Señoras Diputadas, Señores Diputados:
Las y los representantes de las organizaciones sociales que suscribimos, en cumplimiento de la responsabilidad ciudadana de velar por el respeto a la Constitución de la República y con la misión de defenderla, hacer valer sus principios y valores, derechos y obligaciones, tal como lo manda el art. 73 No. 2º, a ustedes expresamos:
Desde hace mucho tiempo, hemos venido pidiendo a la Asamblea Legislativa, a los otros Órganos del Estado y a sus funcionarios, el respeto a la Constitución. No se ha puesto atención a los llamados de la población y a los llamados de las organizaciones sociales. Así hemos visto, para poner los ejemplos más relevantes, como de manera inconsulta y violando los procedimientos legislativos, se han aprobado leyes inconstitucionales, como la Ley de Integración Monetaria, se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y se han establecido, en fraude constitucional, los fideicomisos de pensiones y el de inversión en educación, paz social y seguridad ciudadana.
En materia penal y procesal penal, se han venido deformando los códigos ante la incapacidad gubernamental para combatir la criminalidad, pretendiendo ocultarla bajo la reinstauración del sistema inquisitivo lo que va configurando un sistema cada vez más alejado de los principios democráticos. Es evidente que ante el rechazo nacional e internacional a la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, se ha buscado el camino de reformar otra vez el Código Penal, creando un nuevo delito “Atentados contra la Paz Publica”. Ejercer el núcleo de las libertades constitucionales, puede ser sancionado con penas desde 3 a 5 años, si es agravado con pena de 5 a 7 años y en casos especiales, de 7 hasta 10 años de prisión.
Como bien escribe el periodista Carlos Girón S. a quien nadie puede calificar de comunista, izquierdista o revoltoso “… la cuestión es que aparentemente la gente del gobierno ya cayó en la cuenta que se les fue la mano al precipitarse decretando una ley antiterrorista, como se advierte con la propuesta de reformas al Código Penal presentada en estos días a la Asamblea Legislativa por el Viceministro de Seguridad Pública. Pero aquí también se les está pasando la mano al hablar de penalidades hasta de diez años de prisión a quienes participen en actos que alteren la paz y el orden público.”
Para hacer notable la desproporción, veamos las penas de los delitos contra la corrupción:
Peculado 5 a 10 años,
Peculado por culpa, 10 a 100 días multa,
Concusión 3 a 6 años,
Negociaciones Ilícitas 4 a 8 años,
Exacción 6 meses a 2 años,
Cohecho Propio 3 a 6 años,
Cohecho Impropio 2 a 4 años,
Malversación, 50 a 100 días multa,
Enriquecimiento Ilícito, 3 a 10 años.
No es la primera vez que con leyes inconstitucionales y penas excesivas, se pretende hacer callar las legítimas protestas de la ciudadanía, que lo hace justamente por el agravamiento de la crisis económica y social, por la ausencia de democracia real, por los abusos cometidos por los políticos. Recordamos que hace años, se aprobó la llamada Ley de Defensa del Orden Público, que prohibía las marchas y manifestaciones populares y que el pueblo derrotó, precisamente realizando una multitudinaria e incontenible marcha, que demostró que a las y los salvadoreños, no se les puede detener, en el ejercicio legítimo de su libertad, con estas medidas.
Esto es, lo que desde las organizaciones sociales se propone: El uso irrestricto, por parte de la población, de las libertades constitucionales, a las que tenemos derecho por nuestra calidad de personas; derecho que formalmente nos otorga la Constitución de nuestro país, en cuya aprobación, participaron casi todos los partidos políticos ahora representados en la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos, a cuyos diputados no les queda más, que someterse a la Constitución que ellos mismos aprobaron.
Por lo anterior, PEDIMOS:
Se abstengan de aprobar la reforma al Art. 348 del Código Penal, en atención a las consideraciones siguientes:
1. Se intenta restringir el núcleo de las libertades constitucionales, al criminalizar la libertad de expresión, de reunión, de tránsito; al criminalizar el ejercicio legítimo de libertades constitucionales;
2. Se intenta decretar un Régimen de Excepción permanente, haciendo uso de mecanismos legislativos ilegítimos, en claro fraude constitucional;
3. Porque la propuesta es inconstitucional; deben recordar que es responsabilidad de las y los diputados someterse a los mandatos de la Carta Magna, así lo juraron al momento de tomar posesión de su cargo;
4. Porque la aprobación de normas penales abiertas, se prestan a la arbitrariedad, niegan las garantías del debido proceso y por ende el principio de seguridad jurídica pende del arbitrio de funcionarios que carecen de independencia en el ejercicio de sus cargos.
