Isabel Soto Mayedo
Redacción Central, 31 ene (PL) Mientras el presidente salvadoreño Elías Antonio Saca procura mil maneras de contentar a su homologo estadounidense, George W. Bush, este aplica hoy la ley del más fuerte contra los emigrantes del país centroamericano.
En menos de un año, los deportados desde suelo norteño aumentaron de siete mil 239 a 13 mil 530, admitieron funcionarios del único gobierno del hemisferio que mantiene tropas en Iraq, al lado de los ocupantes enviados por Washington.
El aporte del reeditado Batallón Cuzcatlán a la ofensiva contra la resistencia de la nación árabe poco importó: los rechazados sin antecedentes penales ascendieron de siete mil 239 a 10 mil 543 desde finales de 2005 a la primera quincena de diciembre de 2006.
En igual etapa, retornaron por la fuerza dos mil 983 emigrados sujetos a condenas, por encima de los mil 827 devueltos por similares causas en el año anterior.
Esto, sin considerar la crisis que enfrenta el sistema carcelario en El Salvador como resultado de las políticas estatales represivas contra las pandillas o maras y el impresionante hacinamiento derivado de su aplicación.
Sin exonerar a los provenientes del país pionero en la negociación y aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC), la administración norteamericana trató de impedir además cualquier intento de ingresar en su territorio vía México, reforzando la vigilancia en la frontera.
Más, pese a tales muestras de desprecio, Saca insiste en mantenerse como el principal aliado de Bush en la región y para ello arriesga la deteriorada economía local y la vida de cientos de jóvenes alistados como soldados.
Al mismo tiempo, desatiende a madres, esposas, hijos y parientes de los inscriptos en esa fuerza, a merced de los intereses de otro gobierno y sin contemplar el repudio internacional a la criminalidad demostrada por los representantes de este en la nación árabe.
Reportes periodísticos dieron cuenta, de forma indistinta, de los ataques y extorsiones a familiares de soldados y contratistas civiles destacados en Iraq, a quienes los pandilleros les exigen entregar el dinero remitido por los uniformados a cambio de dejarlos en paz.
La extraña alianza entre la potencia militar y el "pulgarcito" centroamericano costó a El Salvador cinco militares muertos y una veintena de heridos en el país medio oriental, ocupado por Estados Unidos desde marzo de 2003.
En correspondencia, una encuesta del diario local La Prensa Gráfica reflejó que el 80,8 por ciento de los salvadoreños rechaza el traslado de más tropas a ese territorio, mientras que sólo el 11,6 por ciento se manifestó conforme con la determinación estatal.
A pesar de ello, los diputados de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista, el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, apoyaron el envío de nuevos soldados a esa guerra.
Interpelado al respecto, Saca alegó que no debía abandonarse a un país donde todavía el trabajo no se había terminado y mucho menos, mostrar ingratitud ante Estados Unidos por la "ayuda" recibida durante el conflicto armado (1980- 1992).
Tal solidaridad, a tono con la vigencia en la época de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se tradujo en el asesoramiento militar, la preparación de oficiales y torturadores, y la aportación de fondos y armamentos a las fuerzas destinadas a combatir al pueblo.
Sólo se alzaron contra la conformación del Cuzcatlán VIII el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del socialdemócrata Cambio Democrático, para cuyos legisladores, los salvadoreños nada tienen que hacer en una beligerancia ajena.
"Con armas se promueve la guerra, no ayuda humanitaria", como esgrimen Bush, Saca y otros mandatarios interesados en mantener posiciones en la zona por distintas razones, recordaron.
Organismos humanitarios denunciaron que la privatización de la guerra permitió a Estados Unidos emplear mercenarios de distintas nacionalidades, entre los que se cuentan otros cientos de salvadoreños, bajo el eufemístico nombre de contratistas civiles.
El compadrazgo entre ambos gobiernos, también en virtud del acuerdo bilateral puesto en práctica desde marzo de 2006, trajo consigo a su vez la disminución del déficit comercial de El Salvador en un 19,3 por ciento en el último año.
La multiplicación de las compras en el exterior, fundamentalmente en ese país del norte, incidió en el balance negativo registrado en el período a pesar del alza de las exportaciones de los productos no tradicionales, admitió el Banco Central de Reserva en un informe.
Hasta diciembre del último año, El Salvador compró más del doble de lo exportado: siete mil 627,8 millones de dólares, mientras que las ventas locales hacia terceros mercados cerraron en tres mil 513,3 millones.
Más de la mitad de ese monto transitó rumbo a Estados Unidos, principal beneficiado con la rúbrica y puesta en práctica del TLC.
