San Salvador, 14 ago (PL) El gobierno salvadoreño está hoy presionado porque, a sólo 39 días de la entrada en vigor de la ley de protección a testigos, falta el presupuesto para cubrir su costo y la violencia continúa en ascenso.
Señalan medios periodísticos locales que el Ministerio de Hacienda aún no define de dónde sacará 2,5 millones de dólares para aplicar la legislación y cubrir los primeros tres meses de funcionamiento del programa.
Mauricio Rodríguez, quien fue nombrado el 28 de julio último como su director, enfatizó: "No tenemos nada. Ni las casas para la seguridad, ni los convenios, ni el dinero".
Al ser interrogado al respecto, el presidente Antonio Saca declaró que el ministro William Hándal tenía que revisar sus cuentas. "De algún lado va a salir", acotó.
Observadores afirman que el panorama no se ve muy bien, y el tiempo fatal para la entrada en vigor de la ley se acerca, "aunque será más tarde de lo esperado por los diputados que aprobaron la normativa", pronostican.
La administración de Saca sólo tiene hasta el 21 de septiembre para encontrar el presupuesto y arreglar la logística, por ejemplo firmar convenios de intercambio de protección de ciudadanos con Guatemala y Honduras.
En este contexto, la violencia crece, con un promedio diario de 12 homicidios, situación que impulsó a organismos humanitarios y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a acusar al gobierno de perder el control de la seguridad ciudadana.
La mayoría de los salvadoreños testigos de hechos violentos se abstiene de denunciarlos por temor a ser asesinados, alertó este lunes el arzobispo de la capital, Fernando Sáenz.
Añadió que la represión no eliminará el flagelo social que son las maras o pandillas, señaladas como responsables de los altos índices de violencia y por su presunta relación con el crimen organizado.
El Salvador es la nación más violenta de América Latina, con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media regional.
Señalan medios periodísticos locales que el Ministerio de Hacienda aún no define de dónde sacará 2,5 millones de dólares para aplicar la legislación y cubrir los primeros tres meses de funcionamiento del programa.
Mauricio Rodríguez, quien fue nombrado el 28 de julio último como su director, enfatizó: "No tenemos nada. Ni las casas para la seguridad, ni los convenios, ni el dinero".
Al ser interrogado al respecto, el presidente Antonio Saca declaró que el ministro William Hándal tenía que revisar sus cuentas. "De algún lado va a salir", acotó.
Observadores afirman que el panorama no se ve muy bien, y el tiempo fatal para la entrada en vigor de la ley se acerca, "aunque será más tarde de lo esperado por los diputados que aprobaron la normativa", pronostican.
La administración de Saca sólo tiene hasta el 21 de septiembre para encontrar el presupuesto y arreglar la logística, por ejemplo firmar convenios de intercambio de protección de ciudadanos con Guatemala y Honduras.
En este contexto, la violencia crece, con un promedio diario de 12 homicidios, situación que impulsó a organismos humanitarios y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a acusar al gobierno de perder el control de la seguridad ciudadana.
La mayoría de los salvadoreños testigos de hechos violentos se abstiene de denunciarlos por temor a ser asesinados, alertó este lunes el arzobispo de la capital, Fernando Sáenz.
Añadió que la represión no eliminará el flagelo social que son las maras o pandillas, señaladas como responsables de los altos índices de violencia y por su presunta relación con el crimen organizado.
El Salvador es la nación más violenta de América Latina, con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media regional.
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