Igual enfermedad, igual medicina

Editorial de Mauricio Funes
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 AM)

Desde el descubrimiento de la participación de Mario Belloso en el asesinato de dos policías hace más de un año, el propio Presidente de la República no vaciló en acusar, sin ningún escrúpulo, a la dirección del Frente de la existencia en su seno de estructuras armadas vinculadas a la delincuencia.

No solo el día de la muerte de los agentes, sino luego de la detención de Belloso, el Gobierno y el Partido ARENA montaron toda una campaña mediática que hiciera aparecer el FMLN como un partido connivente con el uso de la violencia.

Fue el presidente Saca quien dijo, en tono insinuante, que le gustaría creer que la dirección del FMLN no estaba enterada de las estructuras armadas a las que pertenecía Belloso y menos, que la apadrinaba.

El reclamo no dejaba de ser inusual si tomamos en cuenta que difícilmente los dirigentes de una fuerza política pueden dar cuenta de lo que hacen todos sus militantes, sobre todo, cuando estos se salen del control de la estructura partidaria.

Belloso hacía tiempo que no participaba de las actividades promovidas por el Frente y su entrenamiento en el uso de las armas no respondía a una relación orgánica con el partido.

Las armas en su poder y los planes a los que respondía no tienen nada que ver con el trabajo político del FMLN.

Así lo han declarado públicamente sus dirigentes y así lo demuestran las investigaciones que ha seguido la Fiscalía sobre el caso.

Fuera de las incriminaciones del propio Belloso no hay una tan sola prueba que demuestre lo contrario.

Sin embargo, arena insiste en dejar un velo de duda sobre el caso, lo cual resulta coherente con su campaña de descrédito de la oposición.

Ahora resulta que la bomba ha estallado del lado del gobierno y sus estructuras de seguridad.

La semana anterior fueron capturados el jefe de la sección de investigaciones criminales de la PNC de San Miguel, un ex agente de la policía y un civil, acusados de la muerte del campesino Amado García Amaya.

Con las detenciones se ha entretejido toda una compleja maraña de relaciones y hechos que revelan la existencia de una estructura dentro de la PNC dedicada al sicariato, es decir, a la ejecución sumaria por encargo.

Todo apunta a que estos policías, contratados por civiles, realizaban crímenes por encargo, donde más allá de una motivación política, sus órdenes de ejecución estaban motivadas por un ajuste de cuentas.

Las investigaciones hablan, incluso, de que el asesinato del campesino García Amaya fue ordenado y pagado desde Estados Unidos, por un compatriota que buscó los servicios de esta estructura criminal, para vengarse de la muerte de un familiar, supuestamente a manos del campesino.

No sería extraño que esta misma estructura fuera la responsable de una labor de limpieza social que ha sido habitual en la zona oriental del país, donde tuvo su nacimiento la extinta sombra negra, de la que formaban parte empresarios y políticos de la zona.

El abogado Jaime Martínez comentó a Diario Co Latino que por la forma de operar de este grupo de exterminio habría que investigar sus probables conexiones con el Crimen Organizado.

Martínez, quien ha investigado a lo largo de varios años el fenómeno de la delincuencia en el país, sostiene que este hecho había sido denunciado hace algunos años atrás por Tutela Legal del Arzobispado y la ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y las autoridades de Seguridad Pública no habían dado relevancia a lo señalamientos.

Para Martínez, el caso salió a luz pública porque ya no se podía seguir ocultando y lo más probable es que no pase del nivel de responsabilidad al que han llegado las autoridades.

Ya en el pasado cuando fueron procesados algunos empresarios, políticos y ex jefes policiales por el caso de la sombra negra, las investigaciones judiciales no condujeron a nada ya que todos los detenidos fueron sobreseídos porque la única testigo, una ex agente de la PNC, retiró los cargos y se fue del país por temor a ser asesinada.

Ahora las investigaciones en la cadena de responsabilidades no pasan de un sargento de la PNC y muy probablemente acabarán siendo contaminadas por la persecución política que se desea hacer de un líder opositor en San Miguel.

Pero, como dice la sabiduría popular, a igual enfermedad, igual medicina.

Como ocurrió con Belloso, al Presidente Saca habría que decirle que nos gustaría también creer que el Ministro Figueroa y el Director de la Policía, Rodrigo Ávila, no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en su interior y que por tanto, tampoco se puede asegurar que apadrinaban este comportamiento delictivo de algunos agentes en coordinación con civiles.

Sin embargo, en este caso hay una diferencia que no se debe pasar por alto. En un partido político no existen otros controles sobre sus miembros que los que se derivan de la pertenencia a una ideología.

El Frente puede y debe enfrentar a su interior las discusiones que originan las diferencias de pensamiento... lo que sí no puede es dar cuenta de todos los actos que realiza cada uno de sus miembros.

Belloso y sus probables cómplices deben ser juzgados al margen del impacto que esta situación tenga dentro del partido en el que él milito. No es el caso de los involucrados en esta estructura delincuencial dedicada al sicariato.

En primer lugar, la PNC tiene una estructura de mando vertical, de modo que difícilmente un jefe no sabe lo que están haciendo sus subalternos.

En segundo lugar, dentro de la Policía existe dos unidades encargadas de vigilar celosamente el desempeño y comportamiento profesional de los agentes, como es la Unidad de Control Interno y la Inspectoría General.

No es posible que pueda montarse una organización paralela dentro de la Policía, que se dedique a delinquir, sin que sus vigilantes no se hayan dado cuenta de ello.

Tercero, por lo general, estas estructuras aparecen por la falta de un liderazgo que le imprima un carácter ético a la función que asumen los agentes y jefes policiales.

Y este liderazgo debe ser asumido a nivel operativo por el Director de la Corporación y a nivel político por el Ministro de Seguridad y Justicia.

La muestra que las cosas no están haciéndose como es debido en el terreno de la Seguridad Pública no solo radica en el número de homicidios y hechos delictivos que siguen ocurriendo a diario en el país.

También habla muy mal del trabajo a este nivel, el descubrimiento que se ha hecho de estas estructuras criminales, operando con el santo y la paciencia de las autoridades.

Después de todo, otras instancias que no tienen que ver con el control directo sobre la Policía ya lo habían advertido y nada se había querido hacer.

En lugar de dedicar horas hábiles al proselitismo electoral, el flamante Ministro de Seguridad Pública debería poner orden en casa o al menos dejar el puesto a otro, de diferente especie, que si desee agarrar el toro por los cuernos.