Guatemala, 2 ago (PL) La hipótesis de que el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer está vinculado con operaciones del narcotráfico retoma fuerza hoy en Guatemala, donde las más recientes pesquisas apuntan todas en esa dirección.
El entramado de cientos de llamadas telefónicas entre los presuntos autores del crimen revela una organización con nexos en los dos países, lo cual debilita la tesis según la cual el secuestro y la muerte de los diputados se debieron a una confusión.
Las máximas autoridades guatemaltecas reconocieron la participación de mafias de traficantes de drogas y pidieron al Ministerio Público aclarar definitivamente el caso.
Según el presidente de Guatemala, Oscar Berger, se trata de "un gran cartel del narcotráfico, el cual tiene nexos internacionales".
El gobernante pidió acelerar las investigaciones para determinar qué hay exactamente detrás de la muerte de los miembros del Parlamento Centroamericano Eduardo D Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y del chofer Gerardo Ramírez.
En igual sentido se pronunció el vicepresidente Eduardo Stein al referirse a los resultados del rastreo de llamadas hechas antes, durante y después del día del crimen por los detenidos hasta ahora, entre civiles y miembros de la policía.
Manuel Castillo, diputado al Congreso de la República, y Antonio Hernández Orozco, aspirante a una curul por el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, aparecen entre los receptores de varias de estas llamadas.
La Fiscalía guatemalteca trata de identificar a dos personas, conocidas sólo como "montaña-1" y "montaña-3", quienes habrían coordinado todas las acciones que condujeron a la muerte de los salvadoreños el 19 de febrero pasado.
La revelación del rastreo telefónico reactivó un caso que el Fiscal General, Juan Luis Florido, había dado hace algunas semanas como exitosamente aclarado.
El entramado de cientos de llamadas telefónicas entre los presuntos autores del crimen revela una organización con nexos en los dos países, lo cual debilita la tesis según la cual el secuestro y la muerte de los diputados se debieron a una confusión.
Las máximas autoridades guatemaltecas reconocieron la participación de mafias de traficantes de drogas y pidieron al Ministerio Público aclarar definitivamente el caso.
Según el presidente de Guatemala, Oscar Berger, se trata de "un gran cartel del narcotráfico, el cual tiene nexos internacionales".
El gobernante pidió acelerar las investigaciones para determinar qué hay exactamente detrás de la muerte de los miembros del Parlamento Centroamericano Eduardo D Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y del chofer Gerardo Ramírez.
En igual sentido se pronunció el vicepresidente Eduardo Stein al referirse a los resultados del rastreo de llamadas hechas antes, durante y después del día del crimen por los detenidos hasta ahora, entre civiles y miembros de la policía.
Manuel Castillo, diputado al Congreso de la República, y Antonio Hernández Orozco, aspirante a una curul por el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, aparecen entre los receptores de varias de estas llamadas.
La Fiscalía guatemalteca trata de identificar a dos personas, conocidas sólo como "montaña-1" y "montaña-3", quienes habrían coordinado todas las acciones que condujeron a la muerte de los salvadoreños el 19 de febrero pasado.
La revelación del rastreo telefónico reactivó un caso que el Fiscal General, Juan Luis Florido, había dado hace algunas semanas como exitosamente aclarado.
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