Por Magdalena Flores
SAN SALVADOR - Entre las conversaciones diarias de cientos de salvadoreños en torno al incremento de violencia y homicidios en EL Salvador se escucha una frase muy popular, “hoy estamos peor que antes, al menos durante la guerra sabíamos quienes eran los culpables”.
Una serie de asesinatos crueles y con lujo de barbarie se han suscitado en los últimos días, entre el sábado 28 y el lunes 30 de julio dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, fueron encontrados mutilados con armas blancas, situación que para muchos salvadoreños era común ver sólo durante los 12 años de la pasada guerra civil que vivió el país entre 1980 a 1992.
Expertos y no expertos en materia de Seguridad Pública hablan del funcionamiento de “grupos de exterminio”, incluso autoridades reconocieron el lunes que están investigando a un grupo de sicarios que se dedicaban a asesinar a presuntos extorsionistas pertenecientes a las pandillas violentas denominadas "maras".
Según las autoridades del sistema de seguridad en el hecho están implicados miembros policiales. El domingo pasado fueron capturadas tres personas, entre ellas un jefe de investigaciones criminales de la provincia oriental de San Miguel, sargento Nelson Arriaza, junto al ex agente Carlos Chévez y el civil Rember Rolando Martínez, por estar vinculado al homicidio de Amado García, de 45 años, quien fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Se trató de una acción al estilo de “Escuadrones de la Muerte”: tres hombres vestidos de uniformes oscuros, con los rostros cubiertos con gorras pasamontañas, usando armas de fuego y actuando con premeditación.
La indignación ante la posible existencia de grupos de limpieza social al interior de la única entidad que vela por la seguridad nacional no se ha hecho esperar.
Benito Lara, parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social (CNSPS), expresó que "es una situación difícil que existan grupos de exterminio, porque uno ya no puede confiar ni en la institución que tiene por mandato constitucional garantizar la seguridad, pues se está viendo que están involucrados en horrendos crímenes".
Consideró que en esta problemática “hay intereses económico de por medio, ya que según las últimas investigaciones realizadas son cerca de millones de dólares al año que invierten la empresa privada y las familias particulares en su propia seguridad. Esto a quienes les conviene son a los venden armas y los dueños de las empresas de seguridad, de seguro; por eso no quieren que esto se mejore”, enfatizó Lara.
Por su parte, Edgardo Amaya, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sostiene que esta situación se da por las graves problemáticas de seguridad en el interior de la policía, hay una gran debilidad en el sistema de seguimiento de antecedentes de los nuevos miembros. Incluso, hay casos hasta de pandilleros que han ingresado; también existe el debilitamiento de las estructuras internas de control policial.
Añadió que “el ambiente generalizado de impunidad en El Salvador contribuye también a la generación de grupos de exterminio. Hay una parte de la opinión pública que apoyaría este tipo de respuestas violentas al fenómeno de la delincuencia como una respuesta desesperada a la inacción de las instituciones de seguridad y justicia". Sin embargo, Amaya enmarcó que no es justificable desde ningún punto de vista que el Estado cometa acciones ilegales en contra de la ilegalidad, si fuera el caso que hay una vinculación estatal.
Según Amaya “si existe un grupo de empresarios o un grupo X que apoya ese tipo de acciones, tarde o temprano ese grupo armado se va volver en contra de ellos como ha sucedido en Brasil, o el caso de Guatemala, donde se crean grupos policiales de exterminio que después terminan generando un problema a nivel de Estado que han provocado una grave crisis, como ha sucedido con los asesinatos de tres diputados salvadoreños” – hecho ocurrido en Guatemala el pasado 19 de febrero– .
Desde a mediados del año pasado fueron distribuidos varios mensajes del autodenominado "Comando XGN Maximiliano Hernández Martínez", amenazando de muerte a los pandilleros y extorsionistas en, San Miguel, zona oriental de país, pero entidades nacionales han llegado considerar que esta es una problemática que transciende de San Miguel.
En el caso del sargento Arriaza las investigaciones buscan corroborar si los homicidas actuaron por "encargo", al estilo de "escuadrones de la muerte" o "grupos de exterminio", como el que surgió en 1995 en el propio San Miguel, que fue autodenominado "Sombra Negra".
La tasa de homicidios en El Salvador es de 56 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo.
