Odalys Troya Flores
Redacción Central, 16 ene (PL) Hoy se cumplen 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño, encabezado entonces por Alfredo Cristiani.
Sin dudas, ponerle fin a 12 años de conflicto armado urgía. Primero, porque quedaba demostrado que el pueblo salvadoreño no quedaría jamás de brazos cruzados ante el olvido de los gobiernos autoritarios y omnidependientes de la Casa Blanca estadounidense.
En segundo lugar, porque la cifra de muertos sobrepasaba ya los 75 mil y el ejército tomaba cada vez más represalias contra la población civil ante su incapacidad de detener las acciones de la guerrilla.
Fue un alivio que el 16 de enero de 1992 ambas partes suscribieran en Chapultepec, México, los Acuerdos de Paz.
Cientos de planes emergieron a raíz de la firma del tratado pacificador: la democratización del país, la reunificación de la sociedad, y aunque el tema económico fue evadido por el gobierno, al menos la esperanza de mejores condiciones de vida estaba latente.
Esas metas trazadas por las autoridades gubernamentales no han ido - sin embargo - más allá de las quimeras que fueron 15 años atrás.
La propia titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, afirma que en realidad en el país existe una fase de retroceso a partir de 1992.
La escasez de empleos, la insuficiente remuneración, la falta de oportunidades de estudio y de atención a los jóvenes, los graves problemas de vivienda y salud que existían antes del pacto de Chapultepec, afloran hoy con otras dimensiones.
Crece cada vez más la brecha entre ricos y pobres, y de acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas un 40,8 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza.
Tal situación obliga a que centenares de personas, de cualquier nivel o estrato social, abandonen diariamente la nación centroamericana, muestra inequívoca de que poco se ha hecho para resolver las circunstancias que antes desembocaron en una guerra.
La titular de los Derechos Humanos asegura que para el gobierno, los emigrantes son más útiles al Estado mandando remesas que ganando un salario mínimo y generando problemas sociales.
De hecho, esas ayudas familiares han logrado desde sus inicios el mantenimiento de una economía artificial en El Salvador, pues solventan el consumo y las importaciones sin necesidad de que el país sea realmente productivo.
Vale destacar que esos envíos de dinero representaron el pasado año un 19 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Banco Central de Reserva.
Otra realidad de El Salvador es la violencia, la cual adquiere tonos cada vez más espeluznantes por la estela de muertes que deja como si la guerra aún estuviera "oficializada".
Las pandillas, el crimen organizado, sicarios, grupos de exterminio, entre otros, son acusados por organizaciones sociales e institucionales políticas y religiosas de la crítica situación de criminalidad reinante en el país.
Lo cierto es que los salvadoreños, que algunos sostienen se han acostumbrado a esa cultura de violencia, escogen la emigración como alternativa para huir de ese mundo nada esperanzador.
Diversos estudios indican que la cantidad de emigrados desde los Acuerdos de Paz es similar al número de refugiados que huyeron durante la guerra civil.
Es como si la reconciliación nacional, la unidad de las familias se estuviera dando en otras latitudes. Las experiencias del conflicto, sus resultados y sus logros dejan pocos caminos.
De Carrillo advierte que ya no hay paz en el país, "debido a que existe una guerra subterránea real y que el pueblo por temor no lo expresa."
Las celebraciones de hoy han suscitado las más diversas opiniones; pero muchas coinciden con la del arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, quien asegura que después de 15 años no se ha logrado la reconciliación social, lo cual genera "muchos males".
Redacción Central, 16 ene (PL) Hoy se cumplen 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño, encabezado entonces por Alfredo Cristiani.
Sin dudas, ponerle fin a 12 años de conflicto armado urgía. Primero, porque quedaba demostrado que el pueblo salvadoreño no quedaría jamás de brazos cruzados ante el olvido de los gobiernos autoritarios y omnidependientes de la Casa Blanca estadounidense.
En segundo lugar, porque la cifra de muertos sobrepasaba ya los 75 mil y el ejército tomaba cada vez más represalias contra la población civil ante su incapacidad de detener las acciones de la guerrilla.
Fue un alivio que el 16 de enero de 1992 ambas partes suscribieran en Chapultepec, México, los Acuerdos de Paz.
Cientos de planes emergieron a raíz de la firma del tratado pacificador: la democratización del país, la reunificación de la sociedad, y aunque el tema económico fue evadido por el gobierno, al menos la esperanza de mejores condiciones de vida estaba latente.
Esas metas trazadas por las autoridades gubernamentales no han ido - sin embargo - más allá de las quimeras que fueron 15 años atrás.
La propia titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, afirma que en realidad en el país existe una fase de retroceso a partir de 1992.
La escasez de empleos, la insuficiente remuneración, la falta de oportunidades de estudio y de atención a los jóvenes, los graves problemas de vivienda y salud que existían antes del pacto de Chapultepec, afloran hoy con otras dimensiones.
Crece cada vez más la brecha entre ricos y pobres, y de acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas un 40,8 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza.
Tal situación obliga a que centenares de personas, de cualquier nivel o estrato social, abandonen diariamente la nación centroamericana, muestra inequívoca de que poco se ha hecho para resolver las circunstancias que antes desembocaron en una guerra.
La titular de los Derechos Humanos asegura que para el gobierno, los emigrantes son más útiles al Estado mandando remesas que ganando un salario mínimo y generando problemas sociales.
De hecho, esas ayudas familiares han logrado desde sus inicios el mantenimiento de una economía artificial en El Salvador, pues solventan el consumo y las importaciones sin necesidad de que el país sea realmente productivo.
Vale destacar que esos envíos de dinero representaron el pasado año un 19 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Banco Central de Reserva.
Otra realidad de El Salvador es la violencia, la cual adquiere tonos cada vez más espeluznantes por la estela de muertes que deja como si la guerra aún estuviera "oficializada".
Las pandillas, el crimen organizado, sicarios, grupos de exterminio, entre otros, son acusados por organizaciones sociales e institucionales políticas y religiosas de la crítica situación de criminalidad reinante en el país.
Lo cierto es que los salvadoreños, que algunos sostienen se han acostumbrado a esa cultura de violencia, escogen la emigración como alternativa para huir de ese mundo nada esperanzador.
Diversos estudios indican que la cantidad de emigrados desde los Acuerdos de Paz es similar al número de refugiados que huyeron durante la guerra civil.
Es como si la reconciliación nacional, la unidad de las familias se estuviera dando en otras latitudes. Las experiencias del conflicto, sus resultados y sus logros dejan pocos caminos.
De Carrillo advierte que ya no hay paz en el país, "debido a que existe una guerra subterránea real y que el pueblo por temor no lo expresa."
Las celebraciones de hoy han suscitado las más diversas opiniones; pero muchas coinciden con la del arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, quien asegura que después de 15 años no se ha logrado la reconciliación social, lo cual genera "muchos males".
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