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La crisis de las finanzas públicas y de la economía del país, forzó al gobierno a aceptar la “recomendación” principalmente del banco Mundial y Fondo Monetario Internacional de eliminar el subsidio a los buseros y aceptar el aumento a la tarifa, con los riesgos políticos inherentes a esa doble decisión, principalmente por tener que enfrentar protestas sociales variadas.
El Aumento a la tarifa del transporte público de pasajeros en junio, como respuesta a la eliminación del subsidio fue un vaivén de la política social del gobierno, pues hasta mayo había sostenido, de manera tajante, que no “permitiría tal aumento”.
¿Ayudaba esa decisión a atenuar significativamente la crisis de las finanzas gubernamentales? En realidad no porque el subsidio a los buseros apenas implicaba un gasto gubernamental de unos 25 millones de dólares. Lo importante de tal decisión descansaba en el hecho de aunque un monto reducido pero el gobierno no disponía de recursos propios para cubrir ese compromiso (ver cuadro más arriba al respecto).
La decisión de eliminar el subsidio se enfrentaría a tres tipos de riesgos: uno, el enfrentamiento de estire y encoje por la nueva tarifa con los empresarios de buses; otra, con las protestas populares y sociales por el aumento de la tarifa y la tercera, romper o mantener la alianza de los buseros con partidos políticos de oposición, principalmente con el FMLN.
Por un lado, sin subsidio los empresarios terminaron imponiendo, al finalizar el mes de junio, la nueva tarifa de 0.30 dólares para los buses urbanos, según confirmaron fuentes del sector y de Obras Públicas. Al eliminarse el subsidio, los buseros sólo podían compensarlo aumentando la tarifa como efectivamente ocurrió.
De otro lado, la decisión gubernamental logró, en buena medida, romper el entendimiento alcanzado hace más de un año entre buseros y FMLN, en particular, ya que la posición de éste fue la de oponerse a la eliminación del subsidio y al aumento de la tarifa a la gente.
El gobierno se preparó para enfrentar las protestas sociales y populares en contra del aumento tarifario.
Aquí cerca, en Guatemala, aumentos a las tarifas del transporte público habían sido motivo de espontáneas protestas populares y, más lejos y en África, en febrero de 1974, aumentos en los precios de gasolina habían sido chispa de una revolución igualmente espontánea(9).
El aumento de la tarifa motivó la organización de una manifestación de protesta con estudiantes de instituciones de bachillerato y secundaria, que marcharon desde el INFRAMEN, custodiados por los policías de la UMO (o antimotines) hasta el Teatro de Cámara) y realizaron una entrevista a la entrada de la Universidad Nacional, donde los esperaban con un operativo policial y militar, en contra de “agitadores sociales” y terroristas” que respondían a instrucciones del FMLN de los “desordenes y asesinatos de dos policías de la UMO”.
En el operativo la PNC utilizó, bajo su coordinación y con ventaja absoluta, con conocimiento y premeditación, las siguientes unidades operativas desplegadas tácticamente y la logística de que dispone: unidad de seguridad publica, el grupo de reacción policial, GRP; la unidad de mantenimiento del orden, UMO; la unidad de transito; el grupo aéreo policial, que encargó de ataques desde el aire hiriendo a un funcionario de la Universidad nacional; la unidad especial de francotiradores y la unidad de comunicaciones.
Se trató de una operación policial por encima de los requerimientos para la seguridad pública del país, en la que intervinieron todas esas unidades operativas de la PNC y, sin embargo, no pudieron capturar al responsable del asesinato de los miembros de la UMO, pese a tenerlo ante sus ojos.
Se llegó a afirmar, por eso, que los responsables de los asesinatos de los dos miembros de la UMO, fue responsabilidad de la unidad de francotiradores y no del “revoltoso”, noticia con la cual se acaparó las páginas de los medios escritos de prensa y televisión, que igual que los miembros de las unidades del operativo policial y militar también esperaban a los manifestantes en el lugar de los hechos, presentando una secuencia de actos de violencia, técnicamente preparados como hechos criminales para responsabilizar de autoría criminal a aquellos que previamente habían sido identificados, localizados y condenados como “agitadores sociales”, acusados de desordenes públicos, terroristas , asociaciones ilícitas y portadores de armas de fuego, todos por su militancia política o simpatía con el partido FMLN.
El presidente Saca se adelantó a los acontecimientos diciendo que de haber ganado las elecciones presidenciales el FMLN ese era el tipo de situación que hubiera vivido el país, como dirigiéndose a cierto corriente de empresario que también se inclinan por un cambio, o la frase propagandística de que el FML había “violado los Acuerdos de Paz”, cuando cada año han cerrado oídos a los reclamos y denuncias por el incumplimiento de parte del gobierno de de varios acuerdos políticos de Chapultepec y por lo cual no ha sido posible dar por cerrados los Acuerdos de Paz ni finalizada la misión de verificación de los mismos de parte de la ONU. O las afirmaciones del Ministro de Gobernación, René Figueroa, que pediría la ilegalización del FMLN y en privado rechazada semejante bobería política.
