A un poco más de dos años de cumplimiento del mandato presidencial en el país, han aumentado las manifestaciones de la gente de denuncia, protesta y demandas, entre otras, a causa del empeoramiento de la situación económica y social. Al utilizar datos de encuestas de finales de 2005(1), el 72.3% de la gente coincide en que “aumentó mucho” el costo de vida; el 53.5% en que la “situación económica empeoró” y el 57.2% en que aumentó la criminalidad.
Los resultados de encuestas del IUDOP arriba mencionados, aunque generales, expresan el pensamiento de la gente sobre la situación. Pese a que se trata de opiniones que la población encuestada ha tenido acerca de la política del gobierno, refrendadas en encuesta de mayo de 2006, también reflejan o presentan una imagen del estado de la situación general del país y su tendencia al deterioro.
Desde comienzos de año, el gobierno y Fondo Monetario Internacional han procurado presentar una imagen de crecimiento de la economía por encima a la de más de diez años de desaceleración con el objetivo de vaciar la conciencia de las personas de aquellas percepciones bien consolidadas, expresadas en las encuestas, acerca de años de efectos negativos de política neoliberal que la población ya no aguanta más, pero que la mayoría no logra realizar la conexión entre el agravamiento o empeoramiento de las condiciones de vida y los responsables o causantes de la misma. Esta conexión, que ha avanzado en la conciencia de las personas, es todavía una cuestión pendiente del dominio popular. Esto es así aunque la inmensa mayoría, el 74.9% de los encuestados en mayo de 2006, haya contestado que “El Salvador necesita un cambio” (2).
Por otra parte, las estadísticas que sólo el gobierno elabora, dicen que entre 2004 y 2005 la economía creció de 15,821.6 millones de dólares a 16,974.0 millones; es decir, un aumento de 1,152.4 millones de dólares (3), nadie sabe con certeza quienes se benefician de ese crecimiento, cuando la gente afirma que la “situación económica del país ha empeorado” entre los mismos años y que, además, reclama a su manera que se produzca cambio de modelo en el país.
Ya en mayo de 2003 el análisis sobre la situación del país era tajante: “el modelo económico y social de corte neoliberal impuesto al país por tres sucesivos gobiernos del partido ARENA, se ha agotado evidentemente, después de generar un incremento palpable de la pobreza, expresada incluso en un creciente numero de muertes por hambre y desnutrición, un desempleo masivo, la ruina de la actividad agropecuaria y agroindustrial, el estancamiento y la quiebra de la microempresa y de todo el tejido productivo, la recesión económica y una aguda crisis fiscal, así como el incremento de la violencia y la delincuencia, golpeando a familias enteras especialmente a mujeres, niños y niñas” (4).
¿Puede alguien atreverse a afirmar con razón, en junio o julio de 2006, que se ha producido una mejoría para la gente en el país y, lo más profundo, el gobierno, los empresarios que controlan la economía del país y los organismos internacionales que lo respaldan desde 1989, así como el gobierno estadounidense, han podido poner en marcha un nuevo modelo en particular económico capaz de sustituir al agotado y en realidad fracasado?
En realidad eso no ha sido posible ni se ven perspectivas con esa posibilidad histórica, inmediata ni mediata. Nos hemos visto en la necesidad de reiterar que las dos políticas macroeconómicas, como los rieles sobre los cuales tenía que funcionar el modelo desde 2001, han fracasado:
A) La política de apertura comercial ha conducido a déficit comerciales en ascenso año con año, sin freno, irreversibles y crónicos, sin solución porque el aparato productivo no pudo desarrollar capacidad de para producir dólares suficientes para empujar el desarrollo de la economía del país. Ya sabemos que en 1990, cuando arrancó el modelo que hemos denominado como neoliberal por su base doctrinaria, era de apenas 680 millones de dólares y en 2005 se elevó a 3,238 millones; (en 2000, las exportaciones, sin maquilas, representaron el 76.1% de las remesas en dólares enviadas desde el exterior por salvadoreños y en 2005 el 58.6%);
B) La política fiscal principalmente presupuestaria funciona, como flotando como ya se ha dicho, con endeudamiento en particular mediante la colocación de Bonos, fuera del país. Los 664 millones de dólares obtenidos en 2006 con la emisión de bonos, por ejemplo, sirven para financiar el déficit presupuestario, pero también para respaldar la dolarización que también está siendo estremecida tanto por la crisis fiscal como por la crisis macrofinanciera del país.
Esos 664 millones de dólares presupuestados para utilizarse en los doce meses del año, fueron utilizados de otra manera.
