Irma Segunda Amaya y Mirtala López, diputadas del FMLN, y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. Foto: Sonia EscobarGloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
La diputada Irma Amaya, de la comisión legislativa de justicia y derechos humanos del FMLN, expresó el interés de su fracción por el avance y la profundización de las investigaciones que incriminan al cuerpo policial en Crimen Organizado.
Los casos de extorsión, sicariato y tortura que han involucrado a miembros de la Policía, en una estructura paralela, con anuencia de mandos medios y altos, y miembros del sector empresarial, investiga desde la semana anterior la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil.
La diputada Irma Amaya señaló la preocupación de su partido, porque se logre establecer la complicidad y vínculos de los imputados, a fin de rescatar la institución, nacida tras la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
“Esperamos que se avance y que se haga a fondo, no podemos sólo castigar a los hechores, sin que se conozcan también los actores intelectuales, que deben estar ahí todavía”, dijo.
El caso de un grupo de exterminio en Sonsonate, que documentó la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Beatrice de Carrillo; y el de sicariato y extorsión en San Miguel, forma parte de la dirección inadecuada del ente policial, afirmó la parlamentaria.
“La institución se ha politizado, porque su director es un militante del partido oficial, o sea, se dedica a promover campañas de desprestigio contra otros sectores, en lugar de investigar a fondo y profesionalmente los casos”, agregó.
Amaya afirmó que el inspector general Romeo Melara Granillo, de pronta respuesta, aunque admitió, que la lentitud en algunos casos es por falta de recursos humanos y financieros, ya que, sólo cuenta 980 mil dólares de presupuesto y 30 inspectores.
“Como cree que nos sentimos que sea la policía quien investigue a la policía, es dar vuelta en el mismo lugar, y no tienen suficientes recursos para promover una cultura de respeto a los derechos humanos, lo que hace presumir que este gobierno no está interesado en ellos”, acotó.
CDHES Caso El Jagüey
Miguel Montenegro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), se presentó esta mañana para denunciar ante la inspectoría general de la PNC, las constantes atropellos sufridos por miembros de la comunidad Las Mueludas, en el municipio de El Jagüey, La Unión.
Montenegro expresó que esperan una investigación profesional y ética por parte de las autoridades, sobre este tipo de abusos, que pone en peligro la estabilidad social.
“Este día pregunté a un agente en el puesto policial de Quezaltepeque, sobre un fallecido que apareció maniatado en la carretera y me respondió de forma agresiva… no podemos contar con una policía represiva. Como defensor de derechos humanos internacional, nos preocupa este tipo de acciones” , expuso.
Asimismo, se inclinó por la conformación de una comisión especial desde la sociedad civil, las iglesias y el sector empresarial, para conocer y depurar a la PNC.
“Como CDHES, nosotros vamos apoyar la iniciativa del Procurador Oscar Humberto Luna, sobre la necesidad de investigar estas denuncias de forma imparcial y transparente”, opinó.
Por su parte, el inspector Romeo Melara Granillo afirmó que sobre los casos las investigaciones están realizándose y por factores de seguridad no podía dar declaraciones.
“Nosotros analizamos cuando se presenta el caso si es constitutivo de delito, entonces, lo remitimos a la Fiscalía, que es quien investiga, nosotros no hacemos eso, luego de los resultados, podemos emitir una resolución y despojar de su cargo a los agentes implicados”, expresó.
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