San Salvador, 18 ago (PL) Gran polémica genera hoy en El Salvador la controvertida reforma al artículo 348 del Código Penal que incrementa hasta en ocho años la pena de prisión por desórdenes públicos.
Según Walter Durán, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la administración de Antonio Saca trata de reformar el Código Penal y el Procesal Penal, porque la Ley antiterrorista vigente en el país desde fines de 2006 es inaplicable.
Esa normativa, aseguró, tiene como objetivo la "represión y la violencia institucional".
Sobre la reforma del Código Penal - aprobada el jueves último por el oficialista Alianza Republicana Nacionalista -, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marcel Orestes Posada, considera que su finalidad es criminalizar las manifestaciones populares.
Agregó que también busca castigar a los dirigentes políticos por participar en marchas en las que hacen sus legítimos reclamos.
Asimismo, destacó el abogado Henry Campos, la propia redacción de la reforma da lugar a que se piense en que sólo el hecho de ser dirigente y estar en el lugar de las manifestaciones, podría justificarse un procedimiento penal.
Durán, del FMLN, aseguró que los actuales códigos penales contienen sanciones contra las personas que por cualquier razón dañen la propiedad privada o pública o la integridad física de terceros.
"No se necesita endurecer las leyes", acotó el dirigente del partido opositor.
Según Walter Durán, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la administración de Antonio Saca trata de reformar el Código Penal y el Procesal Penal, porque la Ley antiterrorista vigente en el país desde fines de 2006 es inaplicable.
Esa normativa, aseguró, tiene como objetivo la "represión y la violencia institucional".
Sobre la reforma del Código Penal - aprobada el jueves último por el oficialista Alianza Republicana Nacionalista -, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marcel Orestes Posada, considera que su finalidad es criminalizar las manifestaciones populares.
Agregó que también busca castigar a los dirigentes políticos por participar en marchas en las que hacen sus legítimos reclamos.
Asimismo, destacó el abogado Henry Campos, la propia redacción de la reforma da lugar a que se piense en que sólo el hecho de ser dirigente y estar en el lugar de las manifestaciones, podría justificarse un procedimiento penal.
Durán, del FMLN, aseguró que los actuales códigos penales contienen sanciones contra las personas que por cualquier razón dañen la propiedad privada o pública o la integridad física de terceros.
"No se necesita endurecer las leyes", acotó el dirigente del partido opositor.
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