En abril se utilizaron 439 millones y en julio, 225 millones, incluyendo el pago de 150 millones de dólares en bonos emitidos en 2000.
¿Cómo o con qué recursos el gobierno atenderá sus compromisos presupuestados para el resto del año, de julio a diciembre de 2006? El gobierno carece de recursos incluso para financiar sus programas sociales como el de Red Solidaria, según el cual se regalan unos 15 dólares a cada familia en extrema pobreza ubicadas en los municipios más pobres del país.
Los pagos de la deuda pública y la deuda previsional del gobierno absorben el 33% y 17% de sus ingresos corrientes, respectivamente; es decir, el 50% de esos ingresos (por impuesto, tasas, tarifas y cobro de servicios). Más el pago de otros compromisos absorben el restante 50%, como puede verse en el cuadro anterior, dejando sin este tipo recursos para el resto de gastos de ministerios y hospitales.
El lema de la propaganda del gobierno continúa siendo que “lo social no es complemento de nada, sino la base de todo”, pero ocurre que el gobierno no dispone de los recursos financieros suficientes para proporcionarle fundamento al lema.
Ante una situación como la descrita al gobierno y sus padrinos no les queda más camino que el endeudamiento para financiar el resto de gastos, principalmente de inversión en infraestructura y, al mismo tiempo, reducir los gastos corrientes no conflictivos, como la eliminación de varios subsidios y en teoría aplicar una política de “austeridad” para ahorrar recursos financieros.
La crisis de la situación se pone de manifiesto en el hecho de que a julio el gobierno ha tenido que colocar 179 millones de dólares en Letras del Tesoro, LETES, para atender problemas temporales de falta de liquidez o dinero efectivo para el pago a acreedores, cuyo vencimiento no puede exceder el plazo de 360 días. En 2005 el gobierno colocó, en todo el año, 180 millones de dólares en LETES, con vencimiento de pago en 2006.
La profundidad de la crisis fiscal que la gente no logra percibir, le aparece ante sus ojos cuando el gobierno toma medidas específicas en el terreno práctico que afectan directamente los ingresos de la población. Por razones políticas, y también fiscales, en enero del 2006 que tenía que aprobar aumento de la tarifa por el consumo de energía eléctrica, conforme lo establece la ley general de Electricidad y Telefonía, difirió el aumento porque había comenzado la campaña de las elecciones legislativas y municipales de marzo y asumir el costo subsidiando a las distribuidoras de energía eléctrica.
Pero a junio esa situación era insostenible y no le quedó más remedio que aprobar el aumento tarifario de dos semestres, corriendo el riesgo de protestas populares contra tal decisión(5). El gobierno tomó la decisión de manipular el aumento de la tarifa, en 14% al consumo residencial para esconder que el aumento a la tarifa era por encima del 25%, con la conciencia clara de que cualquier protesta social tiene por sí más importancia que la lucha parlamentaria, con las excepciones del caso, motivo por el cual ha tratado de encerrar toda la lucha política, y social, en la Asamblea Legislativa pero bajo medidas de seguridad y con cerrojos a la participación ciudadana o social.
Las protestas contra el incremento a la tarifa por el consumo de energía eléctrica fue una bandera del movimiento de trabajadores de la marcha del uno de mayo y varias manifestaciones de protesta de mayo y junio, y tema ausente deliberadamente en el discurso del segundo año de gobierno del presidente Saca, y evadido a propósito por los funcionarios relacionados con el tema que tenían que presentarse ala Asamblea Legislativa a debatir sobre la decisión del aumento que se sabía sería anunciada el 10 de junio.
Desde febrero de 1998 en que fue privatizada la distribución de la energía eléctrica, y luego cada seis meses, como ya se dijo, la tarifa a los usuarios aumentó sustancialmente, con lo cual las empresas distribuidoras de la electricidad recuperaron en pocos años sus inversiones iniciales, obteniendo ganancias extraordinarias, obtenidas a costa del pueblo más pobre. Es decir, el aumento estatal de la tarifa responde directamente a dos empresas extranjeras, AES y Del Sur, que monopolizan cada cual la distribución territorial de la energía que se han repartido, haciendo a un lado el mercado y violando el Art. 101 de la Constitución de la República que prohíbe este tipo de actividades económicas monopólicos, o de “mercados cautivos” como también se conoce.
