Sectores de la derecha busca derrocar el gobierno de Evo Morales a cualquier precio. Varios episodios sucedidos en las últimas semanas recuerdan al golpe de estado de 2002 contra Hugo Chávez.
Por Roberto Aguirre
Desde la Redacción de APM (Agencia Periodistica del Mercosur)
En abril de 2002, Venezuela se convirtió en noticia de los diarios mundiales cuando un golpe de estado derrocó por dos días al presidente electo Hugo Chávez. El líder de la federación de empresarios, Pedro Carmona, asumió ilegítimamente el alto mando del país, mientras decenas de personas morían en la calle por la brutal represión policial. El trágico episodio finalizó cuando un grupo militar leal al gobierno chavista, recuperó el Palacio de Miraflores, y devolvió las garantías constitucionales e institucionales al país.
Hoy, a más de cuatro años de aquel efímero episodio, algunas de las “recetas” empleadas por los golpistas en Venezuela parecen repetirse en Bolivia. Si bien es verdad que el país está muy lejos de sufrir una situación similar ya que goza de un pleno funcionamiento institucional, así como de un superlativo apoyo al gobierno de Evo Morales, hay que prestarle atención a las acciones de la oposición boliviana que pretende embarrar el terreno, poniendo en marcha una campaña de desestabilización.
Hay varios temas que molestan a los empresarios de la rica provincia de Santa Cruz, así como a los sectores de la derecha recalcitrante y los funcionarios de la Casa Blanca. Pero es el proyecto de nacionalización de los hidrocarburos impulsado por el gobierno de Morales, el que representa la principal piedra en el camino para aquellos grupos de poder que no pretenden ceder nada, dentro de la carrera al socialismo que está transitando Bolivia.
En la nota titulada “Ponen en marcha la "Operación Camba", escrita por Víctor Ego Ducrot, y publicada por APM el 7de septiembre pasado, el periodista afirma que la conspiración de estos sectores arrancó “aquel 1 de mayo en que el gobierno elegido por abrumadora mayoría decidió poner en marcha el proceso de recuperación soberana de sus hidrocarburos, cumpliendo así con sus promesas electorales y satisfaciendo una de las demandas estratégicas más sentidas por la sociedad.”
Algo similar ocurrió en Venezuela en febrero de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez comenzó a hacer efectivo su proyecto de nacionalización del petróleo, y relevó a toda la cúpula directiva de la estatal PDVSA. Esto decantó en numerosas marchas orquestadas por la oposición, que serían en preámbulo del golpe de estado de abril.
También, hay que recordar que el proyecto de la nacionalización del petróleo venezolano se incluyó dentro de la reforma de la constitución, tema que por estos días es central en Bolivia. La Asamblea Constituyente está sumida en una profunda discusión metodológica impulsada por la derecha, que desconoce la soberanía y la capacidad de resolución de ese órgano, y que pretende frenar el proyecto de constitución impulsado por la bancada del MAS.
Volviendo a Venezuela, los sectores que comenzaron su férrea resistencia a la estatización del petróleo, continuaron su afán golpista con una magnífica campaña de prensa, cuyos fines eran desestabilizar al gobierno de Chávez y presentarlo ante el mundo como un dictador que llevaba al país hacía un comunismo totalitario. El documental “La revolución no será transmitida”, realizado por las irlandesas Kim Bartley y Donnacha O`Brien, demuestra hasta el hartazgo como las cadenas privadas Venevisión y Glovisión, así como la CNN en español, tergiversaron la realidad de forma grotesca.
Desde hace algunas semanas, aunque en menor grado, los medios más conservadores de Bolivia, así como varios medios internacionales, vienen realizando una clara campaña en contra del gobierno de Evo Morales, intentando desprestigiar su imagen. Algunos de ellos hablan de “guerra civil”, y de un “pueblo dividido”, y son comunes los títulos como el de uno de los sitios de Internet más leídos en Bolivia, “El Gobierno cumple ocho meses lleno de conflictos”, o el de un diario santacruceño, “Temores de guerra civil en Bolivia”.
Al mismo tiempo, se dan a conocer dudosas encuestas, como la publicada por la mayoría de las agencias internacionales hace algunos días, que afirma que la popularidad del presidente Evo Morales descendió once puntos en septiembre. El dato proviene de un relevo realizado por la empresa británico- uruguaya Equipos Mori (empresa multinacional con servicios en 30 países), que sólo consultó a mil personas y todas ellas en zonas urbanas. Evidentemente, el campo no es importante para la consultora, sector que, no por casualidad, ha sido y es actualmente el que mayor apoyo presta al gobierno de Morales.
