San Salvador, 9 ene (PL) La procuradora de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice Carrilo, aseguró hoy que demandará al gobernante Elías Antonio Saca la destitución de algunos directivos del sistema carcelario ante lo acontecido en el penal de Apanteos.
De tajo, voy a mandar una carta al presidente para que de forma seria sustituya con profesionales los puestos fundamentales en ese sector, expresó la funcionaria, al presentar un informe acerca del motín registrado el fin de semana en esa prisión de Santa Ana.
El documento recordó que desde el 5 de enero un grupo de internos tomó el control de las instalaciones de esa penitenciaría y el hecho redundó en la muerte de 21 reclusos, calificados de presos comunes por las autoridades.
Carrillo cuestionó el papel desempeñado en ese ámbito por los funcionarios de Centros Penales asignados en el lugar porque, en su opinión, dejaron "mucho que desear" en cuanto a su profesionalismo para atender una emergencia de este tipo.
No sé qué pensar de lo ocurrido: primero escogieron 21 personas para ser ejecutadas, porque no murieron en una trifulca; segundo, las autoridades permitieron por mucho tiempo que unos reos actuaran con impunidad sobre los otro, manfiestó.
Tal actuación demuestra la poca profesionalidad de los directivos autoridades del lugar o la existencia de otras intenciones ocultas, subrayó.
La procuradora anunció que, después del incidente, recibió las primeras denuncias de presos desaparecidos, cuyos familiares no lograron que los funcionarios les precisaran el paradero.
Aduciendo seguridad para mi persona y el personal acompañante, no nos dejaron verificar la situación a fondo de los reos, tanto de los heridos como los que fueron trasladados a los patios internos, afirmó.
Carrillo rememoró como los reclusos fueron tratados brutalmente tras la revuelta y hacinados junto a los internos enfermos con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y otros en fase de confianza, porque no participaron en la revuelta.
Para la funcionaria, lo acontecido es denigrante, puese el Estado debe garantizar la seguridad de los internos.
Lo ocurrido a principios de año, es un retroceso y en el contexto de los Acuerdos Paz, es mucho más grave, opinó.
Parlamentarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional calificaron de negligentes e irresponsables a las autoridades penitenciarias por lo sucedido.
Advirtieron que interpelarán en la Comisión de Seguridad del legislativo a los funcionarios en cuestión.
La masacre en Apanteos demuestra de nuevo la incapacidad del Ejecutivo para resolver la grave crisis carcelaria y la situación de inseguridad que agobia al país, declaró Benito Lara, diputado por esa fuerza política.
Circulan versiones de que, antes del conflicto, las autoridades fueron alertadas, mas se negaron a actuar porque no creyeron en los informantes, afirmó.
El legislador insistió en la urgencia de cambiar la política penitenciaria y de seguridad por la aplicación de programas preventivos contra la violencia y a favor de la rehabilitación de internos.
De tajo, voy a mandar una carta al presidente para que de forma seria sustituya con profesionales los puestos fundamentales en ese sector, expresó la funcionaria, al presentar un informe acerca del motín registrado el fin de semana en esa prisión de Santa Ana.
El documento recordó que desde el 5 de enero un grupo de internos tomó el control de las instalaciones de esa penitenciaría y el hecho redundó en la muerte de 21 reclusos, calificados de presos comunes por las autoridades.
Carrillo cuestionó el papel desempeñado en ese ámbito por los funcionarios de Centros Penales asignados en el lugar porque, en su opinión, dejaron "mucho que desear" en cuanto a su profesionalismo para atender una emergencia de este tipo.
No sé qué pensar de lo ocurrido: primero escogieron 21 personas para ser ejecutadas, porque no murieron en una trifulca; segundo, las autoridades permitieron por mucho tiempo que unos reos actuaran con impunidad sobre los otro, manfiestó.
Tal actuación demuestra la poca profesionalidad de los directivos autoridades del lugar o la existencia de otras intenciones ocultas, subrayó.
La procuradora anunció que, después del incidente, recibió las primeras denuncias de presos desaparecidos, cuyos familiares no lograron que los funcionarios les precisaran el paradero.
Aduciendo seguridad para mi persona y el personal acompañante, no nos dejaron verificar la situación a fondo de los reos, tanto de los heridos como los que fueron trasladados a los patios internos, afirmó.
Carrillo rememoró como los reclusos fueron tratados brutalmente tras la revuelta y hacinados junto a los internos enfermos con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y otros en fase de confianza, porque no participaron en la revuelta.
Para la funcionaria, lo acontecido es denigrante, puese el Estado debe garantizar la seguridad de los internos.
Lo ocurrido a principios de año, es un retroceso y en el contexto de los Acuerdos Paz, es mucho más grave, opinó.
Parlamentarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional calificaron de negligentes e irresponsables a las autoridades penitenciarias por lo sucedido.
Advirtieron que interpelarán en la Comisión de Seguridad del legislativo a los funcionarios en cuestión.
La masacre en Apanteos demuestra de nuevo la incapacidad del Ejecutivo para resolver la grave crisis carcelaria y la situación de inseguridad que agobia al país, declaró Benito Lara, diputado por esa fuerza política.
Circulan versiones de que, antes del conflicto, las autoridades fueron alertadas, mas se negaron a actuar porque no creyeron en los informantes, afirmó.
El legislador insistió en la urgencia de cambiar la política penitenciaria y de seguridad por la aplicación de programas preventivos contra la violencia y a favor de la rehabilitación de internos.
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