San Salvador, 16 ene (PL) Centenares de salvadoreños, víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil, continúan sin recibir ninguna compensación del Gobierno, afirmó hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Entre 1980 y 1991, El Salvador estuvo sumido en una guerra que dejó como saldo más de 75 mil muertos, ocho mil desaparecidos y 40 mil discapacitados.
No fue hasta el 16 de enero de 1992 que las voluntades reconciliadas firmaron la paz en el Castillo de Chapultepec, en México,
Según CEJIL, es lamentable que a 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz todavía no se haya investigado quiénes fueron los responsables de las masacres perpetradas por el ejército salvadoreño.
En tal sentido, Gisela de León, abogada de CEJIL, afirmó que por esos hechos nunca ha sido procesado ningún militar.
La abogada recordó que cinco días después de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad fue aprobada la Ley de Amnistía, que promovió la impunidad.
En el documento de la Comisión se establecían las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, sus responsables y las recomendaciones en relación con la justicia.
Esa ley, o Decreto 486, concede una "amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor las personas que, según el Informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos durante la guerra."
Dicha normativa, incluso después de haberse dictado una orden de arresto a oficiales de las Fuerzas Armadas, eliminó legalmente la posibilidad de una investigación efectiva y el procesamiento de los responsables.
Sobre ese particular subrayó que los asesinatos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y de los sacerdotes jesuitas, continúan en la impunidad a pesar de que se han denunciado hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De León aseguró que esa ley ha sido cuestionada por la misma CIDH, "que ha pedido derogarla, y que los casos sean investigados…".
De cumplirse esta parte de los acuerdos se lograría avanzar en materia de retribución a las víctimas y en el punto contenido en el pacto de 1992 sobre la reconciliación", subrayó la jurista.
Para CEJIL resulta preocupante que la impunidad puede llevar a que los casos se repitan, sobre todo porque no hay voluntad estatal para aplicar la justicia.
Entre 1980 y 1991, El Salvador estuvo sumido en una guerra que dejó como saldo más de 75 mil muertos, ocho mil desaparecidos y 40 mil discapacitados.
No fue hasta el 16 de enero de 1992 que las voluntades reconciliadas firmaron la paz en el Castillo de Chapultepec, en México,
Según CEJIL, es lamentable que a 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz todavía no se haya investigado quiénes fueron los responsables de las masacres perpetradas por el ejército salvadoreño.
En tal sentido, Gisela de León, abogada de CEJIL, afirmó que por esos hechos nunca ha sido procesado ningún militar.
La abogada recordó que cinco días después de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad fue aprobada la Ley de Amnistía, que promovió la impunidad.
En el documento de la Comisión se establecían las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, sus responsables y las recomendaciones en relación con la justicia.
Esa ley, o Decreto 486, concede una "amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor las personas que, según el Informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos durante la guerra."
Dicha normativa, incluso después de haberse dictado una orden de arresto a oficiales de las Fuerzas Armadas, eliminó legalmente la posibilidad de una investigación efectiva y el procesamiento de los responsables.
Sobre ese particular subrayó que los asesinatos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y de los sacerdotes jesuitas, continúan en la impunidad a pesar de que se han denunciado hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De León aseguró que esa ley ha sido cuestionada por la misma CIDH, "que ha pedido derogarla, y que los casos sean investigados…".
De cumplirse esta parte de los acuerdos se lograría avanzar en materia de retribución a las víctimas y en el punto contenido en el pacto de 1992 sobre la reconciliación", subrayó la jurista.
Para CEJIL resulta preocupante que la impunidad puede llevar a que los casos se repitan, sobre todo porque no hay voluntad estatal para aplicar la justicia.
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