Licda. Norma Guevara de Ramirios
En manos de la sociedad salvadoreña está el poder de hacer el vacío a los dispositivos trazados por el gobierno para arrebatar derechos a la gente e imponer un régimen de excepción que recuerda la dictadura derrotada, que se aleja de lo establecido en la Constitución y de la estabilidad mínima que una democracia demanda.
Las reformas al Código Penal aprobadas recientemente por las fracciones del partido de gobierno y del PCN en el sentido de criminalizar la protesta social y elevar las penas expresan la preparación del gobierno para reprimir el desacuerdo, la expresión de descontento de los diversos sectores sociales; esto ocurre justamente en un momento en que la desigualdad en los ingresos se hace mayor, se hace más difícil para la inmensa cantidad de familias pobres cubrir los gastos mínimos que implica la canasta básica, y que además, la población se revela como comunidades organizadas en defensa del medio ambiente o contra la explotación minera.
Pareciera que la adecuación de leyes a la visión represiva del gobierno incluye también la proyección de utilizar provocaciones especialmente contra una forma específica de expresar el desacuerdo, el descontento, la demanda ante el gobierno como es el derecho a la manifestación.
Abundan las razones para estar en desacuerdo con las políticas permisivas del gobierno: parar la privatizar la administración del agua, por el desabastecimiento de medicinas en los hospitales y unidades de salud, por la desprotección y la inseguridad y muchas otras cosas más; en consecuencia el gobierno arenero sabe que si ellos generan con sus políticas las razones del descontento, lo más seguro es que éste se exprese en diversas formas y se anticipan a ellas legalizando la represión.
En los sectores de la derecha que imponen este camino utilizando su mayoría legislativa están sabedores de la inutilidad de sus medidas, pero la insolencia, la prepotencia y su vocación al uso de la violencia desde el Estado, por ahora, pesa más que el pensamiento de otros sectores de derecha que son suficientemente inteligentes para saber que la democracia se fundamenta en más educación, más bienestar, más seguridad, más respeto a las instituciones y más tolerancia.
Un estudio reciente que explora la percepción y los conceptos de nuestra sociedad salvadoreña sobre la democracia, indica con razón, que entre el 2004 y 2006, el apoyo al sistema ha bajado de 60% a 55% (1), y esta medida abarca la respuesta de la ciudadanía a aspectos claves como el nivel de confianza en que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo, el respeto por las instituciones políticas, la creencia de si los derechos básicos de la ciudadanía están bien protegidos por el sistema político, el orgullo de vivir bajo el sistema político salvadoreño y hasta que punto se debe apoyar el sistema político.
Si nuestro pueblo luchó duramente por las libertades y derechos, por la justicia social al punto de entregar decenas de miles de vidas de sus mejores hijas e hijos, y celebró con esperanza la apertura de una nueva página de su historia con los Acuerdos de Paz, es un deber de todas y todos los salvadoreños responsables y sensatos que defendamos esas libertades y esos derechos y que sigamos abriendo camino a la justicia, poder hablar, poder decirle a un funcionario que queremos y que nos afecta, ser escuchados y obtener respuestas, vivir en paz y con seguridad, tener la oportunidad de disentir sin por ello recibir calificativos ni actos de violencia, es la forma concreta que debe asumir el derecho que ganamos a vivir en democracia; y cuando esta se pone en riesgo por la ambición de unos pocos debemos levantar la voz para invitar a retomar el camino de la democracia y desechar la dictadura.
Nuestro país requiere de una reflexión serena para orientar el rumbo en dirección positiva, para que culminemos la sociedad con parámetros de equidad en las oportunidades, la sociedad con espacios de deliberación, de participación, de concertación en la que sean tomados en cuenta el conocimiento y las expectativas de mejora que están planteadas para la mayor parte de familias; eso es lo que necesitamos en vez de persecución política o de represión que vuelcan sobre el necesitado la dureza que se debiera emplear para combatir los delitos de cuello blanco y la corrupción.
(1) Cultura Política de la democracia en El Salvlador, Ricardo Córdova Mancía, José Miguel Cruz, IUDOP- UCA; y Mitchell A Seilegson, Vanderbilt Univeresity 2007.
