Por Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El salario es la parte que un trabajador o trabajadora recibe como remuneración por el trabajo realizado para crear riqueza; quien organiza la producción de bienes y servicios y el Estado a través de instituciones definen la manera de realizar ese reparto; de allí la importancia de que los gobiernos, las personas que toman decisiones respondan a conceptos que procuren que la riqueza generada en un país sirva al bienestar de toda la población y garantice el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de las mayorías.
Cuando las decisiones de los dueños de tos medios de producción carecen de sentido de derecho, cuando más bien piensan y actúan egoístamente en su propio beneficio y cuando los gobiernos se parcializan hacia esa manera de actuar se crean los desequilibrios generadores de pobreza, de necesidades insatisfechas de las mayorías, se limita el desarrollo de las naciones y la desigualdad impera. Sociedades que progresan más, tienen en común Estados e instituciones fuertes y respetables, empresarios y trabajadores que pagan impuestos de manera equitativa, políticas económicas incluyentes; desgraciadamente nuestro país está bastante alejado de ser uno de ellos.
Las políticas económicas son decisiones de gobierno para favorecer temporalmente a uno o más sectores que participan en esa creación de riqueza y de ellas depende que un sector o grupo humano se fortalezca, se mantenga o sea castigado y hasta sacado del juego y usualmente las diferentes épocas del desarrollo económico cambian los roles de sectores, por eso las acciones de gobierno deben procurar que existan menos heridos, menos inválidos y muertos en la dinámica económica y más bien garantizar, con su capacidad de prever, las oportunidades para las mayorías; de esto se habla en los gobiernos de Arena pero es lo que menos existe.
El salario mínimo, lo que el Estado establece como el monto menor a percibir por una persona que trabaja, obliga a los empleadores, y coloca la grada más baja en la escala salarial, siendo como somos un país pobre también debiera regularse el salario más alto a percibir en el sector público, pues quienes laboramos allí percibimos nuestra remuneración de los tributos públicos.
Nuestra Constitución establece para el salario mínimo que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades vitales y llevar una vida digna; por eso las políticas de educación, salud, vivienda, transporte, servicios públicos básicos como energía, agua, telefonía si ayudan a los segmentos que perciben remuneraciones salariales más bajas contribuyen a la economía y ayudan a que la capacidad adquisitiva del salario sea mayor.
Sí por el contrario la educación, la salud, la vivienda, el transporte, la energía, el agua requieren cada vez más de esfuerzo individual, si hay menos vigilancia y aporte estatal en ellos, la tendencia será siempre a que el salario mínimo, ni otros niveles de la escala salarial serán suficientes para garantizar lo básico y la vida digna de la población trabajadora; menos aún del segmento de la población excluido de oportunidades de empleo y sin capacidad de emprendimientos económicos propios.
Sin un análisis de fondo del entorno del trabajador y de la trabajadora, de la familia salvadoreña; sin que los gobiernos creen esas condiciones básicas de seguridad social, ningún salario medio, y menos el mínimo producen bienestar; ni siquiera aquella que deviene de conceptos nacionalistas que teóricamente pregonan acuerdos nacionales que convengan a todos aunque no cambien la jerarquía y las diferencias reales existentes.
Si la manera de adquirir los frijoles, las tortillas, el agua, el pasaje, la luz, los cuadernos, los medicamentos están afectados por políticas que aplican IVA en vez de precios preferenciales como los que daba el Instituto Regulador de Abastecimiento, O la ANDA sin robos, ni las distribuidoras de energía y el transporte privatizado, el salario mínimo tendría que ser alto y los problemas de pobreza ni así se resolverán porque las necesidades quedarán siempre insatisfechas.
Necesitamos como país algo más que un aumento de salario mínimo, necesitamos servicios públicos/y desgravación de productos esenciales, necesitamos políticas económicas que soporten las carencias de una sociedad plagada de desigualdades y privilegios excesivos, necesitamos gobernantes que estén con y por las mayorías y dejen de usar el Estado como recurso de aumentar sus ya indecorosas ganancias.
