Odalys Troya Flores
Redacción Central, 12 dic (PL) Como los récords deportivos, la violencia en El Salvador cada vez adquiere mayores dimensiones, así reflejaron hoy las estadísticas de la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con esa fuente, el 2005 superó en homicidios al 2004, y ahora, el año que casi culmina ya sobrepasó las cifras del anterior.
No se trata de un juego de números y palabras, sino de un reflejo exacto de la nación más violenta de Centroamérica.
La Policía registró de enero a noviembre último tres mil 596 asesinatos, 4,3 por ciento más que en el 2005.
Desde el 2003, víctimas de la violencia, más de 13 mil salvadoreños han sido asesinados, lo que representa un crecimiento del 65 por ciento de los homicidios hasta la fecha.
En cuanto a extorsiones, reportó para ese mismo período dos mil 300, casi 300 por ciento más que en el 2005, cuando sólo se informaron 493.
Este último delito ha sufrido un incremento desmedido, según las estadísticas de seguridad, ya que en el 2003 se cometieron 289; en el 2004, 314; y en el 2005, un total de 493.
Para tan lamentable situación, que parece marchar por una espiral ascendente, varias han sido las propuestas este año. Sólo que algunas se reiteran, como la represión que oferta el Gobierno.
En ese sentido, sobresale el lanzamiento en octubre último de la cruzada "País Seguro, Compromiso de Todos" para combatir la violencia.
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó la iniciativa impulsada por los tres órganos del Estado de show político y propaganda oficial ya que no define qué tipo de delincuencia pretende contrarrestar, ni las medidas pertinentes a la clase de delito.
De Carrillo ha reiterado la necesidad de diseñar políticas de prevención y reinserción, más importantes que las represivas contra los grupos o personas vinculados a la criminalidad en el país.
Estas medidas formuladas también más de una vez por organizaciones civiles, políticas y religiosas parecen no encontrar oídos en la administración de la nación.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza opositora, presentó igualmente en octubre una propuesta de seguridad destinada a reducir por diversas vías los homicidios.
Para ello propuso desarrollar acciones de control como en la portación de armas en lugares públicos, la ejecución de programas dirigidos a la juventud, y la capacitación a escolares en proyectos de prevención del consumo de drogas.
El FMLN manifestó la necesidad de promover empleos para la población de zonas marginales con fondos del Estado, crear comités de prevención municipal, fortalecer la educación con programas de becas y adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia doméstica.
En virtud de la respuesta gubernamental, sólo parece cobrar vida el desarme, aunque costó trabajo.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó hace sólo unos días las propuestas de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, referidas a la ampliación de las restricciones a portar armas en lugares públicos.
Los diputados modificaron el artículo 62 de la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, que ya prohibía llevar consigo armas en instituciones frecuentadas socialmente.
Ahora establece que los civiles sólo las portarán en lugares específicos y durante períodos especiales, previa coordinación del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía y las alcaldías involucradas.
Y es que la tenencia de armas de fuego en El salvador ha entrado a formar parte de la cultura de seguridad de sus ciudadanos.
Un estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, reveló que existen más de 400 mil armas en manos de civiles, por lo que una de cada diez personas mayores de trece años posee alguna.
Por otra parte, de los cerca de 12 homicidios que se cometen diariamente como promedio en esta nación, cerca del 85 por ciento son con ese tipo de armas, de las cuales son ilegales el 60 por ciento.
Sin dudas, las armas de fuego y los crímenes han ido de la mano todos estos años.
Para algunos analistas, esta crisis es herencia del conflicto armado de las pasadas décadas. Pero, para los salvadoreños en su conjunto, queda claro que la guerra civil es sólo un punto, y no de partida precisamente.
Las sucesivas administraciones del oficial Alianza Republicana prácticamente han subastado la incipiente economía nacional y han dejado escasas oportunidades para el desarrollo pleno de las personas, lo cual se traduce en violencia.
Aunque las autoridades policiales esperan una disminución de las muertes, atracos y extorsiones, lo cierto es que mientras el contexto social se mantenga igual, probablmente como las marcas que imponen los atletas, la ola de criminalidad en este país alcanzará cifras inigualables.