Redacción Central, 31 ene (PL) Mientras el presidente salvadoreño Elías Antonio Saca procura mil maneras de contentar a su homologo estadounidense, George W. Bush, este aplica hoy la ley del más fuerte contra los emigrantes del país centroamericano.
En menos de un año, los deportados desde suelo norteño aumentaron de siete mil 239 a 13 mil 530, admitieron funcionarios del único gobierno del hemisferio que mantiene tropas en Iraq, al lado de los ocupantes enviados por Washington.
El aporte del reeditado Batallón Cuzcatlán a la ofensiva contra la resistencia de la nación árabe poco importó: los rechazados sin antecedentes penales ascendieron de siete mil 239 a 10 mil 543 desde finales de 2005 a la primera quincena de diciembre de 2006.
En igual etapa, retornaron por la fuerza dos mil 983 emigrados sujetos a condenas, por encima de los mil 827 devueltos por similares causas en el año anterior.
Esto, sin considerar la crisis que enfrenta el sistema carcelario en El Salvador como resultado de las políticas estatales represivas contra las pandillas o maras y el impresionante hacinamiento derivado de su aplicación.
Sin exonerar a los provenientes del país pionero en la negociación y aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC), la administración norteamericana trató de impedir además cualquier intento de ingresar en su territorio vía México, reforzando la vigilancia en la frontera.
Más, pese a tales muestras de desprecio, Saca insiste en mantenerse como el principal aliado de Bush en la región y para ello arriesga la deteriorada economía local y la vida de cientos de jóvenes alistados como soldados.
Al mismo tiempo, desatiende a madres, esposas, hijos y parientes de los inscriptos en esa fuerza, a merced de los intereses de otro gobierno y sin contemplar el repudio internacional a la criminalidad demostrada por los representantes de este en la nación árabe.
Reportes periodísticos dieron cuenta, de forma indistinta, de los ataques y extorsiones a familiares de soldados y contratistas civiles destacados en Iraq, a quienes los pandilleros les exigen entregar el dinero remitido por los uniformados a cambio de dejarlos en paz.
La extraña alianza entre la potencia militar y el "pulgarcito" centroamericano costó a El Salvador cinco militares muertos y una veintena de heridos en el país medio oriental, ocupado por Estados Unidos desde marzo de 2003.
En correspondencia, una encuesta del diario local La Prensa Gráfica reflejó que el 80,8 por ciento de los salvadoreños rechaza el traslado de más tropas a ese territorio, mientras que sólo el 11,6 por ciento se manifestó conforme con la determinación estatal.
A pesar de ello, los diputados de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista, el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, apoyaron el envío de nuevos soldados a esa guerra.
Interpelado al respecto, Saca alegó que no debía abandonarse a un país donde todavía el trabajo no se había terminado y mucho menos, mostrar ingratitud ante Estados Unidos por la "ayuda" recibida durante el conflicto armado (1980- 1992).
Tal solidaridad, a tono con la vigencia en la época de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se tradujo en el asesoramiento militar, la preparación de oficiales y torturadores, y la aportación de fondos y armamentos a las fuerzas destinadas a combatir al pueblo.
Sólo se alzaron contra la conformación del Cuzcatlán VIII el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del socialdemócrata Cambio Democrático, para cuyos legisladores, los salvadoreños nada tienen que hacer en una beligerancia ajena.
"Con armas se promueve la guerra, no ayuda humanitaria", como esgrimen Bush, Saca y otros mandatarios interesados en mantener posiciones en la zona por distintas razones, recordaron.
Organismos humanitarios denunciaron que la privatización de la guerra permitió a Estados Unidos emplear mercenarios de distintas nacionalidades, entre los que se cuentan otros cientos de salvadoreños, bajo el eufemístico nombre de contratistas civiles.
El compadrazgo entre ambos gobiernos, también en virtud del acuerdo bilateral puesto en práctica desde marzo de 2006, trajo consigo a su vez la disminución del déficit comercial de El Salvador en un 19,3 por ciento en el último año.
La multiplicación de las compras en el exterior, fundamentalmente en ese país del norte, incidió en el balance negativo registrado en el período a pesar del alza de las exportaciones de los productos no tradicionales, admitió el Banco Central de Reserva en un informe.
Hasta diciembre del último año, El Salvador compró más del doble de lo exportado: siete mil 627,8 millones de dólares, mientras que las ventas locales hacia terceros mercados cerraron en tres mil 513,3 millones.
Más de la mitad de ese monto transitó rumbo a Estados Unidos, principal beneficiado con la rúbrica y puesta en práctica del TLC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario