San Salvador, 30 ene (PL) El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) exigió hoy al Congreso salvadoreño investigar la posible negligencia de tres funcionarios, quienes habrían ayudado a escapar a un diputado corrupto.
La bancada del partido opositor resaltó una falta en el caso del desaforado legislador Carlos Silva, quien evadió la justicia al conocer la orden de captura emitida el jueves pasado por la Cámara Primera de lo Penal, encargada de ventilar su causa.
"Con la propuesta buscamos establecer un proceso contra el fiscal general Félix Garrid Safie, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Avila", especificó el diputado Walter Durán.
En el momento en el cual la Asamblea Legislativa determina con lugar la formación de causa, según establece la Constitución, las instituciones correspondientes están obligadas a cumplir con lo estipulado en las leyes, argumentó el legislador.
Recordó el representante de la ex guerrilla que el Código Penal permite al fiscal decretar -antes del requerimiento- la detención administrativa del imputado, al concurrir los presupuestos de captura provisional.
Aseguró que "Safie y Avila estaban obligados desde el desafuero en noviembre del 2006 a tomar las medidas necesarias para detener a Silva, implicado en acciones de lavado de dinero y soborno".
Dicha resolución de apresamiento fue emitida por la Cámara la tarde del jueves último, pero el anuncio y la orden oficial se publicaron en una rueda de prensa al otro día.
Reportes periodísticos aseveraron que el retraso dio ventaja al acusado para preparar su huida y permanecer fuera del alcance jurídico, acción que recibió una lluvia de críticas de todos los sectores del país.
Al ex miembro del conservador Partido de Conciliación Nacional, se le acusa de lavar más de 10 millones de dólares y sobornar a varios alcaldes, pero esta semana se declaró enfermo y se ausentó de la audiencia.
Los magistrados aceptaron como prueba el testimonio de un ex alcalde, extorsionado por Silva para obtener licitaciones de edificación de obras a favor de sus empresas constructoras.
Por tanto, la ley tipifica como grave que el Fiscal retrase la determinación de justicia y manifestó que ello, según el Código Penal, es sancionable con cinco años de prisión.
El escándalo mantiene la atención de los salvadoreños, ya que es el primer congresista llevado a tribunales por delitos de corrupción.
Mientras, Silva entregó de manera clandestina una carta a medios de comunicación nacional, en la cual rechazó la posibilidad de huir del país y si barajó la idea de refugiarse en algún lugar secreto.
También solicitó tener en cuenta la opción de libertad condicional o prisión domiciliaria hasta que las autoridades avancen en el proceso judicial.
La bancada del partido opositor resaltó una falta en el caso del desaforado legislador Carlos Silva, quien evadió la justicia al conocer la orden de captura emitida el jueves pasado por la Cámara Primera de lo Penal, encargada de ventilar su causa.
"Con la propuesta buscamos establecer un proceso contra el fiscal general Félix Garrid Safie, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Avila", especificó el diputado Walter Durán.
En el momento en el cual la Asamblea Legislativa determina con lugar la formación de causa, según establece la Constitución, las instituciones correspondientes están obligadas a cumplir con lo estipulado en las leyes, argumentó el legislador.
Recordó el representante de la ex guerrilla que el Código Penal permite al fiscal decretar -antes del requerimiento- la detención administrativa del imputado, al concurrir los presupuestos de captura provisional.
Aseguró que "Safie y Avila estaban obligados desde el desafuero en noviembre del 2006 a tomar las medidas necesarias para detener a Silva, implicado en acciones de lavado de dinero y soborno".
Dicha resolución de apresamiento fue emitida por la Cámara la tarde del jueves último, pero el anuncio y la orden oficial se publicaron en una rueda de prensa al otro día.
Reportes periodísticos aseveraron que el retraso dio ventaja al acusado para preparar su huida y permanecer fuera del alcance jurídico, acción que recibió una lluvia de críticas de todos los sectores del país.
Al ex miembro del conservador Partido de Conciliación Nacional, se le acusa de lavar más de 10 millones de dólares y sobornar a varios alcaldes, pero esta semana se declaró enfermo y se ausentó de la audiencia.
Los magistrados aceptaron como prueba el testimonio de un ex alcalde, extorsionado por Silva para obtener licitaciones de edificación de obras a favor de sus empresas constructoras.
Por tanto, la ley tipifica como grave que el Fiscal retrase la determinación de justicia y manifestó que ello, según el Código Penal, es sancionable con cinco años de prisión.
El escándalo mantiene la atención de los salvadoreños, ya que es el primer congresista llevado a tribunales por delitos de corrupción.
Mientras, Silva entregó de manera clandestina una carta a medios de comunicación nacional, en la cual rechazó la posibilidad de huir del país y si barajó la idea de refugiarse en algún lugar secreto.
También solicitó tener en cuenta la opción de libertad condicional o prisión domiciliaria hasta que las autoridades avancen en el proceso judicial.
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