Proceso
UCA
En días recientes, dos noticias relativas a los comicios de 2009 han sido difundidas por la prensa. Por un lado, los partidos políticos, representados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), llegaron a un acuerdo para realizar las elecciones municipales y legislativas separadas de las presidenciales.
Por el otro, la máxima instancia en materia de comicios también declaró improcedente el voto residencial, sin criterios del todo válidos al efectuar el análisis de su viabilidad en el país. Ambas decisiones traen consigo implicaciones para la futura realización de las elecciones y merecen, por tanto, una reflexión, sobre todo en términos de ganancias para los actores involucrados.
En primer lugar, a todas luces estas decisiones han obedecido más a coyunturas políticas e intereses partidarios que a lineamientos técnicos confiables o a la viabilidad de su implementación. Así pues, cada partido político ha querido impulsar las medidas más convenientes y ajustadas a sus fines, sin buscar el avance del país en el perfeccionamiento del proceso electoral.
En segundo lugar, las resoluciones del TSE constatan una vez más las ventajas que trae, debido al actual diseño institucional, la participación de los partidos dentro de las instancias encargadas de los comicios. En ese sentido, el ritmo de incorporación de cambios en el actual sistema electoral depende más de los arreglos entre los institutos políticos, que del bien común de los salvadoreños y salvadoreñas.
Esta tendencia del predominio de los intereses partidistas por sobre los colectivos no contribuye en nada a sanear la incipiente democracia procedimental en el país. Es necesario, pues, que los partidos políticos sean dejados fuera de ese ámbito, como mecanismo de seguridad para evitar la manipulación de estos procesos. Una reforma en esta línea, no obstante, está lejos de ser posible, pues los partidos han confi ado de manera ciega en esta confi guración del máximo organismo electoral como un refl ejo de la representación política, del pluralismo y, sobre todo, de la garantía para evitar fraudes. Sin embargo, la realidad ha mostrado lo contrario: el actual funcionamiento del TSE responde más a la lógica de la distribución de poder y negociación de intereses en su seno que a la transparencia electoral.
Elecciones separadas
Desde mediados de 2006, los partidos políticos iniciaron sus movimientos de cara a las elecciones de 2009, año en el que se decidirán todos los cargos públicos mediante elección popular. En ese sentido, los partidos mayoritarios, ARENA y FMLN, se mostraron desde un inicio a favor de la separación de los comicios. Sin embargo, ambos institutos la consideraban sólo como una opción posible entre las alternativas sugeridas por otros actores.
A manera de contraste, el PCN sí se mostró desde un inicio interesado en lograr la separación de los eventos electorales. Su argumento era el posible efecto que, en elecciones concurrentes, tendría el arrastre de los partidos mayoritarios, lo cual dejaría en desventaja a los partidos minoritarios; es decir, estarían condenados a desaparecer. Sin embargo, este argumento demostró pronto su debilidad, pues en las elecciones de 2004 tanto el PCN como el PDC no alcanzaron el umbral mínimo de votos, por lo cual su existencia debía fi nalizar. No obstante, ambos partidos fueron “resucitados”, tras una resolución más que discutible de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, es otro el interés de por medio para el PCN. Al ser el principal impulsor de la separación de las elecciones busca garantizarse una cuota de representación legislativa similar a la adquirida habitualmente. De igual manera, la realización de eventos electorales separados daría continuidad a su maridaje con ARENA. Por si fuera poco, el secretario general del partido de las manitas, Ciro Cruz Zepeda, también ha propuesto revivir la circunscripción nacional, que posibilitaba el acceso de los partidos a una representación nacional.
En definitiva, salta a la vista que el PCN desea mantener sus posiciones de poder e influencia en la política nacional, por ello no es de extrañar que su máximo dirigente busque afianzar la estabilidad de su partido dentro de las estructuras gubernamentales a cómo dé lugar. Al margen de los cálculos partidistas, la nueva disposición no sólo produce un aumento en los costos de los comicios, sino que, además, brindará un mayor tiempo de exposición de las campañas electorales. De igual modo, podría incidir en la participación de la ciudadanía, pues dos eventos electorales en un mismo año pudieran provocar ausentismo.