5. Que la Comisión encargada del estudio de la propuesta de reformas al Código Penal nos llame a las organizaciones sociales para que de forma concensuada la analicemos.
Es importante tomar conciencia, señoras y señores diputados, que una ley penal aprobada, no le garantiza a nadie, que un día, no será sujeto de la misma.
San Salvador, 9 de agosto de 2007.
Asociación Agropecuaria Campesina para el Desarrollo Sostenible.
Asociación de Productores Agrícolas, APA
Asociación de Jueces y Empleados del Órgano Judicial.
Acción por la Salud en El Salvador, APSAL.
Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud.
Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador, ASESUES
Asociación de Comunidades Campesinas Ángel María, ACCAM
Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico, ACAP.
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM.
Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután, COMUS
Asociación Entre Amigos, AEA
Asociación Flor de Piedra.
Asociación de Humanistas de El Salvador, AHES.
Asociación de Comunidades Ambientalistas de El Salvador, ACAES.
Asociación de Mujeres Rurales. AMR
Asociación de Abogados para la Defensa de la Constitución, ADC
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM.
Asociación Nacional de Trabajadores de Obras Públicas.
Asociación Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños, ANEJUS
Asociación Nacional de Pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ANPISSS.
Asociación PROBUSQUEDA de niñas y niños desaparecidos.
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, APROCSAL.
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES.
Asociación Probúsqueda de niños y niñas desaparecidos de El Salvador.
Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM
Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PRO-VIDA
Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Local y la Democracia, FUNDASPAD.
Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida, LAS DIGNAS.
Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES.
Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPYM.
Centro de Acción Silvia Olán, CANASO
Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas de El Salvador, CEIJES.
Centro Cívico Democrático.
Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, CPDH.
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC
El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM
Consejo Coordinado Nacional Indígena Salvadoreño, CCNIS.
Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños, CONAES.
Concertación Feminista Prudencia Ayala, CFPA.
Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social.
Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos
“Marianela García Villas”, CODEFAM.
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. CDHES
Comisión de Mujeres Sindicalistas de El Salvador.
Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador, CEBES
Comunidad de la Cripta de Catedral.
Colectivo UTOPIA.UCA
Coordinadora Ecuménica de la Iglesia de los Pobres, CEIPES
Coordinadora Nacional de Pensiones, CNP.
Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña, CONAMUS.
Comunidad La Cuchilla de Antiguo Cuscatlán.
Centro Cívico Democrático, CCD
Coordinadora Nacional de Afectados por Desastres Naturales, CNADN
Espacio Ecuménico de Iglesias.
Equipo Maíz
Equipo de Servicio de Comunidades de Base.
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES.
Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria, FESACORA
Foro para la Defensa de la Constitución. FDC
Frente Sindical Salvadoreño, FSS.
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Fundación Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER
Fundación “JOSE MARIA MENDEZ”, para la Justicia y la Cultura (EF)
Fundación Maquilishuat, FUMA.
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES.
Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES
Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad, FUNDEMUSA.
Fundación Segundo Montes.
Fundación para la Acción Social y la Democracia.
Grupo Organizado de ex trabajadoras y trabajadores de Hermosa.
Iglesia Bautista Enmanuel de El Salvador, IBE.
Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador
Iglesia Luterana Salvadoreña, ILS
Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES.
Instituto de Investigación y Capacitación de la Mujer, IMU.
Mesa de Mujeres Campesinas.
Mesa Permanente Para La Gestión del Riesgos, MPGR.
Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila.
Movimiento despertar Ciudadano, MDC
Movimiento de Acción Popular Unificado, MAPU
Movimiento Humanista.
Movimiento País Saludable, MPS.
Movimiento Solidario por una Vivienda Digna en El Salvador, MSVD.
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, MAM
Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR-12
Movimiento Unificado Francisco Sánchez, MUFRAS-32.
Organización de Trabajadoras del Sexo, OTS.
Red de Consumidores en Acción Ilopango, RCAI
Red Sinti Techan.
Sínodo Luterano.
Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS, SIMETRISSS.
Sindicato de la Industria Nacional del Azúcar, SINA.
Sindicato General de Empleados de Salud, SIGESAL.
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, TLA.
Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES
Unión Comunal Salvadoreña, UCS
Las y los representantes de las organizaciones sociales que suscribimos, en cumplimiento de la responsabilidad ciudadana de velar por el respeto a la Constitución de la República y con la misión de defenderla, hacer valer sus principios y valores, derechos y obligaciones, tal como lo manda el art. 73 No. 2º, a ustedes expresamos:
Desde hace mucho tiempo, hemos venido pidiendo a la Asamblea Legislativa, a los otros Órganos del Estado y a sus funcionarios, el respeto a la Constitución. No se ha puesto atención a los llamados de la población y a los llamados de las organizaciones sociales. Así hemos visto, para poner los ejemplos más relevantes, como de manera inconsulta y violando los procedimientos legislativos, se han aprobado leyes inconstitucionales, como la Ley de Integración Monetaria, se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y se han establecido, en fraude constitucional, los fideicomisos de pensiones y el de inversión en educación, paz social y seguridad ciudadana.
En materia penal y procesal penal, se han venido deformando los códigos ante la incapacidad gubernamental para combatir la criminalidad, pretendiendo ocultarla bajo la reinstauración del sistema inquisitivo lo que va configurando un sistema cada vez más alejado de los principios democráticos. Es evidente que ante el rechazo nacional e internacional a la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, se ha buscado el camino de reformar otra vez el Código Penal, creando un nuevo delito “Atentados contra la Paz Publica”. Ejercer el núcleo de las libertades constitucionales, puede ser sancionado con penas desde 3 a 5 años, si es agravado con pena de 5 a 7 años y en casos especiales, de 7 hasta 10 años de prisión.
Como bien escribe el periodista Carlos Girón S. a quien nadie puede calificar de comunista, izquierdista o revoltoso “… la cuestión es que aparentemente la gente del gobierno ya cayó en la cuenta que se les fue la mano al precipitarse decretando una ley antiterrorista, como se advierte con la propuesta de reformas al Código Penal presentada en estos días a la Asamblea Legislativa por el Viceministro de Seguridad Pública. Pero aquí también se les está pasando la mano al hablar de penalidades hasta de diez años de prisión a quienes participen en actos que alteren la paz y el orden público.”
Para hacer notable la desproporción, veamos las penas de los delitos contra la corrupción:
Peculado 5 a 10 años,
Peculado por culpa, 10 a 100 días multa,
Concusión 3 a 6 años,
Negociaciones Ilícitas 4 a 8 años,
Exacción 6 meses a 2 años,
Cohecho Propio 3 a 6 años,
Cohecho Impropio 2 a 4 años,
Malversación, 50 a 100 días multa,
Enriquecimiento Ilícito, 3 a 10 años.
No es la primera vez que con leyes inconstitucionales y penas excesivas, se pretende hacer callar las legítimas protestas de la ciudadanía, que lo hace justamente por el agravamiento de la crisis económica y social, por la ausencia de democracia real, por los abusos cometidos por los políticos. Recordamos que hace años, se aprobó la llamada Ley de Defensa del Orden Público, que prohibía las marchas y manifestaciones populares y que el pueblo derrotó, precisamente realizando una multitudinaria e incontenible marcha, que demostró que a las y los salvadoreños, no se les puede detener, en el ejercicio legítimo de su libertad, con estas medidas.
Esto es, lo que desde las organizaciones sociales se propone: El uso irrestricto, por parte de la población, de las libertades constitucionales, a las que tenemos derecho por nuestra calidad de personas; derecho que formalmente nos otorga la Constitución de nuestro país, en cuya aprobación, participaron casi todos los partidos políticos ahora representados en la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos, a cuyos diputados no les queda más, que someterse a la Constitución que ellos mismos aprobaron.
Por lo anterior, PEDIMOS:
Se abstengan de aprobar la reforma al Art. 348 del Código Penal, en atención a las consideraciones siguientes:
1. Se intenta restringir el núcleo de las libertades constitucionales, al criminalizar la libertad de expresión, de reunión, de tránsito; al criminalizar el ejercicio legítimo de libertades constitucionales;
2. Se intenta decretar un Régimen de Excepción permanente, haciendo uso de mecanismos legislativos ilegítimos, en claro fraude constitucional;
3. Porque la propuesta es inconstitucional; deben recordar que es responsabilidad de las y los diputados someterse a los mandatos de la Carta Magna, así lo juraron al momento de tomar posesión de su cargo;
4. Porque la aprobación de normas penales abiertas, se prestan a la arbitrariedad, niegan las garantías del debido proceso y por ende el principio de seguridad jurídica pende del arbitrio de funcionarios que carecen de independencia en el ejercicio de sus cargos.
