UN MOMENTO CRUCIAL PARA EVALUAR LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL SALVADOR.
Las organizaciones e instituciones firmantes, ante la grave situación que vive el país, a la comunidad nacional e internacional, EXPONEMOS:
1. Los Hechos
El cinco de julio del año en curso, se realizó una marcha en protesta por el incremento en el costo de la vida: el alza a las tarifas del transporte público, a la energía eléctrica, al agua potable, al combustible; pero además, se demandaba el aumento al salario mínimo.
Entre las organizaciones participantes se encontraban estudiantes de la Universidad de El Salvador, UES, del Instituto Francisco Menéndez, INFRAMEN, y organizaciones del sector informal, entre otras. Los estudiantes demandaban el pago de medio pasaje del transporte público.
La marcha tuvo varios puntos de partida, uno de ellos fue el INFRAMEN, ubicado en la 25 Avenida Norte, a la altura del campus de la UES; esta no tuvo oportunidad de caminar muy lejos.
Desde tempranas horas del día se observaba una fuerte presencia policial en este lugar, y fue alrededor de las nueve de la mañana cuando comenzó la espiral de violencia, que dejó como saldo dos agentes de policía muertos y por lo menos diez heridos del cuerpo policial; resultó también lesionado un empleado administrativo de la UES, que se encontraba en el interior de la universidad.
En los disturbios se lanzaron piedras, gases lacrimógenos, granadas hechizas y proyectiles de armas de fuego de corto y grueso calibre, disparados por individuos armados mezclados en la marcha y miembros de la UMO, cuerpo élite de la PNC.
Otras consecuencias fueron la de varias decenas de manifestantes capturados, entre ellos menores de edad; niños y niños del Hospital Benjamín Bloom afectados por la ocupación de sus instalaciones, así como por el gas pimienta que se dispersó en la zona; el ataque brutal a un menor de edad por parte de los policías y la violación a la integridad física y moral de la comunidad universitaria.
Es importante señalar los inadecuados procedimientos de la Policía Nacional Civil, PNC, sobre la gradualidad en el uso de la fuerza y el uso de esta como primera medida en el conflicto; en esta ocasión como en otras precedentes, se constituye como elementos necesarios al analizar los sucesos. La cúpula de la PNC debe tener en cuenta que quienes pagan las consecuencias de estas decisiones son los agentes policiales y la población en general.
2. El contexto nacional en el que se desarrollan los acontecimientos
El 2 de julio anterior, fueron torturados y asesinados brutalmente, la señora Juana Monjarás de Manzanares y el señor Francisco Antonio Manzanares, en su casa de habitación, en el Barrio La Cruz, en Suchitoto, departamento de Cuscatlán. “Según los informes, su asesinato fue especialmente brutal, con señales de extrema violencia: los habían degollado, les habían untado la cara con cal y había señales de que habían intentado quemar sus cuerpos y la escena del crimen.”[1]
Los asesinados son la madre y el padre de Marina Manzanares Monjarás, conocida como “Mariposa”, activista política, quien trabajó en la Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí, durante el conflicto armado y que, al igual que sus padres, ha venido recibiendo amenazas de muerte; con el antecedente que el 8 de octubre de 1996 fue asesinado Francisco Manzanares, su hermano, también activista político, lo que Amnistía Internacional consideró en su momento, una ejecución extrajudicial.
El Salvador, es hoy por hoy, uno de los países más inseguros de América Latina. En el primer semestre de 2006 la PNC registró 1830 asesinatos, 92 más que en el mismo período del 2005; las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias son una realidad, sin que las autoridades responsables investiguen a profundidad los casos; ejemplo de ello, es que desde 1997 a agosto de 2005, se ha llevado un registro de los homicidios que son casos de posibles ejecuciones extrajudiciales de jóvenes y adultos. Desde entonces, según el seguimiento suman 934 homicidios en estas circunstancias, dándose el mayor numero de casos en el 2001, con 442 personas que habrían sido asesinadas en El Salvador en circunstancias que podrían indicar la presencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales. [2]
En esta realidad, son víctimas siempre presentes, las mujeres, la niñez y la juventud. Según datos de La Prensa Gráfica [3], un total de 21 menores, desde los 5 meses de nacidos hasta los 15 años, han sido asesinados, en distintas circunstancias, entre enero y abril de este año. En El Salvador, a niñez y la juventud en situación de pobreza, se les tiene estigmatizados como delincuentes.
En los últimos tres años la criminalidad hacia las mujeres también se ha incrementado. De acuerdo con un monitoreo de prensa, en el 2003 se reportaban a través de prensa escrita, 77 homicidios de mujeres, incrementándose a 190 en el 2005. Siendo las victimas niñas y mujeres jóvenes, quedando la mayoría de estos casos en hechos noticiosos y en la impunidad.[4]
Los índices de violencia hacia las mujeres van en incremento sin que los programas de seguridad las consideren como sujetas de agresión y criminalidad. Se está incumpliendo diversos acuerdos y recomendaciones nacionales e internacionales como la Convención de Belem do Para, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional en noviembre del 2005 y la Ley de Violencia Intrafamiliar.
