Co-Latino
Aunque los detalles de su propuesta serán revelados esta tarde, el FMLN adelantó a Diario Co Latino que su política de seguridad ciudadana incluye medidas de prevención y reacción, cuya concreción demandará de un franco diálogo nacional.
En efecto, la política de seguridad que pretende discutir con todos los sectores del país, necesitará de la acción coordinada del Congreso, el Ejecutivo, instituciones judiciales, alcaldías y gremiales con la ciudadanía en general.
Esto, porque la propuesta incluye aprobación de leyes, reorientación de instituciones, refuerzo a gobiernos locales y participación ciudadana en la discusión y aplicación de las medidas tendientes a reducir los altos niveles de inseguridad y violencia que viven el país.
“Esta es una propuesta de país, que busca resolver un problema que afecta a todos”, dice Benito Lara, miembro de la dirección del FMLN y de la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento. “Su concreción iniciará con un cambio de actitud del Ejecutivo”, sostiene.
Lara espera que el presidente Elías Saca, reconozca que en materia de seguridad ciudadana ha sido un rotundo fracaso, muestre voluntad política para resolver un problema que no puede controlar y decida enfrentar con sus causas, especialmente las estructurales.
“La inseguridad y la delincuencia son un problema multicausal, que fue profundizado por los planes “mano dura” de los gobiernos de ARENA”, señala. “Cifras oficiales comprueban el aumento de la criminalidad después de sus medidas represivas”, asegura. Lara identifica al desempleo, marginación y falta de oportunidades, sobre todo, para los jóvenes, como algunos de los factores que promueven la delincuencia. También la desintegración familiar, los contenidos mediáticos que incitan a la violencia y la ineficacia institucional.
“La derecha, especialmente ARENA, utiliza este problema para acusar al FMLN, atemorizar al pueblo y ganar adeptos; pero, ahora debe disculparse y aceptar el llamado al diálogo nacional que estamos haciendo para evitar que el país se hunda más en la violencia”, exhorta Lara.
Los costos de la delincuencia
El diagnóstico del FMLN incluye cálculos sobre los costos del Estado, la ciudadanía y las empresas debido a la situación delictiva. Citando al PNUD, Lara afirma que el país gasta el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), en la atención de los efectos de la delincuencia.
Lara sostiene que el sistema de salud gasta 37.6 millones de dólares anuales en atender a víctimas de la delincuencia, y que en el mismo período las familias salvadoreñas invierten 89.9 millones de dólares en servicios de seguridad privada y en acciones de seguridad.
Sumando los 293.5 millones de dólares anuales que en seguridad gastan las empresas, el costo de la delincuencia alcanza 410.7 millones de dólares. “Con esto becaríamos a miles de estudiantes, construiríamos 8 mil 800 viviendas al año y crearíamos medio millón de empleos”, dice.
“Lo que gastamos por la inseguridad y delincuencia, podría invertirse en salud, educación, servicios básicos, reactivación productiva”, considera. “Gasta el Estado, la ciudadanía y las empresas; y ganan sólo las ventas de armas y las compañías de seguridad privada”, señala.
Elementos de la propuesta
El FMLN plantea acciones de prevención y reacción, que ataquen las causas estructurales e inmediatas. Las primeras buscan disminuir el desempleo, incrementando la inversión en salud, educación y reactivación de la productividad; las segundas, el desarme, el cambio institucional y la participación ciudadana. “Buscamos reducir los factores derivados del modelo económico, pero también mejorar la actuación policial, reorientar la ANSP, hacer eficientes los procesos judiciales, prohibir la importación y venta de armas, y regular su tenencia y portación”, explica Lara.
En la prevención, el Frente propone fortalecer los presupuestos municipales, por eso insiste en que se incremente el FODES y darles el 25% del FOVIAL; también las alcaldías promoverán la participación ciudadana en la aprobación de ordenanzas de convivencia social.
“Los municipios invertirán en las comunidades, generarán empleo, impulsarán la prevención de acciones antisociales, sin descartar la posibilidad de acciones conjuntas de los CAM con la PNC. “Con esto, ambos cuerpos policiales serían más comunitarios y preventivos”, considera.
En cuanto a la Policía, el Frente plantea incrementar el presupuesto de investigación, laboratorios científicos, compra de equipo técnico y aumento salarial a los agentes; pero, sobre todo, depuración y dirección civil, retomado el espíritu de los Acuerdos de Paz.
El FMLN hace énfasis en una ley que prohiba la importación y venta de armas y regule su tenencia y portación.
“El desarme de los delincuentes es clave, porque, cifras oficiales indican que más del 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego”, señala.
Aunque los detalles de su propuesta serán revelados esta tarde, el FMLN adelantó a Diario Co Latino que su política de seguridad ciudadana incluye medidas de prevención y reacción, cuya concreción demandará de un franco diálogo nacional.
