Luis Beaton
Redacción Central, 28 ago (PL) La renuncia del secretario de Justicia estadounidense, Alberto Gonzales, acentúa la crisis de credibilidad que amenaza a la Casa Blanca y al partido en el gobierno, el republicano, a escasos 15 meses de las elecciones presidenciales.
Gonzales, cabeza visible del escándalo por la destitución el año anterior de ocho fiscales federales, una medida legal pero contraria a la tradición estadounidense, anunció el lunes su partida.
El hecho, aunque esperado, recibe hoy la más amplia cobertura de los medios de prensa y suscita los más variados comentarios de los demócratas en Estados Unidos.
Muchos de los fiscales cesados escarbaban en asuntos que involucran al gobierno y a políticos republicanos, plantea la oposición.
Según los demócratas las remociones fueron motivadas por razones políticas, por lo que es de esperar mayores presiones en el Congreso para llegar al fondo del asunto que amenaza con tocar las puertas de la Casa Blanca.
Blanco de un severo escrutinio y críticas tanto de los demócratas como de algunos republicanos, el Fiscal General fue acusado de politizar un cargo que debía mantener la independencia del poder ejecutivo.
Su paso por el gobierno estuvo plagado de controversia. Después de los ataques del 11 de septiembre fue identificado como el autor de un memorando que autorizaba el uso de la tortura contra los sospechosos de terrorismo.
Ya como secretario de Justicia defendió el programa de escuchas telefónicas clandestinas que enfrentó a la Casa Blanca con el Congreso y dejó en la población la sensación de que sus derechos constitucionales eran violados.
Siempre contó con el respaldo de Bush. Sin embargo, semanas atrás los demócratas solicitaron la designación de un fiscal especial para investigar si éste mintió al Congreso en el caso de los fiscales federales y en el programa de espionaje doméstico.
En entredicho su credibilidad tanto para la oposición como para el republicano Arlen Specter, ex presidente del Comité Judicial, su suerte estaba echada.
Al conocer la decisión de Gonzales, el líder de la mayoría demócrata en el Congreso expresó que ese no era el fin de la historia.
El Congreso debe llegar hasta el fondo de este embrollo y seguir la pista hasta donde apuntan los hechos, adentro de la Casa Blanca, puntualizó.
Para la senadora demócrata Hillary Clinton, el funcionario demostró una y otra vez que su lealtad estaba con el presidente Bush, y con la agenda política de la Casa Blanca.
Según el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, ningún Departamento de Justicia debería ser un brazo político del gobierno, ya sea ocupado por un republicano o un demócrata.
La retirada de Gonzales no sólo deja a Bush sin uno de sus más cercanos colaboradores. También abre interrogantes sobre quien más se verá afectado en el gobierno si hay una investigación de un fiscal especial.
Redacción Central, 28 ago (PL) La renuncia del secretario de Justicia estadounidense, Alberto Gonzales, acentúa la crisis de credibilidad que amenaza a la Casa Blanca y al partido en el gobierno, el republicano, a escasos 15 meses de las elecciones presidenciales.
Gonzales, cabeza visible del escándalo por la destitución el año anterior de ocho fiscales federales, una medida legal pero contraria a la tradición estadounidense, anunció el lunes su partida.
El hecho, aunque esperado, recibe hoy la más amplia cobertura de los medios de prensa y suscita los más variados comentarios de los demócratas en Estados Unidos.
Muchos de los fiscales cesados escarbaban en asuntos que involucran al gobierno y a políticos republicanos, plantea la oposición.
Según los demócratas las remociones fueron motivadas por razones políticas, por lo que es de esperar mayores presiones en el Congreso para llegar al fondo del asunto que amenaza con tocar las puertas de la Casa Blanca.
Blanco de un severo escrutinio y críticas tanto de los demócratas como de algunos republicanos, el Fiscal General fue acusado de politizar un cargo que debía mantener la independencia del poder ejecutivo.
Su paso por el gobierno estuvo plagado de controversia. Después de los ataques del 11 de septiembre fue identificado como el autor de un memorando que autorizaba el uso de la tortura contra los sospechosos de terrorismo.
Ya como secretario de Justicia defendió el programa de escuchas telefónicas clandestinas que enfrentó a la Casa Blanca con el Congreso y dejó en la población la sensación de que sus derechos constitucionales eran violados.
Siempre contó con el respaldo de Bush. Sin embargo, semanas atrás los demócratas solicitaron la designación de un fiscal especial para investigar si éste mintió al Congreso en el caso de los fiscales federales y en el programa de espionaje doméstico.
En entredicho su credibilidad tanto para la oposición como para el republicano Arlen Specter, ex presidente del Comité Judicial, su suerte estaba echada.
Al conocer la decisión de Gonzales, el líder de la mayoría demócrata en el Congreso expresó que ese no era el fin de la historia.
El Congreso debe llegar hasta el fondo de este embrollo y seguir la pista hasta donde apuntan los hechos, adentro de la Casa Blanca, puntualizó.
Para la senadora demócrata Hillary Clinton, el funcionario demostró una y otra vez que su lealtad estaba con el presidente Bush, y con la agenda política de la Casa Blanca.
Según el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, ningún Departamento de Justicia debería ser un brazo político del gobierno, ya sea ocupado por un republicano o un demócrata.
La retirada de Gonzales no sólo deja a Bush sin uno de sus más cercanos colaboradores. También abre interrogantes sobre quien más se verá afectado en el gobierno si hay una investigación de un fiscal especial.
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