5. Que la Comisión encargada del estudio de la propuesta de reformas al Código Penal nos llame a las organizaciones sociales para que de forma concensuada la analicemos.
Es importante tomar conciencia, señoras y señores diputados, que una ley penal aprobada, no le garantiza a nadie, que un día, no será sujeto de la misma.
San Salvador, 9 de agosto de 2007.
Asociación Agropecuaria Campesina para el Desarrollo Sostenible.
Asociación de Productores Agrícolas, APA
Asociación de Jueces y Empleados del Órgano Judicial.
Acción por la Salud en El Salvador, APSAL.
Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud.
Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador, ASESUES
Asociación de Comunidades Campesinas Ángel María, ACCAM
Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico, ACAP.
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM.
Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután, COMUS
Asociación Entre Amigos, AEA
Asociación Flor de Piedra.
Asociación de Humanistas de El Salvador, AHES.
Asociación de Comunidades Ambientalistas de El Salvador, ACAES.
Asociación de Mujeres Rurales. AMR
Asociación de Abogados para la Defensa de la Constitución, ADC
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM.
Asociación Nacional de Trabajadores de Obras Públicas.
Asociación Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños, ANEJUS
Asociación Nacional de Pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ANPISSS.
Asociación PROBUSQUEDA de niñas y niños desaparecidos.
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, APROCSAL.
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES.
Asociación Probúsqueda de niños y niñas desaparecidos de El Salvador.
Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM
Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PRO-VIDA
Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Local y la Democracia, FUNDASPAD.
Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida, LAS DIGNAS.
Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES.
Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPYM.
Centro de Acción Silvia Olán, CANASO
Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas de El Salvador, CEIJES.
Centro Cívico Democrático.
Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, CPDH.
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC
El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM
Consejo Coordinado Nacional Indígena Salvadoreño, CCNIS.
Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños, CONAES.
Concertación Feminista Prudencia Ayala, CFPA.
Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social.
Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos
“Marianela García Villas”, CODEFAM.
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. CDHES
Comisión de Mujeres Sindicalistas de El Salvador.
Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador, CEBES
Comunidad de la Cripta de Catedral.
Colectivo UTOPIA.UCA
Coordinadora Ecuménica de la Iglesia de los Pobres, CEIPES
Coordinadora Nacional de Pensiones, CNP.
Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña, CONAMUS.
Comunidad La Cuchilla de Antiguo Cuscatlán.
Centro Cívico Democrático, CCD
Coordinadora Nacional de Afectados por Desastres Naturales, CNADN
Espacio Ecuménico de Iglesias.
Equipo Maíz
Equipo de Servicio de Comunidades de Base.
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES.
Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria, FESACORA
Foro para la Defensa de la Constitución. FDC
Frente Sindical Salvadoreño, FSS.
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Fundación Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER
Fundación “JOSE MARIA MENDEZ”, para la Justicia y la Cultura (EF)
Fundación Maquilishuat, FUMA.
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES.
Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES
Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad, FUNDEMUSA.
Fundación Segundo Montes.
Fundación para la Acción Social y la Democracia.
Grupo Organizado de ex trabajadoras y trabajadores de Hermosa.
Iglesia Bautista Enmanuel de El Salvador, IBE.
Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador
Iglesia Luterana Salvadoreña, ILS
Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES.
Instituto de Investigación y Capacitación de la Mujer, IMU.
Mesa de Mujeres Campesinas.
Mesa Permanente Para La Gestión del Riesgos, MPGR.
Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila.
Movimiento despertar Ciudadano, MDC
Movimiento de Acción Popular Unificado, MAPU
Movimiento Humanista.
Movimiento País Saludable, MPS.
Movimiento Solidario por una Vivienda Digna en El Salvador, MSVD.
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, MAM
Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR-12
Movimiento Unificado Francisco Sánchez, MUFRAS-32.
Organización de Trabajadoras del Sexo, OTS.
Red de Consumidores en Acción Ilopango, RCAI
Red Sinti Techan.
Sínodo Luterano.
Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS, SIMETRISSS.
Sindicato de la Industria Nacional del Azúcar, SINA.
Sindicato General de Empleados de Salud, SIGESAL.
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, TLA.
Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES
Unión Comunal Salvadoreña, UCS
No hay comentarios:
Publicar un comentario