Aunque haya quienes relacionaron los acontecimientos del 5 de julio con la idea de colocar al FMLN en una posición de debilidad tal como para otorgarle al gobierno los votos para la aprobación de bonos para el financiamiento del déficit del presupuesto de 2007(10), en realidad las acusaciones contra el FMLN como responsable de los hechos de violencia promovidos por el gobierno mismo y las fuerzas de derecha y sus medios de prensa, eran la “chonga”, digámoslo de esta manera, a una cadena de falsas acusaciones, de pura propaganda, desde el uno de junio utilizadas para esconder publicitariamente las decisiones tomadas obligadamente acerca de los problemas sociales y económicas que más afectan a la gente(11).
La situación es más complicada que antes de junio. El paquete de medidas antipopulares del gobierno, como eliminación del subsidio fiscal al transporte público y aumento a la tarifa del mismo, aumento a la tarifa de consumo de energía eléctrica, eliminación de subsidio al servicio del agua potable y aumento a la tarifa, así como amenaza de aumento de impuestos como el IVA o la aplicación de nuevos impuestos para atenuar la crisis fiscal, o echar mano de los ahorros de la gente que cotiza a las AFPs para financiar el déficit presupuestario, o la implementación a futuro de proyectos energéticos o mediatos de infraestructura, o inmediatos como la explotación de minas a extranjeros, motiva a la población a pronunciarse más y más en su contra, de protesta, de rechazo, denuncia y demandas.
También el empeoramiento acumulado de la situación económica y social, como el aumento de precios generado por el “paquetazo” gubernamental, el atraso en la decisión por el aumento en el salario mínimo que tenía que acordarse en junio, como lo establece la ley, o por el aumento de la gasolina y en general por los efectos de la dolarización, pone en manos de la gente motivaciones de protesta. Las enfermedades comunes se transforman fácilmente en epidemias, y como ocurre en el país de manera recurrente, niñas y niños mueren de diarrea, de dengue y otras enfermedades porque en los hospitales públicos no disponen de medicamentos ni materiales para la atención a la población.
Las protestas sociales quieren detenerlas, de un lado, con el miedo que le quieren inyectar ala población con los asesinatos diarios especiales, en parejas, al estilo de los escuadrones de la muerte del pasado, con nuevo estilo, y la aprobación de una Ley Antiterrorista que permite calificar todo acto o actividad de protesta social como de carácter terrorista y en consecuencia delincuencial. Se trata de una situación peligrosa en ascenso, acompañada de amenazas a políticos y personas opuestas al gobierno, como una presión para que los luchadores o quienes protestan contra el gobierno lo hagan fuera de la ley, clandestinamente, porque es el terreno que más le conviene a la derecha para enfrentar a las fuerzas sociales de lucha contra el neoliberalismo.
Pero la mezquindad de un sector de la burguesía neoliberal desborda los límites. No ratifica los convenios 87 y 98 de la OIT, por no garantizar la libre sindicalización de los trabajadores, aunque ello sea al costo de perder los beneficios del Sistema General Arancelario Plus de la Unión Europea y el cierre de empresas, como la atunera Calvo, que arroja al desempleo a centenares de trabajadores.
El clima de incertidumbre que se acelera en el país preocupa a ciertos sectores de la burguesía, que en privado muestran su insatisfacción de cómo el gobierno conduce al país, aunque también desean que la población no salga a las calles a protestar por la inestabilidad o condiciones negativas que ello representa para la estabilidad para las inversiones empresariales.
Ahora se reconoce que en el país existen dos fuerzas políticas y que la derecha neoliberal no debe empecinarse en buscar la desaparición del FMLN, para supuestamente allanar el camino para sus únicas decisiones respecto al rumbo del país, aunque la gente perciba la necesidad de cambio o al menos modificación de camino hasta ahora impuesto por los sucesivos gobiernos neoliberales.
Julio 7, 2006
Notas:
9- “Un 13 de febrero de 1974, un donnadie empezó a gritar en contra del aumento del precio de combustible…Pronto fueron los protestantes, generándose tan fácil como inesperadamente una manifestación. Decenas, cientos, miles, marchando con una consigna: ¡Abajo el aumento de la gasolina! Al llegar a la entrada de la Universidad, la manifestación se vio engrosada por dos contingentes de signos opuestos. Primero, los estudiantes. Después, los policías colocados previamente en los alrededores, …”; Raúl Valdés Vivó, “Etiopía la revolución desconocida”; primera edición 1977; pág. 6
10- El gobierno trató, hasta esta fecha, la “compra” de voluntades dentro del FMLN, para obtener los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para la aprobación de la ley de emisión de bonos necesarios para el financiamiento del déficit del presupuesto, tal como lo logró en enero de 2005 para los presupuestos de 2005 y 2006.
11- He aquí un resumen de los ataques del gobierno y ARENA, a través de los medios de prensa, contra el FMLN, semanalmente, para mantener ocupada la cabeza de la gente de esta manera y desviarla de los problemas que la afectan: el dedo obsceno de un diputado del FMLN el día de instalación de la Asamblea Legislativa; salarios altos de asesores del FMLN; problemas de basura de la alcaldía de la capital; distanciamiento de alcaldes con la Dirección del FMLN por su exclusión de directiva de COMURES; diferencias entre dirección del FMLN y sus bases por la reforma de los Estatutos; FMLN dividido por el asunto del préstamo del BID a la Universidad nacional; hechos de violencia del 5 de julio atribuidos al FMLN; etcétera.
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