Redacción Diario Co Latino
Miembros de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, (MPGR), interpusieron una denuncia ante organismos internacionales, por lo que consideraron “torturas psicológicas”, contra dirigentes de CRIPDES y población civil.
El lanzamiento de la política del agua en Suchitoto, llevó a varias comunidades a protestar, pero, fueron disueltos por la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), que terminó con 14 detenidos y varios lesionados.
La doctora Jeannette Alvarado expresó, que el ente policial sobrepasó los límite de tolerancia y que «Hubo excesivo uso de fuerza policial”. Si el Estado está reprimiendo a la gente en la calle, debe ser fiscalizado por entes internacionales que velan por los derechos humanos, dijo.
«Hemos retrocedido a los años setenta, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado; están amedrentando a la gente, para que no participe y se exprese. Por eso, hemos puesto, las denuncias puntuales en Amnistía Internacional, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos volver al pasado», comentó.
Por su parte, David Vásquez afirmó que en las primeras declaraciones de miembros del CRIPDES, tras ser capturadas, señalaron maltrato moral por parte de los elementos policiales que les transportaron por helicóptero a Cojutepeque.
«Nos dijeron que cuando las llevaban con esposas y sus brazos hacia atrás, y la nave había tomado altura comenzaron a amenazarlas, que las podrían lanzar en pleno vuelo, burlándose de ellas. Esto no se puede repetir en la historia del país, la tortura de la policía contra la sociedad civil», señaló.
César Campos agregó, que la ciudadanía debe estar atenta y no dejarse manipular por algunos medios de comunicación, quienes habían registrado los hechos, como si las víctimas, fueron los atacantes, faltando al derechos de justicia y verdad, de los y las salvadoreñas.
«Nosotros no queremos que se privatice ni el agua, ni salud, porque eso significa privatizar la vida, y eso no es justo para el pueblo salvadoreño», sostuvo.
Las organizaciones agregaron que iniciarán una serie de actos públicos para pedir el cese de la represión que buscar acallar el movimiento social y solicitaron más atención a la comunidad internacional, sobre estos hechos.
Representantes de CRIPDES-CORDES aseguraron que hasta la fecha ya han enviado cartas a diferentes instituciones estatales, entre ellas: la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia a fin de exigirles la liberación de los cuatro miembros de la junta directiva que fueron detenidos en la carretera hacia Suchitoto.
Agregaron que las detenciones “forman parte de la política de represión que el gobierno esta impulsando en contra de los líderes y liderezas de las organizaciones sociales”, expresó Bernardo Belloso, tesorero de CRIPDES.
A juicio de esta organización, de la cual su presidenta Lorena Martínez fue capturada el pasado lunes en los disturbios, representan un retroceso en el proceso democratizador del país.
Además, advirtieron que el Estado impulsa una instauración de una política de terrorismo contra aquellos que se opongan a las políticas gubernamentales.
Personeros de CRIPDES; piden a la vez que la PDDH se pronuncie en torno a estos hechos, que han impactado en el movimiento social.
Por su parte, Sigfrido Reyes, secretario de comunicación del FMLN calificó de “brutalidad policial” la actuación de las unidades de la policía que el pasado lunes “reprimieron a una población pacífica”.
Miembros de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, (MPGR), interpusieron una denuncia ante organismos internacionales, por lo que consideraron “torturas psicológicas”, contra dirigentes de CRIPDES y población civil.
El lanzamiento de la política del agua en Suchitoto, llevó a varias comunidades a protestar, pero, fueron disueltos por la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), que terminó con 14 detenidos y varios lesionados.
La doctora Jeannette Alvarado expresó, que el ente policial sobrepasó los límite de tolerancia y que «Hubo excesivo uso de fuerza policial”. Si el Estado está reprimiendo a la gente en la calle, debe ser fiscalizado por entes internacionales que velan por los derechos humanos, dijo.
«Hemos retrocedido a los años setenta, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado; están amedrentando a la gente, para que no participe y se exprese. Por eso, hemos puesto, las denuncias puntuales en Amnistía Internacional, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos volver al pasado», comentó.
Por su parte, David Vásquez afirmó que en las primeras declaraciones de miembros del CRIPDES, tras ser capturadas, señalaron maltrato moral por parte de los elementos policiales que les transportaron por helicóptero a Cojutepeque.
«Nos dijeron que cuando las llevaban con esposas y sus brazos hacia atrás, y la nave había tomado altura comenzaron a amenazarlas, que las podrían lanzar en pleno vuelo, burlándose de ellas. Esto no se puede repetir en la historia del país, la tortura de la policía contra la sociedad civil», señaló.
César Campos agregó, que la ciudadanía debe estar atenta y no dejarse manipular por algunos medios de comunicación, quienes habían registrado los hechos, como si las víctimas, fueron los atacantes, faltando al derechos de justicia y verdad, de los y las salvadoreñas.
«Nosotros no queremos que se privatice ni el agua, ni salud, porque eso significa privatizar la vida, y eso no es justo para el pueblo salvadoreño», sostuvo.
Las organizaciones agregaron que iniciarán una serie de actos públicos para pedir el cese de la represión que buscar acallar el movimiento social y solicitaron más atención a la comunidad internacional, sobre estos hechos.
Representantes de CRIPDES-CORDES aseguraron que hasta la fecha ya han enviado cartas a diferentes instituciones estatales, entre ellas: la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia a fin de exigirles la liberación de los cuatro miembros de la junta directiva que fueron detenidos en la carretera hacia Suchitoto.
Agregaron que las detenciones “forman parte de la política de represión que el gobierno esta impulsando en contra de los líderes y liderezas de las organizaciones sociales”, expresó Bernardo Belloso, tesorero de CRIPDES.
A juicio de esta organización, de la cual su presidenta Lorena Martínez fue capturada el pasado lunes en los disturbios, representan un retroceso en el proceso democratizador del país.
Además, advirtieron que el Estado impulsa una instauración de una política de terrorismo contra aquellos que se opongan a las políticas gubernamentales.
Personeros de CRIPDES; piden a la vez que la PDDH se pronuncie en torno a estos hechos, que han impactado en el movimiento social.
Por su parte, Sigfrido Reyes, secretario de comunicación del FMLN calificó de “brutalidad policial” la actuación de las unidades de la policía que el pasado lunes “reprimieron a una población pacífica”.
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