Otro curioso dato estadístico reflejado por varios medios en estos días, afirma que existe un 56 por ciento de probabilidades de que una guerra civil se suceda en Bolivia. La cifra surge de un informe presentado a la Cancillería Argentina por el Grupo de Apoyo a las Colectividades Extranjeras, y se basa en un sistema utilizado por muchas consultoras de Estados Unidos, para evaluar la posibilidad de conflictos internos en los países donde hay inversiones económicas. A simple vista este modelo es tendencioso, ya que no puede explicarse cómo es posible poner en cifras cuantitativas aquellas incontables variables sociales y políticas que conducirían, eventualmente, a una guerra civil.
Pero aún hay otro punto de comparación entre el golpe de estado en Venezuela y la actual situación en Bolivia. Mientras los golpistas encabezados por Pedro Carmona continuaban ensuciando el tablero político, el 10 de Abril de 2002, el General Néstor Gonzáles Gonzales, salió en todos los medios de comunicación privados, declarando que “hay que decirle al presidente Chávez que se vaya, entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición.” Si bien es verdad que el presidente venezolano nunca terminó de perder el apoyo de su ejército, una fracción de este apoyó el golpe, y eso alcanzó para destituirlo del poder durante dos días.
En Bolivia el caso no llega a ser tan dramático, pero si merece que se le preste especial atención. Hace algunos días el ex comandante del Ejército de Bolivia, Marcelo Antezana, reveló que las Fuerzas Armadas están molestas por las supuestas intenciones del presidente Evo Morales de instalar un régimen "dictatorial y absolutista" y su adscripción al "eje Cuba-Venezuela". Además, aseguró que “el Ejército podría intervenir en caso de no cumplirse las promesas suscritas. ”Ante estas declaraciones, el actual comandante de las Fuerzas Armadas, General Wilfredo Vargas, aclaró que "no existe en este momento una hipótesis de guerra civil”.
Al mismo tiempo, hay que agregar la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que un prefecto (gobernador) del norte del país está entrenando a 100 hombres para conformar un grupo "paramilitar" con el fin de "desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales". Esto fue desmentido por parte del funcionario acusado, aunque el tema sigue en la justicia.
Ambos hechos parecen aislados y menores, pero dan cuenta de una intento por parte de los sectores opositores de querer instalar la idea de una guerra civil, o de la existencia de una crisis institucional que decante en una intervención militar. Bolivia está lejos de estos episodios, pero el accionar de estos sectores merece especial atención.
El punto que terminó de desestabilizar por completo a Venezuela en aquel 2002, fue el asesinato a sangre fría de decenas de militantes de la oposición en una marcha que se dirigía al Palacio de Miraflores. Los medios de comunicación se encargaron de mostrar imágenes de militantes chavistas disparando desde el Puente Llaguno, a la “pacífica manifestación del pueblo venezolano”. Tiempo después se demostraría que los disparos iban a una calle vacía (la marcha nunca pasó por allí), y que las muertes fueron producto de francotiradores funcionales a los sectores golpistas, que usaron a su propia gente como “carne de cañón”.
Desde hace meses, la oposición al gobierno de Morales está organizando marchas, y cortes de ruta en el oriente rico de Bolivia. Al mismo tiempo, varias manifestaciones pacíficas, llevadas a cabo por sectores indigenistas que reclaman la nacionalización de los hidrocarburos, fueron atacadas por grupos vinculados a la derecha. El caso más notorio es el del llamado comité de defensa de la democracia, una rama de la Unión Juvenil Cruceñista que funciona en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que opera con métodos paramilitares. Este grupo fue acusado de atacar con palos y balas a una columna de manifestantes campesinos que se encontraban bloqueando caminos hacia la zona petrolera.