En manos de la sociedad salvadoreña está el poder de hacer el vacío a los dispositivos trazados por el gobierno para arrebatar derechos a la gente e imponer un régimen de excepción que recuerda la dictadura derrotada, que se aleja de lo establecido en la Constitución y de la estabilidad mínima que una democracia demanda.
Las reformas al Código Penal aprobadas recientemente por las fracciones del partido de gobierno y del PCN en el sentido de criminalizar la protesta social y elevar las penas expresan la preparación del gobierno para reprimir el desacuerdo, la expresión de descontento de los diversos sectores sociales; esto ocurre justamente en un momento en que la desigualdad en los ingresos se hace mayor, se hace más difícil para la inmensa cantidad de familias pobres cubrir los gastos mínimos que implica la canasta básica, y que además, la población se revela como comunidades organizadas en defensa del medio ambiente o contra la explotación minera.
Pareciera que la adecuación de leyes a la visión represiva del gobierno incluye también la proyección de utilizar provocaciones especialmente contra una forma específica de expresar el desacuerdo, el descontento, la demanda ante el gobierno como es el derecho a la manifestación.
Abundan las razones para estar en desacuerdo con las políticas permisivas del gobierno: parar la privatizar la administración del agua, por el desabastecimiento de medicinas en los hospitales y unidades de salud, por la desprotección y la inseguridad y muchas otras cosas más; en consecuencia el gobierno arenero sabe que si ellos generan con sus políticas las razones del descontento, lo más seguro es que éste se exprese en diversas formas y se anticipan a ellas legalizando la represión.
En los sectores de la derecha que imponen este camino utilizando su mayoría legislativa están sabedores de la inutilidad de sus medidas, pero la insolencia, la prepotencia y su vocación al uso de la violencia desde el Estado, por ahora, pesa más que el pensamiento de otros sectores de derecha que son suficientemente inteligentes para saber que la democracia se fundamenta en más educación, más bienestar, más seguridad, más respeto a las instituciones y más tolerancia.
Un estudio reciente que explora la percepción y los conceptos de nuestra sociedad salvadoreña sobre la democracia, indica con razón, que entre el 2004 y 2006, el apoyo al sistema ha bajado de 60% a 55% (1), y esta medida abarca la respuesta de la ciudadanía a aspectos claves como el nivel de confianza en que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo, el respeto por las instituciones políticas, la creencia de si los derechos básicos de la ciudadanía están bien protegidos por el sistema político, el orgullo de vivir bajo el sistema político salvadoreño y hasta que punto se debe apoyar el sistema político.
Si nuestro pueblo luchó duramente por las libertades y derechos, por la justicia social al punto de entregar decenas de miles de vidas de sus mejores hijas e hijos, y celebró con esperanza la apertura de una nueva página de su historia con los Acuerdos de Paz, es un deber de todas y todos los salvadoreños responsables y sensatos que defendamos esas libertades y esos derechos y que sigamos abriendo camino a la justicia, poder hablar, poder decirle a un funcionario que queremos y que nos afecta, ser escuchados y obtener respuestas, vivir en paz y con seguridad, tener la oportunidad de disentir sin por ello recibir calificativos ni actos de violencia, es la forma concreta que debe asumir el derecho que ganamos a vivir en democracia; y cuando esta se pone en riesgo por la ambición de unos pocos debemos levantar la voz para invitar a retomar el camino de la democracia y desechar la dictadura.
Nuestro país requiere de una reflexión serena para orientar el rumbo en dirección positiva, para que culminemos la sociedad con parámetros de equidad en las oportunidades, la sociedad con espacios de deliberación, de participación, de concertación en la que sean tomados en cuenta el conocimiento y las expectativas de mejora que están planteadas para la mayor parte de familias; eso es lo que necesitamos en vez de persecución política o de represión que vuelcan sobre el necesitado la dureza que se debiera emplear para combatir los delitos de cuello blanco y la corrupción.
(1) Cultura Política de la democracia en El Salvlador, Ricardo Córdova Mancía, José Miguel Cruz, IUDOP- UCA; y Mitchell A Seilegson, Vanderbilt Univeresity 2007.
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