San Salvador, 22 ago (PL) Legisladores salvadoreños discutieron hoy sobre la aplicación de un régimen de excepción para combatir la delincuencia en el país, iniciativa vista con recelo por algunos sectores que ya alertaron sobre sus consecuencias negativas.
La propuesta de los diputados del Partido Conciliación Nacional es más radical que la de los demócrata-cristianos, mientras que el grupo oficialista Alianza Republicana Nacionalista aprueba las dos.
Por su parte, los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la Asamblea se opusieron a las propuestas de los parlamentarios derechistas.
La implantación de un régimen de excepción, como lo establece el artículo 29 de la Constitución, significaría la imposición de restricciones a los derechos de la ciudadanía, alegaron.
De acuerdo con las declaraciones de los efemelenistas, el pueblo podría ver afectadas sus libertades de asociación, expresión e intimidad (violación de la correspondencia e intervención telefónica).
Destacaron además que las detenciones arbitrarias serán parte de algunos de los efectos, si se aprobara una medida de este tipo.
Ante la postura del FMLN, segunda fuerza política del país, algunos legisladores plantearon que no necesariamente se implantarán las restricciones avaladas en la Carta Magna.
Sin embargo, el ex magistrado constitucionalista de la Corte Suprema de Justicia Mario Solano manifestó ayer que cualquier figura de régimen de excepción, nacional o por zona, incluye de manera obligatoria la supresión de algunos de los derechos constitucionales establecidos en la normativa.
"El Ejecutivo no puede decretarlo", insistió.
La semana pasada, el Presidente, Antonio Saca, prometió analizar el proyecto y respaldarlo.
Según estadísticas oficiales, en El Salvador mueren asesinadas 10 personas como promedio cada día, cifra que se incrementa en épocas festivas.
Durante 2005, esta nación superó en homicidios (54,7 por cada 100 mil habitantes) a Colombia y Honduras, países que antes eran los primeros en las listas.
Esa cantidad (tres mil 761) es la más alta a que ha llegado El Salvador en los últimos siete años.
La suma de asesinatos en ese período equivale al 29 por ciento de las muertes ocurridas durante el conflicto armado entre 1981 y 1992.
La propuesta de los diputados del Partido Conciliación Nacional es más radical que la de los demócrata-cristianos, mientras que el grupo oficialista Alianza Republicana Nacionalista aprueba las dos.
Por su parte, los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la Asamblea se opusieron a las propuestas de los parlamentarios derechistas.
La implantación de un régimen de excepción, como lo establece el artículo 29 de la Constitución, significaría la imposición de restricciones a los derechos de la ciudadanía, alegaron.
De acuerdo con las declaraciones de los efemelenistas, el pueblo podría ver afectadas sus libertades de asociación, expresión e intimidad (violación de la correspondencia e intervención telefónica).
Destacaron además que las detenciones arbitrarias serán parte de algunos de los efectos, si se aprobara una medida de este tipo.
Ante la postura del FMLN, segunda fuerza política del país, algunos legisladores plantearon que no necesariamente se implantarán las restricciones avaladas en la Carta Magna.
Sin embargo, el ex magistrado constitucionalista de la Corte Suprema de Justicia Mario Solano manifestó ayer que cualquier figura de régimen de excepción, nacional o por zona, incluye de manera obligatoria la supresión de algunos de los derechos constitucionales establecidos en la normativa.
"El Ejecutivo no puede decretarlo", insistió.
La semana pasada, el Presidente, Antonio Saca, prometió analizar el proyecto y respaldarlo.
Según estadísticas oficiales, en El Salvador mueren asesinadas 10 personas como promedio cada día, cifra que se incrementa en épocas festivas.
Durante 2005, esta nación superó en homicidios (54,7 por cada 100 mil habitantes) a Colombia y Honduras, países que antes eran los primeros en las listas.
Esa cantidad (tres mil 761) es la más alta a que ha llegado El Salvador en los últimos siete años.
La suma de asesinatos en ese período equivale al 29 por ciento de las muertes ocurridas durante el conflicto armado entre 1981 y 1992.
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