Un superficial análisis de la situación coyuntural de Bolivia permite establecer que está muy lejana de una guerra civil, e incluso de un golpe de estado. El gobierno de Evo Morales tiene el apoyo de un enorme sector de la población boliviana, y su proyecto está encontrando un cauce institucional, así como un amplio apoyo internacional. Sin embargo, la experiencia de Venezuela demuestra que hay que prestar atención a estos movimientos oscuros de la derecha, los empresarios y de los medios de comunicación privados, que están siempre prestos a tomar el poder de cualquier manera, cada vez que sus intereses se vean en peligro.
raguirre@prensamercosur.com.ar
Por Roberto Aguirre
Desde la Redacción de APM (Agencia Periodistica del Mercosur)
En abril de 2002, Venezuela se convirtió en noticia de los diarios mundiales cuando un golpe de estado derrocó por dos días al presidente electo Hugo Chávez. El líder de la federación de empresarios, Pedro Carmona, asumió ilegítimamente el alto mando del país, mientras decenas de personas morían en la calle por la brutal represión policial. El trágico episodio finalizó cuando un grupo militar leal al gobierno chavista, recuperó el Palacio de Miraflores, y devolvió las garantías constitucionales e institucionales al país.
Hoy, a más de cuatro años de aquel efímero episodio, algunas de las “recetas” empleadas por los golpistas en Venezuela parecen repetirse en Bolivia. Si bien es verdad que el país está muy lejos de sufrir una situación similar ya que goza de un pleno funcionamiento institucional, así como de un superlativo apoyo al gobierno de Evo Morales, hay que prestarle atención a las acciones de la oposición boliviana que pretende embarrar el terreno, poniendo en marcha una campaña de desestabilización.
Hay varios temas que molestan a los empresarios de la rica provincia de Santa Cruz, así como a los sectores de la derecha recalcitrante y los funcionarios de la Casa Blanca. Pero es el proyecto de nacionalización de los hidrocarburos impulsado por el gobierno de Morales, el que representa la principal piedra en el camino para aquellos grupos de poder que no pretenden ceder nada, dentro de la carrera al socialismo que está transitando Bolivia.
En la nota titulada “Ponen en marcha la "Operación Camba", escrita por Víctor Ego Ducrot, y publicada por APM el 7de septiembre pasado, el periodista afirma que la conspiración de estos sectores arrancó “aquel 1 de mayo en que el gobierno elegido por abrumadora mayoría decidió poner en marcha el proceso de recuperación soberana de sus hidrocarburos, cumpliendo así con sus promesas electorales y satisfaciendo una de las demandas estratégicas más sentidas por la sociedad.”
Algo similar ocurrió en Venezuela en febrero de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez comenzó a hacer efectivo su proyecto de nacionalización del petróleo, y relevó a toda la cúpula directiva de la estatal PDVSA. Esto decantó en numerosas marchas orquestadas por la oposición, que serían en preámbulo del golpe de estado de abril.
También, hay que recordar que el proyecto de la nacionalización del petróleo venezolano se incluyó dentro de la reforma de la constitución, tema que por estos días es central en Bolivia. La Asamblea Constituyente está sumida en una profunda discusión metodológica impulsada por la derecha, que desconoce la soberanía y la capacidad de resolución de ese órgano, y que pretende frenar el proyecto de constitución impulsado por la bancada del MAS.
Volviendo a Venezuela, los sectores que comenzaron su férrea resistencia a la estatización del petróleo, continuaron su afán golpista con una magnífica campaña de prensa, cuyos fines eran desestabilizar al gobierno de Chávez y presentarlo ante el mundo como un dictador que llevaba al país hacía un comunismo totalitario. El documental “La revolución no será transmitida”, realizado por las irlandesas Kim Bartley y Donnacha O`Brien, demuestra hasta el hartazgo como las cadenas privadas Venevisión y Glovisión, así como la CNN en español, tergiversaron la realidad de forma grotesca.
Desde hace algunas semanas, aunque en menor grado, los medios más conservadores de Bolivia, así como varios medios internacionales, vienen realizando una clara campaña en contra del gobierno de Evo Morales, intentando desprestigiar su imagen. Algunos de ellos hablan de “guerra civil”, y de un “pueblo dividido”, y son comunes los títulos como el de uno de los sitios de Internet más leídos en Bolivia, “El Gobierno cumple ocho meses lleno de conflictos”, o el de un diario santacruceño, “Temores de guerra civil en Bolivia”.
Al mismo tiempo, se dan a conocer dudosas encuestas, como la publicada por la mayoría de las agencias internacionales hace algunos días, que afirma que la popularidad del presidente Evo Morales descendió once puntos en septiembre. El dato proviene de un relevo realizado por la empresa británico- uruguaya Equipos Mori (empresa multinacional con servicios en 30 países), que sólo consultó a mil personas y todas ellas en zonas urbanas. Evidentemente, el campo no es importante para la consultora, sector que, no por casualidad, ha sido y es actualmente el que mayor apoyo presta al gobierno de Morales.