Además, en el pago de la tarifa, las empresas distribuidoras le cobran arbitrariamente a la gente lo siguiente: dos veces por el uso de la red, el costo fijo y el variable (ver cuadro abajo), que aumenta por el consumo de energía al mes y que cada familia pagó al adquirir las viviendas; cobro por la cantidad de KW consumida; cobro por “atención al cliente” (entrega de la factura y cobro de la misma).
La privatización de la energía condujo al uso mayormente de petróleo, el 52%, para su producción, disminuyendo al 26% la energía hidroeléctrica y 22% la geotérmica. La energía térmica a base del uso de petróleo (6) cada vez más caro, ha vuelto más cara e consumo de energía porque además la generación de la misma es ahora predominantemente privada, 66%, que estatal, 34% (7). Situación que la SIGET ni regula ni controla, dejando en manos de las empresas generadoras y distribuidoras la manipulación de las tarifas para su beneficio y en perjuicio del país en general y de centenares de miles de familias usuarias del servicio que no representan ni ejercen para nada la “soberanía del consumidor” como lo seña la misma doctrina neoliberal.
El gobierno trata de presentar la esperanza de que el problema será resuelto en el largo plazo con la construcción de las represas y así atenuar el más alto costo que significa el mayor peso de la generación de energía térmica, que como se sabe seguirá siendo la más cara.
Los proyectos de generación hidroeléctrica, Tercera Unidad Central Cerrón Grande, Central Cimarrón, Central Chaparral (Río Corola), Central El Tigre (Chalatenango), han desencadenado protestas sociales por perjuicios sociales y a los recursos naturales que acarrearían a la parte norte del país y que se unen a daños en el mismo sentido ya generados por la explotación minera (8) autorizada a empresas extranjeras y la probable construcción de la denominada carretera longitudinal, financiada con recursos donados por el gobierno estadounidense bajo la “cuenta del milenio” .
Contra estos proyectos, el de la explotación de las minas concesionadas en ejecución, se realizó una caminata de protesta los días sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de julio, que salió de Chalatenango hacia San Salvador al ministerio de economía a presentar la demanda de detener la implementación de los mismos. Esa caminata realizada por miles de personas fue del primer tipo que se realizaba en el país, que se detuvo en varios municipios (Guazapa, Apopa) antes de arribar a la capital y recibir a su paso el respaldo popular.
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Notas:
1- Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP; Boletín de Prensa Año XX, No. 3; realizado entre el 1 y 20 de noviembre de 2005.
2- Según datos de encuesta de La Prensa Gráfica, LPG, que actúa como vocero de prensa del gobierno, afirmó en enero de 2006 “que los ciudadanos, además de creer que el país está mal, tienen la sensación de que va por mal camino. El 53.8 por ciento de los entrevistados opina que El Salvador va por el rumbo incorrecto (sic). El déficit de optimismo sobre el rumbo del país se manifestó por primera vez en agosto de 2005 y se ha visto reflejado en todas las investigaciones que ha desarrollado LPG Datos. Lo anterior no siempre ha sido así: en mayo de 2005, el 53 por ciento de los ciudadanos sostenía que el país iba por una buena senda, pero tres meses más tarde esa percepción se derrumbó”.
3- Ese crecimiento equivale a 7.3% a precios corrientes y 2.8% a precios reales, en base a los precios de 1990.
4- Schafik Hándal, Discurso a nombre de la Fracción Legislativa del FMLN en la instalación de la Asamblea Legislativa del período 2003-2006, tras las elecciones de marzo de 2003; mayo 12, 2003.
5- Para quienes piensan que el neoliberalismo consiste en el retiro del Estado de las actividades económicas, o expresado de otra manera, conforme a la doctrina neoliberal “deben eliminarse todas las regulaciones” estatales. El aumento de tarifas al consumo de energía eléctrica está establecido en una ley y lo implementa el Estado, y no el mercado, y no “cada individuo libremente en el mercado”, el consumidor que por lo mismo es el “soberano”
6- Por el aumento en el precio del petróleo aumentó en 35% el pago por la importación de hidrocarburos entre 2004 y 2005, y el pago de lo importado, 902.8 millones de dólares representó el 27.9% del déficit comercial del 2005.
7- Ver Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, “Causas de los altos costos precios de la energía quue pagan los usuarios en El Salvador”; 26 de mayo del 2006.
8- Las minas concesionadas a empresas extranjeras para su explotación no dejan al país recursos más que migajas, en momentos en que las perspectivas de los sistemas monetarios basados en papel moneda tienden a desvalorizarse y el oro a subir de precio, lo cual sugiere que los países conserven tanto cuanto puedan de oro en calidad de reservas financieras o de respaldo financiero.