El salario es la parte que un trabajador o trabajadora recibe como remuneración por el trabajo realizado para crear riqueza; quien organiza la producción de bienes y servicios y el Estado a través de instituciones definen la manera de realizar ese reparto; de allí la importancia de que los gobiernos, las personas que toman decisiones respondan a conceptos que procuren que la riqueza generada en un país sirva al bienestar de toda la población y garantice el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de las mayorías.
Cuando las decisiones de los dueños de tos medios de producción carecen de sentido de derecho, cuando más bien piensan y actúan egoístamente en su propio beneficio y cuando los gobiernos se parcializan hacia esa manera de actuar se crean los desequilibrios generadores de pobreza, de necesidades insatisfechas de las mayorías, se limita el desarrollo de las naciones y la desigualdad impera. Sociedades que progresan más, tienen en común Estados e instituciones fuertes y respetables, empresarios y trabajadores que pagan impuestos de manera equitativa, políticas económicas incluyentes; desgraciadamente nuestro país está bastante alejado de ser uno de ellos.
Las políticas económicas son decisiones de gobierno para favorecer temporalmente a uno o más sectores que participan en esa creación de riqueza y de ellas depende que un sector o grupo humano se fortalezca, se mantenga o sea castigado y hasta sacado del juego y usualmente las diferentes épocas del desarrollo económico cambian los roles de sectores, por eso las acciones de gobierno deben procurar que existan menos heridos, menos inválidos y muertos en la dinámica económica y más bien garantizar, con su capacidad de prever, las oportunidades para las mayorías; de esto se habla en los gobiernos de Arena pero es lo que menos existe.
El salario mínimo, lo que el Estado establece como el monto menor a percibir por una persona que trabaja, obliga a los empleadores, y coloca la grada más baja en la escala salarial, siendo como somos un país pobre también debiera regularse el salario más alto a percibir en el sector público, pues quienes laboramos allí percibimos nuestra remuneración de los tributos públicos.
Nuestra Constitución establece para el salario mínimo que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades vitales y llevar una vida digna; por eso las políticas de educación, salud, vivienda, transporte, servicios públicos básicos como energía, agua, telefonía si ayudan a los segmentos que perciben remuneraciones salariales más bajas contribuyen a la economía y ayudan a que la capacidad adquisitiva del salario sea mayor.
Sí por el contrario la educación, la salud, la vivienda, el transporte, la energía, el agua requieren cada vez más de esfuerzo individual, si hay menos vigilancia y aporte estatal en ellos, la tendencia será siempre a que el salario mínimo, ni otros niveles de la escala salarial serán suficientes para garantizar lo básico y la vida digna de la población trabajadora; menos aún del segmento de la población excluido de oportunidades de empleo y sin capacidad de emprendimientos económicos propios.
Sin un análisis de fondo del entorno del trabajador y de la trabajadora, de la familia salvadoreña; sin que los gobiernos creen esas condiciones básicas de seguridad social, ningún salario medio, y menos el mínimo producen bienestar; ni siquiera aquella que deviene de conceptos nacionalistas que teóricamente pregonan acuerdos nacionales que convengan a todos aunque no cambien la jerarquía y las diferencias reales existentes.
Si la manera de adquirir los frijoles, las tortillas, el agua, el pasaje, la luz, los cuadernos, los medicamentos están afectados por políticas que aplican IVA en vez de precios preferenciales como los que daba el Instituto Regulador de Abastecimiento, O la ANDA sin robos, ni las distribuidoras de energía y el transporte privatizado, el salario mínimo tendría que ser alto y los problemas de pobreza ni así se resolverán porque las necesidades quedarán siempre insatisfechas.
Necesitamos como país algo más que un aumento de salario mínimo, necesitamos servicios públicos/y desgravación de productos esenciales, necesitamos políticas económicas que soporten las carencias de una sociedad plagada de desigualdades y privilegios excesivos, necesitamos gobernantes que estén con y por las mayorías y dejen de usar el Estado como recurso de aumentar sus ya indecorosas ganancias.
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