De acuerdo al Departamento de Registro y Decomiso de Armas de Fuego del Ministerio de Defensa Nacional, existen 201,457 armas registradas en el país, de estas 152,437 son armas cortas, mientras que 49,020 son armas largas; asimismo en el 2005 se matricularon 27,998 armas más. Estas cifras oficiales revelan que en El Salvador “una de cada diez personas mayores de 13 años posee un arma de fuego.”[5]
Esta situación se da en un contexto de exclusión, marginación social y económica para la mayoría de la población salvadoreña; de estancamiento de la economía, de una mayor concentración de la riqueza, de salarios bajos y desempleo, carencia de moneda propia, con una inflación galopante y con un grave déficit fiscal; realidad en la cual, miles de personas, en su mayoría mujeres, han sido despedidas de las fábricas maquileras; igual suerte han corrido las y los trabajadores del sector público.
La histórica violación de los derechos económicos sociales y culturales se ha profundizado; la población afectada, encuentra en la protesta social la única forma de demandar mejores condiciones de vida y de respeto a sus derechos humanos.
Esta realidad se ve agravada por la infuncionalidad de las instituciones del Estado y de las leyes; el irrespeto a la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia, la cual se encuentra secuestrada por el poder fáctico y el presidencialismo, anulando así el Estado de Derecho. La Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, responden sin dudas a los lineamientos del Órgano Ejecutivo, y éste a los intereses de un reducido grupo que hegemoniza la economía y el mercado, beneficiandose activamente de los tratados comerciales, la globalización y la llamada apertura comercial.
El Órgano Judicial presenta un doble escenario: Algunos jueces y juezas, así como algunos magistrados de Cámara y de Corte Suprema, se esfuerzan por cumplir con su deber y se someten nada más que a la Constitución y a la Ley, pero otros actúan en complacencia y connivencia con el autoritarismo y la violación a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
La mayoría de las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están sometidos también a esta realidad; aquellos que no están en esta línea, están siendo objeto de irrespeto, amenazas y exclusión; la independencia judicial es en este momento una de las garantías más atacadas por el poder.
Llamamos la atención sobre el rol que juegan algunos medios de comunicación social, que se han apartado de los principios éticos en el ejercicio del periodismo, incurriendo en prácticas como la manipulación de la información y la deficiencia en la investigación periodística, negando así la posibilidad de que el público tenga opciones para un análisis correcto de la realidad y por ende, el derecho a la información veraz y de calidad.
El momento que vive el país es muy delicado. El cierre de espacios políticos ganados después de 12 años de guerra, puede acrecentar los niveles de violencia, tanto social como gubernamental.
3. Ante los hechos ya descritos:
3.1. Condenamos enérgicamente el asesinato de la señora y el señor Manzanares ocurrido en Suchitoto el 2 del mes en curso, así como el de los dos agentes de la UMO y las lesiones causadas a un número aun indeterminado de personas, en los hechos violentos del 5 de julio.
3.2. Condenamos enérgicamente la utilización de una manifestación ciudadana pacifica, para generar actos violentos, que además de que son irresponsables políticamente, ponen en peligro la seguridad y la integridad física de las personas participantes.
3.3. Rechazamos el vandalismo, el uso indebido de la fuerza y la incapacidad de las autoridades para responder adecuada y profesionalmente en situaciones de conflicto.
3.4. Rechazamos el aprovechamiento partidario-electoral de acontecimientos tan lamentables, lo cual se ha traducido en expresiones injuriosas por parte del Presidente de la República, de miembros del Gabinete de Gobierno y de personeros de la oposición, que sin ninguna base probatoria, de manera aventurera, e irrespetuosa de la tragedia que vive este pueblo, se atribuyen responsabilidades mutuas en estos lamentables hechos; generando el riesgo de que la búsqueda de la verdad sea relegada, en pos de la defensa de posiciones partidarias.
Por todo lo anterior, EXIGIMOS:
1. Que se realice una profunda e imparcial investigación de los graves sucesos ocurridos en Suchitoto el día dos del mes en curso, debiendo investigar además la existencia de grupos de exterminio en el país y la cada vez más evidente posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, algunas ya con motivación política.
2. Que se realice una profunda e imparcial investigación de los hechos violentos ocurridos en los alrededores de la Universidad de El Salvador, el cinco del mes en curso. En ambos casos deberá realizarse una investigación encaminada a buscar la verdad objetiva de los acontecimientos, garantizando que caiga sobre los culpables el peso de la ley, evitando dejar en la población mensajes de impunidad, de manipulación institucional y aprovechamiento partidario de situaciones tan dolorosas y preocupantes para el presente y el futuro de la nación salvadoreña. Es inexcusable que tanto la Fiscalia General de la República, FGR, como la PNC , se encuentren aferrados a una sola línea de investigación, sin tener en cuenta las distintas hipótesis hasta ahora presentadas, las cuales deberían considerarse, así como otras que aparezcan en el curso de la investigación.