Voto residencial
Junto al anuncio de elecciones separadas, el TSE también hizo pública la no factibilidad del voto residencial en el país. Sin embargo, las razones esgrimidas para tal resolución son cuestionables. Si se revisan los argumentos del TSE sobre el tema, se encontrará que ha habido diversos hechos considerados causales de la inviabilidad de este esquema de votación.
En un principio, el organismo señalaba que El Salvador carece de un sistema de cartografía actualizado y certero, lo cual es falso, según fuentes de la misma institución, pues ésta cuenta con los recursos mínimos o, al menos, con el tiempo necesario para implementar los cambios logísticos y organizacionales requeridos. Por otro lado, con la realización de una prueba piloto del voto residencial en las elecciones de 2006 ya la institución ha adquirido algún grado de experiencia. Por tanto, se esperaría que el TSE emita un juicio basado en la evaluación a profundidad de tal experiencia, para determinar con exactitud su viabilidad. Pese a ello, no ha presentado estudios que revelen los resultados obtenidos bajo esa modalidad, lo cual hace suponer que la decisión de no implementar el voto residencial no ha obedecido a criterios técnicos.
Entre otros argumentos en contra, en días recientes un equipo especialista en procesos electorales, proveniente de Panamá, divulgó ante la prensa que El Salvador carece de las condiciones para poner en práctica esa forma de votación. Para respaldar tal afi rmación, los expertos presentaron un breve documento en el cual, según ellos, se presentan un conjunto de razones técnicas. No deja de ser penoso que las autoridades gubernamentales tomen hechos sin justifi cación sólida alguna, como pretexto para sus decisiones, pues un estudio de unas cuantas páginas no puede considerarse contundente para aprobar o no una medida política de tanta importancia.
La razón de peso por la cual los partidos de derecha se han negado al voto residencial es que el sistema vigente deja vacíos aprovechados por estos para la movilización de votantes en el territorio nacional. De aprobarse el voto residencial, este tipo de prácticas quedarían sin efecto. Contrario a estas decisiones, el voto residencial proporciona algunas ventajas, ignoradas por el TSE. Por un lado, acercar las urnas al electorado contribuiría a reducir el ausentismo; es decir, se lograría obtener una mayor participación electoral de la población. Por otro lado, esta práctica evitaría los abusos cometidos por los institutos políticos, lo cual reduciría la posibilidad de fraudes y le daría mayor transparencia al proceso.
Las reformas electorales pendientes
La negativa para implementar el voto residencial en el país deja un mal sabor de boca. No parece haber una voluntad clara de parte de los institutos políticos para revisar el actual sistema electoral, el cual urge de reformas. El silencio de parte de los partidos políticos de derecha con respecto a esas otras reformas es signo inequívoco de su falaz compromiso por democratizar al país.
En ese sentido, en coyunturas como la actual, la sociedad civil debe colocar en la opinión pública temas delicados aún pendientes de debate: el fi nanciamiento de los institutos políticos, la revisión y regulación de las campañas electorales y, sobre todo, la desvinculación de los intereses partidistas en instituciones claves para el proceso de los comicios (TSE y RNPN).
Por otro lado, la necesidad de mejoras en la organización de los eventos electorales y la garantía de transparencia en el manejo de los resultados también deben ser parte de las exigencias. Estas y otras reformas importantes deben ser vistas, discutidas y aceptadas por los partidos políticos no como una lucha ideológica sin sentido, o una crítica sin fundamentos, sino como una obligación de su parte con la ciudadanía. Así las cosas, es de esperar que mientras llega 2009, los partidos políticos continuarán funcionando bajo la lógica electoral. En esa línea, no será de extrañar que las decisiones de organismos concebidos fuera del eje político obedezcan en mayor medida a los partidos políticos.
