Odalys Troya Flores*, E-Mail: serviex@prensa-latina.cu
Redacción Central (PL).- El 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), suscribieron en Chapultepec, México, los Acuerdos de Paz que sellaron uno de los episodios más dramáticos de esa nación centroamericana.
Pero 15 años después, aunque el panorama es otro, muchos puntos negociados todavía están por cumplirse.
Los doce años de guerra civil dejaron al menos 75 mil muertos, cientos de mutilados, desaparecidos y miles de familias desintegradas.
En las ciudades, los escuadrones de la muerte asesinaban a los mejores cuadros del movimiento social y cómo métodos usaban la desaparición y la tortura. Se recuerda cómo aparecían cuerpos horriblemente cercenados de hombres y mujeres en el propio centro urbano.
No sólo se trataba de reconocidos dirigentes, también jóvenes, estudiantes, obreros y campesinos, mujeres, profesores… eran sacados por la fuerzas de sus casas y ultimados.
Ejecutaron a decenas de sacerdotes incluyendo al arzobispo monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuyos fratricidas aún permanecen en la impunidad.
El rector de la Universidad Centro Americana (UCA), Ignacio Ellacuría, y ocho jesuitas más, también fueron asesinados.
Persiguieron a los dirigentes sindicalistas y muchos tuvieron lúgubres destinos.
Cualquiera podía ser acusado de comunista, cualquiera que estuviera en contra de las atrocidades que cometía el ejército salvadoreño, asesorado y abastecido masivamente por Estados Unidos.
Los batallones élite Atlacatl, Atonal, y soldados de la V y VI brigada de infantería eran capaces de cometer los peores crímenes contra su propio pueblo.
Con el pretexto de capturar a los guerrilleros, se ensañaron con los campesinos una y otra vez, y hasta llegaron a usar bombas de 500 libras como hicieron en Guazapa.
Casi la totalidad de los habitantes de los poblados El Mozote y La Quesera, incluyendo a los niños, fue llevada a sendos pelotones de fusilamiento.
Este contexto obligaba a poner punto final al conflicto bélico. A mediados de 1988, y organizado por el arzobispado de San Salvador, el país entró en un "estado de diálogo nacional", según lo definió en su oportunidad el padre Ignacio Ellacuría.
Según el prelado, las fuerzas sociales adquirían cada vez mayor protagonismo en la búsqueda de la solución a tantos males.
Terminar el conflicto armado por la vía política; impulsar la democratización del país; garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos; y reunificar a la sociedad salvadoreña fueron los objetivos esenciales del proceso pacificador.
Pero 15 años después, muchos puntos negociados todavía no se han cumplido.
Al finalizar el 2006, la Policía Nacional Civil contabilizaba tres mil 729 homicidios; en el 2005 las muertes a causa de la violencia en El Salvador llegaron a tres mil 697 y en el 2004 fueron dos mil 933.
Lo más llamativo de esta tendencia creciente de criminalidad es que el 80 por ciento se cometió con armas de fuego y una buena parte de los cuerpos hallados mostraban claras señales de ejecución.
Si comparamos estas cifras de asesinatos, tendientes al aumento, con los más de 75 mil muertos durante los 12 años de guerra civil que culminaron con los Acuerdos de Paz en 1992, una pregunta se impone,
¿dónde está la paz en El Salvador?
Sobresale y califica de fracaso grave en el ámbito de los Acuerdos el hecho que todavía los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante los 12 años de guerra todavía no han comparecido ante la justicia.
A pesar de que los responsables de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, asesinatos a manos de los escuadrones de la muerte y las vejaciones a opositores políticos han sido identificados en el informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador, la Ley de Amnistía internacional frena todo intento de justicia.
Dicha normativa aprobada en 1993 exime de culpa a los responsables de los crímenes cometidos por ambos bandos durante el conflicto civil. La citada ley ha protegido a jefes militares, sobre todo de ser llevados a juicio por crímenes de guerra.
Sin embargo, el gobierno de entonces, representado por Alfredo Cristiani, sí logró algunos de sus objetivos, como aplicar un programa económico de libre mercado.
Y es que la coalición de las clases capitalistas salvadoreñas alrededor de Alianza Republicana Nacional (ARENA), es el mismo partido que aún se mantiene en el poder.
Los intereses de los grupos oligárquicos se han impuesto en el período posbélico.
Algunas de sus metas, como crear las condiciones necesarias para mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de aquellos que vivían en la extrema pobreza, quedaron sólo en blanco y negro.
Cifras conservadoras indican que más del 60 por ciento de los salvadoreños viven bajo la línea de pobreza, situación que empuja a cientos de personas cada día a abandonar el país.
El número de emigrados sobrepasa los 2,5 millones, la mayoría radica en Estados Unidos.
ARENA ha logrado colocar en las bases económicas del país el Tratado de Libre Comercio, y a casi un año de su puesta en práctica, la población sigue sin vislumbrar ningún beneficio.
La Reestructuración y depuración de las Fuerzas Armadas, la creación de la Academia de Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, bajo control civil; de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las reformas del sistema electoral, incluyendo la creación de un Tribunal Supremo Electoral, son algunos logros alcanzados tras los acuerdos.
Figuran también entre los resultados positivos los programas de reinserción a la vida activa para los ex combatientes de las Fuerzas Armadas de El Salvador, de la Policía Nacional, y para los excombatientes del FMLN.
De todos modos, muchas deudas con el pueblo salvadoreño están pendientes, incluso ahora emergen nuevos desafíos.