3. Que se dé muestras concretas de respeto a la Constitución y de la vigencia del Estado de Derecho; permitiendo sin interferencias, el funcionamiento de la institucionalidad del Estado. La FGR, la PNC y el Órgano Judicial deben someterse exclusivamente a los mandatos de la Constitución y la Ley.
4. Respeto a la independencia judicial, la cual es una garantía para el acceso a la justicia de la población y una responsabilidad para quienes deben impartir justicia. En tal sentido demandamos de la Corte Suprema de Justicia un actuar consecuente con el el respeto al Órgano Judicial y exigencia a la Separación de Poderes.
5. El respeto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad estatal, de naturaleza Constitucional a quien corresponde la responsabilidad de velar por el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
6. El respeto a la población, a sus instituciones y a la labor que realizan.
7. La búsqueda de soluciones estructurales a la crisis social y económica que vive la población, especialmente las mujeres y los sectores más empobrecidos evitando seguir con propuestas que han demostrado ser ineficaces y que únicamente buscan la represión y el control social, como es el caso del anteproyecto de Ley especial contra actos de terrorismo.
8. La responsabilidad de los medios de comunicación social de informar con profesionalismo y ética; es su responsabilidad comunicar la verdad de los hechos, sin manipulación intencionada.
[1]Decreto Legislativo No. 45 de 6 de julio 2006
Llamamos:
1. A la Comunidad Internacional, a estar atenta a los acontecimientos nacionales:
1.1. Al intento de aprobar la Ley Especial contra actos de terrorismo.
1.2. A la aprobación de reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales [1] con base en la cual, el control difuso de la constitucionalidad (facultad de las y los jueces para declarar inaplicable la ley, a casos concretos, por resultar incompatible con mandatos constitucionales) queda sometido a la determinación de la Sala de lo Constitucional, violentando así la independencia judicial y reformando en una ley secundaria, un mandato de ley primaria.
1.3. Las medidas encaminadas a limitar, por parte de los funcionarios del gobierno, el núcleo de las libertades individuales.
1.4. La campaña de intimidación a que se tiene sometida a la población.
2. A las Naciones Unidas y al Grupo de Países Amigos para los Acuerdos de Paz, a verificar el estado actual del cumplimiento de los Acuerdos; la responsabilidad asumida por dichos entes en todo el proceso vivido por nuestro pueblo, durante y post conflicto, les demanda la inexcusable responsabilidad de dar un seguimiento severo a los logros obtenidos en 1992.
3. A las Naciones Unidas, a que interponga sus buenos oficios para establecer una investigación independiente e imparcial sobre los hechos que están ocurriendo en El Salvador; específicamente aquellos que están poniendo en riesgo la estabilidad política y la construcción de democracia.
4. A la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a que se mantenga firme en su actuación; defender los derechos humanos de la población y la institucionalidad que representa, es una responsabilidad histórica, debemos recordar que la PDDH es una de las hijas predilectas de los Acuerdos de Paz; debe saber que cuenta con nuestro respaldo, acompañamiento y respeto.
5. A la población salvadoreña, a apropiarse de su calidad de sujetos y sujetas de derecho, y exigir el cese de la violencia, poniendo especial énfasis, en el cese de la violencia estructural que es la causa de todas las otras formas de violencia desatadas en nuestro país; y a estar atenta a los acontecimientos nacionales para que podamos impedir que se consolide el retroceso autoritario en nuestro incipiente proceso de democratización. Las organizaciones firmantes reivindicamos el derecho de la población a manifestarse públicamente, en uso legítimo de las libertades constitucionales. Cualquier restricción al libre ejercicio de estos derechos, debe interpretarse como una grave violación a derechos humanos fundamentales.
San Salvador, 26 de julio de 2006
ASOCIACIÓN PROBIDAD
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS, APROCSAL
ASOCIACIÓN MUJERES POR LA DIGNIDAD Y LA VIDA, LAS DIGNAS
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONS JURÍDICAS DE EL SALVADOR, CEIJES.
CENTRO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS MADELEINE LAGADEC
CENTRO PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, CDC
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR, CDHES
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE EL SALVADOR, CEBES
CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA
COORDINARORA ECUMÉNICA DE LA IGLESIA DE LOS POBRES, CEIPES
FEDERACIÓN SINDICAL DE EL SALVADOR, FESS
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO, FESPAD
FUNDACIÓN HERMANO MERCEDES RUIZ, FUNDAMHER
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE EMPRESAS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ABA
IGLESIA BAUTISTA ENMANUEL DE EL SALVADOR, IBE
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER, IMU
MOVIMIENTO DE MUJERES MÉLIDA ANAYA MONTES, MAM
TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO, TLA
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[1]Decreto Legislativo No. 45 de 6 de julio 2006