Otro curioso dato estadístico reflejado por varios medios en estos días, afirma que existe un 56 por ciento de probabilidades de que una guerra civil se suceda en Bolivia. La cifra surge de un informe presentado a la Cancillería Argentina por el Grupo de Apoyo a las Colectividades Extranjeras, y se basa en un sistema utilizado por muchas consultoras de Estados Unidos, para evaluar la posibilidad de conflictos internos en los países donde hay inversiones económicas. A simple vista este modelo es tendencioso, ya que no puede explicarse cómo es posible poner en cifras cuantitativas aquellas incontables variables sociales y políticas que conducirían, eventualmente, a una guerra civil.
Pero aún hay otro punto de comparación entre el golpe de estado en Venezuela y la actual situación en Bolivia. Mientras los golpistas encabezados por Pedro Carmona continuaban ensuciando el tablero político, el 10 de Abril de 2002, el General Néstor Gonzáles Gonzales, salió en todos los medios de comunicación privados, declarando que “hay que decirle al presidente Chávez que se vaya, entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición.” Si bien es verdad que el presidente venezolano nunca terminó de perder el apoyo de su ejército, una fracción de este apoyó el golpe, y eso alcanzó para destituirlo del poder durante dos días.
En Bolivia el caso no llega a ser tan dramático, pero si merece que se le preste especial atención. Hace algunos días el ex comandante del Ejército de Bolivia, Marcelo Antezana, reveló que las Fuerzas Armadas están molestas por las supuestas intenciones del presidente Evo Morales de instalar un régimen "dictatorial y absolutista" y su adscripción al "eje Cuba-Venezuela". Además, aseguró que “el Ejército podría intervenir en caso de no cumplirse las promesas suscritas. ”Ante estas declaraciones, el actual comandante de las Fuerzas Armadas, General Wilfredo Vargas, aclaró que "no existe en este momento una hipótesis de guerra civil”.
Al mismo tiempo, hay que agregar la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que un prefecto (gobernador) del norte del país está entrenando a 100 hombres para conformar un grupo "paramilitar" con el fin de "desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales". Esto fue desmentido por parte del funcionario acusado, aunque el tema sigue en la justicia.
Ambos hechos parecen aislados y menores, pero dan cuenta de una intento por parte de los sectores opositores de querer instalar la idea de una guerra civil, o de la existencia de una crisis institucional que decante en una intervención militar. Bolivia está lejos de estos episodios, pero el accionar de estos sectores merece especial atención.
El punto que terminó de desestabilizar por completo a Venezuela en aquel 2002, fue el asesinato a sangre fría de decenas de militantes de la oposición en una marcha que se dirigía al Palacio de Miraflores. Los medios de comunicación se encargaron de mostrar imágenes de militantes chavistas disparando desde el Puente Llaguno, a la “pacífica manifestación del pueblo venezolano”. Tiempo después se demostraría que los disparos iban a una calle vacía (la marcha nunca pasó por allí), y que las muertes fueron producto de francotiradores funcionales a los sectores golpistas, que usaron a su propia gente como “carne de cañón”.
Desde hace meses, la oposición al gobierno de Morales está organizando marchas, y cortes de ruta en el oriente rico de Bolivia. Al mismo tiempo, varias manifestaciones pacíficas, llevadas a cabo por sectores indigenistas que reclaman la nacionalización de los hidrocarburos, fueron atacadas por grupos vinculados a la derecha. El caso más notorio es el del llamado comité de defensa de la democracia, una rama de la Unión Juvenil Cruceñista que funciona en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que opera con métodos paramilitares. Este grupo fue acusado de atacar con palos y balas a una columna de manifestantes campesinos que se encontraban bloqueando caminos hacia la zona petrolera.
Un superficial análisis de la situación coyuntural de Bolivia permite establecer que está muy lejana de una guerra civil, e incluso de un golpe de estado. El gobierno de Evo Morales tiene el apoyo de un enorme sector de la población boliviana, y su proyecto está encontrando un cauce institucional, así como un amplio apoyo internacional. Sin embargo, la experiencia de Venezuela demuestra que hay que prestar atención a estos movimientos oscuros de la derecha, los empresarios y de los medios de comunicación privados, que están siempre prestos a tomar el poder de cualquier manera, cada vez que sus intereses se vean en peligro.
raguirre@prensamercosur.com.ar
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