En efecto, la política de seguridad que pretende discutir con todos los sectores del país, necesitará de la acción coordinada del Congreso, el Ejecutivo, instituciones judiciales, alcaldías y gremiales con la ciudadanía en general.
Esto, porque la propuesta incluye aprobación de leyes, reorientación de instituciones, refuerzo a gobiernos locales y participación ciudadana en la discusión y aplicación de las medidas tendientes a reducir los altos niveles de inseguridad y violencia que viven el país.
“Esta es una propuesta de país, que busca resolver un problema que afecta a todos”, dice Benito Lara, miembro de la dirección del FMLN y de la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento. “Su concreción iniciará con un cambio de actitud del Ejecutivo”, sostiene.
Lara espera que el presidente Elías Saca, reconozca que en materia de seguridad ciudadana ha sido un rotundo fracaso, muestre voluntad política para resolver un problema que no puede controlar y decida enfrentar con sus causas, especialmente las estructurales.
“La inseguridad y la delincuencia son un problema multicausal, que fue profundizado por los planes “mano dura” de los gobiernos de ARENA”, señala. “Cifras oficiales comprueban el aumento de la criminalidad después de sus medidas represivas”, asegura. Lara identifica al desempleo, marginación y falta de oportunidades, sobre todo, para los jóvenes, como algunos de los factores que promueven la delincuencia. También la desintegración familiar, los contenidos mediáticos que incitan a la violencia y la ineficacia institucional.
“La derecha, especialmente ARENA, utiliza este problema para acusar al FMLN, atemorizar al pueblo y ganar adeptos; pero, ahora debe disculparse y aceptar el llamado al diálogo nacional que estamos haciendo para evitar que el país se hunda más en la violencia”, exhorta Lara.
Los costos de la delincuencia
El diagnóstico del FMLN incluye cálculos sobre los costos del Estado, la ciudadanía y las empresas debido a la situación delictiva. Citando al PNUD, Lara afirma que el país gasta el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), en la atención de los efectos de la delincuencia.
Lara sostiene que el sistema de salud gasta 37.6 millones de dólares anuales en atender a víctimas de la delincuencia, y que en el mismo período las familias salvadoreñas invierten 89.9 millones de dólares en servicios de seguridad privada y en acciones de seguridad.
Sumando los 293.5 millones de dólares anuales que en seguridad gastan las empresas, el costo de la delincuencia alcanza 410.7 millones de dólares. “Con esto becaríamos a miles de estudiantes, construiríamos 8 mil 800 viviendas al año y crearíamos medio millón de empleos”, dice.
“Lo que gastamos por la inseguridad y delincuencia, podría invertirse en salud, educación, servicios básicos, reactivación productiva”, considera. “Gasta el Estado, la ciudadanía y las empresas; y ganan sólo las ventas de armas y las compañías de seguridad privada”, señala.
Elementos de la propuesta
El FMLN plantea acciones de prevención y reacción, que ataquen las causas estructurales e inmediatas. Las primeras buscan disminuir el desempleo, incrementando la inversión en salud, educación y reactivación de la productividad; las segundas, el desarme, el cambio institucional y la participación ciudadana. “Buscamos reducir los factores derivados del modelo económico, pero también mejorar la actuación policial, reorientar la ANSP, hacer eficientes los procesos judiciales, prohibir la importación y venta de armas, y regular su tenencia y portación”, explica Lara.
En la prevención, el Frente propone fortalecer los presupuestos municipales, por eso insiste en que se incremente el FODES y darles el 25% del FOVIAL; también las alcaldías promoverán la participación ciudadana en la aprobación de ordenanzas de convivencia social.
“Los municipios invertirán en las comunidades, generarán empleo, impulsarán la prevención de acciones antisociales, sin descartar la posibilidad de acciones conjuntas de los CAM con la PNC. “Con esto, ambos cuerpos policiales serían más comunitarios y preventivos”, considera.
En cuanto a la Policía, el Frente plantea incrementar el presupuesto de investigación, laboratorios científicos, compra de equipo técnico y aumento salarial a los agentes; pero, sobre todo, depuración y dirección civil, retomado el espíritu de los Acuerdos de Paz.
El FMLN hace énfasis en una ley que prohiba la importación y venta de armas y regule su tenencia y portación.
“El desarme de los delincuentes es clave, porque, cifras oficiales indican que más del 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego”, señala.
El Frente es consciente de los intereses económicos que serían afectados por estas medidas: “Es el negocio de gente de poder en ARENA”, sostiene Lara. “Pero la propuesta será presentada y estará el reto si queremos resolver este problema, por eso llamamos al diálogo”, concluye.
La propuesta se construyó con la colaboración de la PNC, PDDH, IUDOP, Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y otras instituciones que aportaron información y puntos de vista sobre qué acciones deben implementarse en el corto, mediano y largo plazo para resolver el problema delictivo.
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