Redacción Central, 12 dic (PL) Como los récords deportivos, la violencia en El Salvador cada vez adquiere mayores dimensiones, así reflejaron hoy las estadísticas de la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con esa fuente, el 2005 superó en homicidios al 2004, y ahora, el año que casi culmina ya sobrepasó las cifras del anterior.
No se trata de un juego de números y palabras, sino de un reflejo exacto de la nación más violenta de Centroamérica.
La Policía registró de enero a noviembre último tres mil 596 asesinatos, 4,3 por ciento más que en el 2005.
Desde el 2003, víctimas de la violencia, más de 13 mil salvadoreños han sido asesinados, lo que representa un crecimiento del 65 por ciento de los homicidios hasta la fecha.
En cuanto a extorsiones, reportó para ese mismo período dos mil 300, casi 300 por ciento más que en el 2005, cuando sólo se informaron 493.
Este último delito ha sufrido un incremento desmedido, según las estadísticas de seguridad, ya que en el 2003 se cometieron 289; en el 2004, 314; y en el 2005, un total de 493.
Para tan lamentable situación, que parece marchar por una espiral ascendente, varias han sido las propuestas este año. Sólo que algunas se reiteran, como la represión que oferta el Gobierno.
En ese sentido, sobresale el lanzamiento en octubre último de la cruzada "País Seguro, Compromiso de Todos" para combatir la violencia.
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó la iniciativa impulsada por los tres órganos del Estado de show político y propaganda oficial ya que no define qué tipo de delincuencia pretende contrarrestar, ni las medidas pertinentes a la clase de delito.
De Carrillo ha reiterado la necesidad de diseñar políticas de prevención y reinserción, más importantes que las represivas contra los grupos o personas vinculados a la criminalidad en el país.
Estas medidas formuladas también más de una vez por organizaciones civiles, políticas y religiosas parecen no encontrar oídos en la administración de la nación.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza opositora, presentó igualmente en octubre una propuesta de seguridad destinada a reducir por diversas vías los homicidios.
Para ello propuso desarrollar acciones de control como en la portación de armas en lugares públicos, la ejecución de programas dirigidos a la juventud, y la capacitación a escolares en proyectos de prevención del consumo de drogas.
El FMLN manifestó la necesidad de promover empleos para la población de zonas marginales con fondos del Estado, crear comités de prevención municipal, fortalecer la educación con programas de becas y adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia doméstica.
En virtud de la respuesta gubernamental, sólo parece cobrar vida el desarme, aunque costó trabajo.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó hace sólo unos días las propuestas de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, referidas a la ampliación de las restricciones a portar armas en lugares públicos.
Los diputados modificaron el artículo 62 de la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, que ya prohibía llevar consigo armas en instituciones frecuentadas socialmente.
Ahora establece que los civiles sólo las portarán en lugares específicos y durante períodos especiales, previa coordinación del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía y las alcaldías involucradas.
Y es que la tenencia de armas de fuego en El salvador ha entrado a formar parte de la cultura de seguridad de sus ciudadanos.
Un estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, reveló que existen más de 400 mil armas en manos de civiles, por lo que una de cada diez personas mayores de trece años posee alguna.
Por otra parte, de los cerca de 12 homicidios que se cometen diariamente como promedio en esta nación, cerca del 85 por ciento son con ese tipo de armas, de las cuales son ilegales el 60 por ciento.
Sin dudas, las armas de fuego y los crímenes han ido de la mano todos estos años.
Para algunos analistas, esta crisis es herencia del conflicto armado de las pasadas décadas. Pero, para los salvadoreños en su conjunto, queda claro que la guerra civil es sólo un punto, y no de partida precisamente.
Las sucesivas administraciones del oficial Alianza Republicana prácticamente han subastado la incipiente economía nacional y han dejado escasas oportunidades para el desarrollo pleno de las personas, lo cual se traduce en violencia.
Aunque las autoridades policiales esperan una disminución de las muertes, atracos y extorsiones, lo cierto es que mientras el contexto social se mantenga igual, probablmente como las marcas que imponen los atletas, la ola de criminalidad en este país alcanzará cifras inigualables.
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