Licda. Norma Guevara de Ramirios
Ni pocas, ni muchas, las reformas electorales tan necesarias para transparentar los procesos de elección y para la credibilidad de los gobiernos electos, para el respeto de la ciudadanía y el desarrollo democrático del país, requieren de votos en la Asamblea Legislativa y de sanción presidencial , pero falta para lograrlas la voluntad política del grupo que temporalmente toma las decisiones en el partido de gobierno.
A un año de esfuerzos en la Comisión Interpartidaria para las Reformas Electorales, queda claro, una vez más, que la derecha arenera se empeña en mantener el deteriorado l sistema electoral salvadoreño, y contra esa muralla topa cualquier intento de adecentarlo.
Cerca de treinta reuniones en un año permitieron a los representantes de los partidos políticos exponer su visión de las reformas que se visualizan como más importantes, pero para que una de ellas se convierta en decreto legislativo falta la voluntad de la representación legislativa de Arena.
Una sola reforma hubo en este lapso, la extensión de la validez del DUI para evitarle costos o dejar sin DUI a quienes carecen de dinero para revalidarlo.
Hubo acuerdo en los diez temas prioritarios, pero no se concretan: se expresó apoyo unánime a la auditoría integral del Registro Electoral y al Registro de Personas Naturales, pero ésta sigue sin iniciarse; se dio respaldo mayoritario al voto residencial como una facilidad necesaria a la ciudadanía para el ejercicio del sufragio y como medida que permita la vigilancia de la ciudadanía sobre el Registro Electoral, para evitar los traslados de electores de un lugar a otro e inclinar de ese modo los resultados, como se presume lo hace el partido de gobierno, el único que tiene dominio y control de los registros, que los tiene prácticamente secuestrados pero Arena y PDC aseguran que ellos se atienen a la disposición del Tribunal Supremo Electoral el avance en este tema y se conforman con que se haga a penas en 17 municipios alejados y pequeños.
Aunque la mayor parte de partidos señalamos la enorme importancia de reformar lo relativo al financiamiento de las campañas y de la propaganda, para la derecha arenera parece que esto es como lanzarla al mismísimo infierno, es intocable ese tema, están a gusto sin regulaciones, pues creen, por ahora y por siempre, contar con el dinero de los grandes capitales, a quienes persuaden con aquello de que es necesario asustar al electorado, difamar a partidos y personas usando los medios de comunicación y el dinero, como única garantía para mantenerse como guardianes de sus privilegios. Esta visión es una de los mayores golpes a la democracia, porque por esa vía se expone la institucionalidad a la perversión del dinero y la impunidad en la política.
Falta voluntad para hacer cumplir el principio de que el Tribunal Supremo Electoral funcione como ente colegiado y no como feudo de un partido.
Se acordó restituir funciones a la Junta de Vigilancia y para cerrar el camino a los procesos supletorios de identidad que se presume es la puerta que facilita a los notarios para ordenar inscribir partidas de nacimiento a personas sin que sean salvadoreñas, pero el voto de la derecha bloquea estas reformas.
Se pide mayoritariamente que ciudadanos y ciudadanas independientemente de su simpatía integren los organismos electorales primarios, las Juntas Receptoras de Votos, pero para la derecha esto es peligroso y se niegan a cambiar.
En suma nada de nada, ni cambio pequeño ni grande. En lo electoral, el viento no puede mover una hoja sin que lo avale el grupo que domina por hoy en el partido de gobierno. Este grupo dominante en ARENA se siente bien así como estamos, caminando aceleradamente al fraude, con un sistema electoral que se rezaga y afecta grandemente al país.
¿Hacia dónde vamos, si esta lógica se mantiene? La interpartidaria se usó este año, sólo para armar, a su sombra, el pacto de separar los comicios aun sabiendo que con ello se coloca al proceso de elección presidencial en choque con principios constitucionales.
Tal parece que la pujanza económica de un grupo pequeño, convertida en carta libre para hacer como les viene en gana, amenaza tanto al todo que es preciso zapatear fuerte para advertir que, si llueve a cántaros, nos mojaremos todos, incluso los que aconsejan mantener el estatus del sistema electoral en franco retroceso y en la frontera del fraude.
