San Salvador, 30 abr (PL) Luis Posada Carriles, terrorista liberado en Estados Unidos, tuvo en El Salvador una base de operaciones para sus actividades contra Cuba, probablemente con el apoyo de las autoridades gubernamentales de este país centroamericano.
La denuncia, formulada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, implica a su vez la demanda de una investigación para esclarecer los detalles de la alianza del sujeto con altos representantes de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista.
Hugo Martínez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y diputado por esa agrupación, exigió definir con urgencia el mecanismo para formalizar la denuncia y llegar al fondo de las andanzas de Posada Carriles en el territorio centroamericano.
Aseguró que el autor del atentado contra una nave de Cubana de Aviación en 1976, que costó la vida a 73 personas, transitó libremente por el país con documentos falsos, contrató salvadoreños para acciones terroristas y realizó varias de ellas con la colaboración del gobierno.
Con antelación, el coordinador parlamentario de ese partido, Salvador Sánchez, declaró que el terrorista cubanoamericano tiene amigos aquí, entre los que mencionó a Rodrigo Avila, director de la Policía Nacional Civil.
El diputado efemelenista también mencionó como socio al ex ministro de Medio Ambiente Hugo Barrera, quien funge como presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria.
Integrantes de la principal fuerza opositora de El Salvador coincidieron en que una de las vías para lograr el enjuiciamiento de Posada Carriles por sus crímenes puede ser la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La oficialización de la propuesta puede sumarse a la solicitud de extradición del individuo formulada por Venezuela, con la intención de juzgarlo también por su colaboración con las dictaduras militares en ese país y por torturar a varios nacionales entonces.
Cientos de intelectuales de todo el mundo, entre ellos varios Premio Nobel, impulsan a su vez la adhesión a un llamamiento como protesta por la decisión del gobierno de George W. Bush de dejar en libertad al terrorista.
En conjunto, internacionalmente cuestionan la ambiguedad de la política estadounidense contra el terrorismo al liberar a Posada Carriles, mientras mantiene en prisión a cinco luchadores cubanos contra actos de esa naturaleza por defender a su pueblo.
El repudio de sectores populares, organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos, responde a que no obstante su historia de crímenes fue detenido en suelo norteño en 2005 acusado de fraude migratorio y liberado, tras pagar una fianza.
Al obrar de ese modo, las autoridades norteamericanas desatendieron el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas de la invasión a Playa Girón (Cuba, 1961) y de las acciones contrarrevolucionarias dentro y fuera del territorio caribeño.
Para la realización de una de ellas, que implicó la colocación de bombas en hoteles de La Habana en 1997, Posada Carriles contrató a los salvadoreños Rafael Cruz y Otto Rodríguez, según evidencias acopiadas en su contra.
El diario Colatino precisó que las declaraciones de los efemelenistas sucedieron a la petición del gobierno venezolano a la Organización de Estados Americanos de gestionar la extradición del colaborador de la Central de Inteligencia de Estados Unidos.
La denuncia, formulada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, implica a su vez la demanda de una investigación para esclarecer los detalles de la alianza del sujeto con altos representantes de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista.
Hugo Martínez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y diputado por esa agrupación, exigió definir con urgencia el mecanismo para formalizar la denuncia y llegar al fondo de las andanzas de Posada Carriles en el territorio centroamericano.
Aseguró que el autor del atentado contra una nave de Cubana de Aviación en 1976, que costó la vida a 73 personas, transitó libremente por el país con documentos falsos, contrató salvadoreños para acciones terroristas y realizó varias de ellas con la colaboración del gobierno.
Con antelación, el coordinador parlamentario de ese partido, Salvador Sánchez, declaró que el terrorista cubanoamericano tiene amigos aquí, entre los que mencionó a Rodrigo Avila, director de la Policía Nacional Civil.
El diputado efemelenista también mencionó como socio al ex ministro de Medio Ambiente Hugo Barrera, quien funge como presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria.
Integrantes de la principal fuerza opositora de El Salvador coincidieron en que una de las vías para lograr el enjuiciamiento de Posada Carriles por sus crímenes puede ser la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La oficialización de la propuesta puede sumarse a la solicitud de extradición del individuo formulada por Venezuela, con la intención de juzgarlo también por su colaboración con las dictaduras militares en ese país y por torturar a varios nacionales entonces.
Cientos de intelectuales de todo el mundo, entre ellos varios Premio Nobel, impulsan a su vez la adhesión a un llamamiento como protesta por la decisión del gobierno de George W. Bush de dejar en libertad al terrorista.
En conjunto, internacionalmente cuestionan la ambiguedad de la política estadounidense contra el terrorismo al liberar a Posada Carriles, mientras mantiene en prisión a cinco luchadores cubanos contra actos de esa naturaleza por defender a su pueblo.
El repudio de sectores populares, organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos, responde a que no obstante su historia de crímenes fue detenido en suelo norteño en 2005 acusado de fraude migratorio y liberado, tras pagar una fianza.
Al obrar de ese modo, las autoridades norteamericanas desatendieron el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas de la invasión a Playa Girón (Cuba, 1961) y de las acciones contrarrevolucionarias dentro y fuera del territorio caribeño.
Para la realización de una de ellas, que implicó la colocación de bombas en hoteles de La Habana en 1997, Posada Carriles contrató a los salvadoreños Rafael Cruz y Otto Rodríguez, según evidencias acopiadas en su contra.
El diario Colatino precisó que las declaraciones de los efemelenistas sucedieron a la petición del gobierno venezolano a la Organización de Estados Americanos de gestionar la extradición del colaborador de la Central de Inteligencia de Estados Unidos.
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