La autora es periodista de la Redacción de América latina y el Caribe de Prensa Latina
Redacción Central (PL).- El 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), suscribieron en Chapultepec, México, los Acuerdos de Paz que sellaron uno de los episodios más dramáticos de esa nación centroamericana.
Pero 15 años después, aunque el panorama es otro, muchos puntos negociados todavía están por cumplirse.
Los doce años de guerra civil dejaron al menos 75 mil muertos, cientos de mutilados, desaparecidos y miles de familias desintegradas.
En las ciudades, los escuadrones de la muerte asesinaban a los mejores cuadros del movimiento social y cómo métodos usaban la desaparición y la tortura. Se recuerda cómo aparecían cuerpos horriblemente cercenados de hombres y mujeres en el propio centro urbano.
No sólo se trataba de reconocidos dirigentes, también jóvenes, estudiantes, obreros y campesinos, mujeres, profesores… eran sacados por la fuerzas de sus casas y ultimados.
Ejecutaron a decenas de sacerdotes incluyendo al arzobispo monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuyos fratricidas aún permanecen en la impunidad.
El rector de la Universidad Centro Americana (UCA), Ignacio Ellacuría, y ocho jesuitas más, también fueron asesinados.
Persiguieron a los dirigentes sindicalistas y muchos tuvieron lúgubres destinos.
Cualquiera podía ser acusado de comunista, cualquiera que estuviera en contra de las atrocidades que cometía el ejército salvadoreño, asesorado y abastecido masivamente por Estados Unidos.
Los batallones élite Atlacatl, Atonal, y soldados de la V y VI brigada de infantería eran capaces de cometer los peores crímenes contra su propio pueblo.
Con el pretexto de capturar a los guerrilleros, se ensañaron con los campesinos una y otra vez, y hasta llegaron a usar bombas de 500 libras como hicieron en Guazapa.
Casi la totalidad de los habitantes de los poblados El Mozote y La Quesera, incluyendo a los niños, fue llevada a sendos pelotones de fusilamiento.
Este contexto obligaba a poner punto final al conflicto bélico. A mediados de 1988, y organizado por el arzobispado de San Salvador, el país entró en un "estado de diálogo nacional", según lo definió en su oportunidad el padre Ignacio Ellacuría.
Según el prelado, las fuerzas sociales adquirían cada vez mayor protagonismo en la búsqueda de la solución a tantos males.
Terminar el conflicto armado por la vía política; impulsar la democratización del país; garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos; y reunificar a la sociedad salvadoreña fueron los objetivos esenciales del proceso pacificador.
Pero 15 años después, muchos puntos negociados todavía no se han cumplido.
Al finalizar el 2006, la Policía Nacional Civil contabilizaba tres mil 729 homicidios; en el 2005 las muertes a causa de la violencia en El Salvador llegaron a tres mil 697 y en el 2004 fueron dos mil 933.
Lo más llamativo de esta tendencia creciente de criminalidad es que el 80 por ciento se cometió con armas de fuego y una buena parte de los cuerpos hallados mostraban claras señales de ejecución.
Si comparamos estas cifras de asesinatos, tendientes al aumento, con los más de 75 mil muertos durante los 12 años de guerra civil que culminaron con los Acuerdos de Paz en 1992, una pregunta se impone,
¿dónde está la paz en El Salvador?
Sobresale y califica de fracaso grave en el ámbito de los Acuerdos el hecho que todavía los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante los 12 años de guerra todavía no han comparecido ante la justicia.
A pesar de que los responsables de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, asesinatos a manos de los escuadrones de la muerte y las vejaciones a opositores políticos han sido identificados en el informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador, la Ley de Amnistía internacional frena todo intento de justicia.
Dicha normativa aprobada en 1993 exime de culpa a los responsables de los crímenes cometidos por ambos bandos durante el conflicto civil. La citada ley ha protegido a jefes militares, sobre todo de ser llevados a juicio por crímenes de guerra.
Sin embargo, el gobierno de entonces, representado por Alfredo Cristiani, sí logró algunos de sus objetivos, como aplicar un programa económico de libre mercado.
Y es que la coalición de las clases capitalistas salvadoreñas alrededor de Alianza Republicana Nacional (ARENA), es el mismo partido que aún se mantiene en el poder.
Los intereses de los grupos oligárquicos se han impuesto en el período posbélico.
Algunas de sus metas, como crear las condiciones necesarias para mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de aquellos que vivían en la extrema pobreza, quedaron sólo en blanco y negro.
Cifras conservadoras indican que más del 60 por ciento de los salvadoreños viven bajo la línea de pobreza, situación que empuja a cientos de personas cada día a abandonar el país.
El número de emigrados sobrepasa los 2,5 millones, la mayoría radica en Estados Unidos.
ARENA ha logrado colocar en las bases económicas del país el Tratado de Libre Comercio, y a casi un año de su puesta en práctica, la población sigue sin vislumbrar ningún beneficio.
La Reestructuración y depuración de las Fuerzas Armadas, la creación de la Academia de Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, bajo control civil; de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las reformas del sistema electoral, incluyendo la creación de un Tribunal Supremo Electoral, son algunos logros alcanzados tras los acuerdos.
Figuran también entre los resultados positivos los programas de reinserción a la vida activa para los ex combatientes de las Fuerzas Armadas de El Salvador, de la Policía Nacional, y para los excombatientes del FMLN.
De todos modos, muchas deudas con el pueblo salvadoreño están pendientes, incluso ahora emergen nuevos desafíos.
La autora es periodista de la Redacción de América latina y el Caribe de Prensa Latina
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