SAN SALVADOR - Entre las conversaciones diarias de cientos de salvadoreños en torno al incremento de violencia y homicidios en EL Salvador se escucha una frase muy popular, “hoy estamos peor que antes, al menos durante la guerra sabíamos quienes eran los culpables”.
Una serie de asesinatos crueles y con lujo de barbarie se han suscitado en los últimos días, entre el sábado 28 y el lunes 30 de julio dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, fueron encontrados mutilados con armas blancas, situación que para muchos salvadoreños era común ver sólo durante los 12 años de la pasada guerra civil que vivió el país entre 1980 a 1992.
Expertos y no expertos en materia de Seguridad Pública hablan del funcionamiento de “grupos de exterminio”, incluso autoridades reconocieron el lunes que están investigando a un grupo de sicarios que se dedicaban a asesinar a presuntos extorsionistas pertenecientes a las pandillas violentas denominadas "maras".
Según las autoridades del sistema de seguridad en el hecho están implicados miembros policiales. El domingo pasado fueron capturadas tres personas, entre ellas un jefe de investigaciones criminales de la provincia oriental de San Miguel, sargento Nelson Arriaza, junto al ex agente Carlos Chévez y el civil Rember Rolando Martínez, por estar vinculado al homicidio de Amado García, de 45 años, quien fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Se trató de una acción al estilo de “Escuadrones de la Muerte”: tres hombres vestidos de uniformes oscuros, con los rostros cubiertos con gorras pasamontañas, usando armas de fuego y actuando con premeditación.
La indignación ante la posible existencia de grupos de limpieza social al interior de la única entidad que vela por la seguridad nacional no se ha hecho esperar.
Benito Lara, parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social (CNSPS), expresó que "es una situación difícil que existan grupos de exterminio, porque uno ya no puede confiar ni en la institución que tiene por mandato constitucional garantizar la seguridad, pues se está viendo que están involucrados en horrendos crímenes".
Consideró que en esta problemática “hay intereses económico de por medio, ya que según las últimas investigaciones realizadas son cerca de millones de dólares al año que invierten la empresa privada y las familias particulares en su propia seguridad. Esto a quienes les conviene son a los venden armas y los dueños de las empresas de seguridad, de seguro; por eso no quieren que esto se mejore”, enfatizó Lara.
Por su parte, Edgardo Amaya, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sostiene que esta situación se da por las graves problemáticas de seguridad en el interior de la policía, hay una gran debilidad en el sistema de seguimiento de antecedentes de los nuevos miembros. Incluso, hay casos hasta de pandilleros que han ingresado; también existe el debilitamiento de las estructuras internas de control policial.
Añadió que “el ambiente generalizado de impunidad en El Salvador contribuye también a la generación de grupos de exterminio. Hay una parte de la opinión pública que apoyaría este tipo de respuestas violentas al fenómeno de la delincuencia como una respuesta desesperada a la inacción de las instituciones de seguridad y justicia". Sin embargo, Amaya enmarcó que no es justificable desde ningún punto de vista que el Estado cometa acciones ilegales en contra de la ilegalidad, si fuera el caso que hay una vinculación estatal.
Según Amaya “si existe un grupo de empresarios o un grupo X que apoya ese tipo de acciones, tarde o temprano ese grupo armado se va volver en contra de ellos como ha sucedido en Brasil, o el caso de Guatemala, donde se crean grupos policiales de exterminio que después terminan generando un problema a nivel de Estado que han provocado una grave crisis, como ha sucedido con los asesinatos de tres diputados salvadoreños” – hecho ocurrido en Guatemala el pasado 19 de febrero– .
Desde a mediados del año pasado fueron distribuidos varios mensajes del autodenominado "Comando XGN Maximiliano Hernández Martínez", amenazando de muerte a los pandilleros y extorsionistas en, San Miguel, zona oriental de país, pero entidades nacionales han llegado considerar que esta es una problemática que transciende de San Miguel.
En el caso del sargento Arriaza las investigaciones buscan corroborar si los homicidas actuaron por "encargo", al estilo de "escuadrones de la muerte" o "grupos de exterminio", como el que surgió en 1995 en el propio San Miguel, que fue autodenominado "Sombra Negra".
La tasa de homicidios en El Salvador es de 56 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo.
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