólares, la aplicación de una ley de testigos, aprobada en marzo por el Congreso.
En fecha reciente, la Magistrada de la Cámara de Menores, Doris Luz Rivas, alertó que mientras "todos los actores sociales del Estado no interioricen la problemática de estos niños y jóvenes, y no se involucren de forma directa a su rescate, difícilmente se podrá resolver la violencia y delincuencia".
Aludió a las reformas a la Ley Penal Juvenil, que -según su análisis- indica mayor represión y menos trabajo para prevenir que la niñez y juventud en riesgo, en el país, cometan su primer delito.
El Salvador es la nación más violenta de América Latina, con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media regional.
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