sábado, agosto 25, 2007

¿Y cuándo se acordarán de los más necesitados?

Mauricio Funes

La mayoría de análisis sobre la realidad nacional que se leen y escuchan a través de los Medios de Comunicación Social ponen el acento en el riesgo que para el país implica el salto al vacío que puede ocurrir si, cansados de tantos años de gobiernos de la derecha, los salvadoreños se inclinan por un cambio drástico de rumbo.

Tienen razón cuando advierten sobre el desconcierto que puede generar en la población, especialmente, en los empresarios, un cambio de las reglas del juego que impida la construcción de un escenario de estabilidad jurídica y política.

La alternancia en el poder no es sinónimo de inestabilidad aunque sí de ruptura. Y no todo cambio genera incertidumbre.

ARENA a principios de los años 80 levantó la bandera del “cambio para mejorar” y por los indicadores que arroja la realidad los que mejoraron son precisamente los que no han cambiado y viven anclados en las prácticas del pasado.

ARENA denunció con firmeza la corrupción gubernamental durante los años del régimen demócrata cristiano que siguió al golpe militar de 1979 y prometió acabar con los privilegios derivados de la estrecha relación de algunos sectores políticos con el aparato de estado.

Dijo, en ese entonces, que la banca nacionalizada había servido para orientar y asignar el crédito con criterios políticos y favorecer a los empresarios cercanos al régimen en turno.

Las arcas del Estado fueron saqueadas y se creó una especie de “casta” privilegiada que vivía a la sombra del ejercicio del poder público.

¿Qué ha ocurrido después de 18 años de control del ejecutivo?

¿A quiénes ha favorecido el cambio? ¿Quiénes han mejorado?

El gabinete económico dio a conocer esta semana su informe de primer semestre del año y con un acostumbrado optimismo nos continúa vendiendo la idea de qué el país va por el rumbo adecuado y que la situación es mejor cada día que pasa. Aseguran, para el caso, que la pobreza se ha reducido casi a la mitad y que la economía ha superado el crecimiento negativo que venía observando desde mediados de los años noventa.

Hasta el año 2005, la tasa promedio de crecimiento económico no superaba el 3 por ciento. Según los análisis gubernamentales, desde ese año, no sólo se ha comenzado a crecer en forma positiva, sino que de seguir las cosas como están es bastante probable que el 2007 cierre con una tasa promedio del 5%, es decir, tres puntos más que lo observado en más de una década.

Lo que nunca dicen estos informes, y no es que no lo sepan, es que a pesar de este crecimiento económico y de la reducción de la pobreza, debida en parte al flujo de remesas que cada año ingresan al país, la brecha social continúa profundizándose. Es el tema al que casi nadie se refiere y el que casi nadie encara con responsabilidad.

La diferencias de ingresos entre los que tienen más y los que perciben menos es cada año que pasa mayor.

El pastel ha crecido indudablemente, pero sigue repartiéndose en forma inequitativa.

Uno de los factores que contribuyen al aumento de la brecha social es la forma cómo es utilizado el aparato de Estado y la dedicatoria que tienen algunas de las políticas públicas que implementa el Ejecutivo.

El Estado sigue capturado para beneficio de unos cuantos, y lo que ha cambiado en todo este tiempo es justamente la identidad y número de quiénes utilizan el poder público para su enriquecimiento.

Basta un tan solo ejemplo: El negocio del azúcar ha reputando en los últimos años, pero sus beneficios no llegan a todos aquellos que se dedican a la producción de la caña y que en menor medida son accionistas de los ingenios que operan en el país.

Los empresarios que se dedican a este rubro continúan quejándose de la existencia de prácticas monopólicas en la producción y comercialización del azúcar, prácticas que funcionan con el consentimiento y apadrinamiento del gobierno.

Por esta razón resultaría más competitivo comprar azúcar en Guatemala para fabricar bebidas, dulces o pan, que adquirir este insumo en el mercado nacional.

Estoy enterado del caso de una reconocida empresa de bebidas gaseosas que a raíz del precio interno del azúcar ha preferido mantener su planta de producción en el vecino país que trasladarse al territorio nacional, ya que de hacerlo aumentaría significativamente sus costos de producción.

Y para colmo es de esperar que este mismo monopolio acabe controlando la producción, comercialización y exportación de etanol, luego del acuerdo suscrito entre Brasil y Estados Unidos, utilizando los beneficios arancelarios que se derivan del TLC con ese país.

Hacer negocios con el apoyo del Estado pero con igualdad de oportunidades para todos no representa ningún problema, pero utilizar este mismo aparato para beneficio de unos pocos en desventaja de los demás eso si es inmoral.

Romper con esa concepción patrimonialista del Estado no debería representar ningún riesgo para nadie más que para aquellos que han vivido a las costillas de éste.

Acabar con esa tradición y con esa forma de ejercicio del poder no tiene por qué generar incertidumbre en la población, y menos en los más vulnerables.

Una cosa es cambiar para mejorar y otra muy diferente es mejorar sin cambiar.

Al momento de privilegiar las alianzas sociales los partidos políticos llamados a empujar este proceso de cambios deben tener en mente no tanto la inestabilidad que tales cambios pueden generar en ese pequeño grupo de empresarios que han usufructuado del Estado, su preocupación debe estar puesta en quiénes han sufrido esta desventaja y han profundizado su vulnerabilidad como resultado de una concepción del ejercicio público autoritario y excluyente.

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