Ni pocas, ni muchas, las reformas electorales tan necesarias para transparentar los procesos de elección y para la credibilidad de los gobiernos electos, para el respeto de la ciudadanía y el desarrollo democrático del país, requieren de votos en la Asamblea Legislativa y de sanción presidencial , pero falta para lograrlas la voluntad política del grupo que temporalmente toma las decisiones en el partido de gobierno.
A un año de esfuerzos en la Comisión Interpartidaria para las Reformas Electorales, queda claro, una vez más, que la derecha arenera se empeña en mantener el deteriorado l sistema electoral salvadoreño, y contra esa muralla topa cualquier intento de adecentarlo.
Cerca de treinta reuniones en un año permitieron a los representantes de los partidos políticos exponer su visión de las reformas que se visualizan como más importantes, pero para que una de ellas se convierta en decreto legislativo falta la voluntad de la representación legislativa de Arena.
Una sola reforma hubo en este lapso, la extensión de la validez del DUI para evitarle costos o dejar sin DUI a quienes carecen de dinero para revalidarlo.
Hubo acuerdo en los diez temas prioritarios, pero no se concretan: se expresó apoyo unánime a la auditoría integral del Registro Electoral y al Registro de Personas Naturales, pero ésta sigue sin iniciarse; se dio respaldo mayoritario al voto residencial como una facilidad necesaria a la ciudadanía para el ejercicio del sufragio y como medida que permita la vigilancia de la ciudadanía sobre el Registro Electoral, para evitar los traslados de electores de un lugar a otro e inclinar de ese modo los resultados, como se presume lo hace el partido de gobierno, el único que tiene dominio y control de los registros, que los tiene prácticamente secuestrados pero Arena y PDC aseguran que ellos se atienen a la disposición del Tribunal Supremo Electoral el avance en este tema y se conforman con que se haga a penas en 17 municipios alejados y pequeños.
Aunque la mayor parte de partidos señalamos la enorme importancia de reformar lo relativo al financiamiento de las campañas y de la propaganda, para la derecha arenera parece que esto es como lanzarla al mismísimo infierno, es intocable ese tema, están a gusto sin regulaciones, pues creen, por ahora y por siempre, contar con el dinero de los grandes capitales, a quienes persuaden con aquello de que es necesario asustar al electorado, difamar a partidos y personas usando los medios de comunicación y el dinero, como única garantía para mantenerse como guardianes de sus privilegios. Esta visión es una de los mayores golpes a la democracia, porque por esa vía se expone la institucionalidad a la perversión del dinero y la impunidad en la política.
Falta voluntad para hacer cumplir el principio de que el Tribunal Supremo Electoral funcione como ente colegiado y no como feudo de un partido.
Se acordó restituir funciones a la Junta de Vigilancia y para cerrar el camino a los procesos supletorios de identidad que se presume es la puerta que facilita a los notarios para ordenar inscribir partidas de nacimiento a personas sin que sean salvadoreñas, pero el voto de la derecha bloquea estas reformas.
Se pide mayoritariamente que ciudadanos y ciudadanas independientemente de su simpatía integren los organismos electorales primarios, las Juntas Receptoras de Votos, pero para la derecha esto es peligroso y se niegan a cambiar.
En suma nada de nada, ni cambio pequeño ni grande. En lo electoral, el viento no puede mover una hoja sin que lo avale el grupo que domina por hoy en el partido de gobierno. Este grupo dominante en ARENA se siente bien así como estamos, caminando aceleradamente al fraude, con un sistema electoral que se rezaga y afecta grandemente al país.
¿Hacia dónde vamos, si esta lógica se mantiene? La interpartidaria se usó este año, sólo para armar, a su sombra, el pacto de separar los comicios aun sabiendo que con ello se coloca al proceso de elección presidencial en choque con principios constitucionales.
Tal parece que la pujanza económica de un grupo pequeño, convertida en carta libre para hacer como les viene en gana, amenaza tanto al todo que es preciso zapatear fuerte para advertir que, si llueve a cántaros, nos mojaremos todos, incluso los que aconsejan mantener el estatus del sistema electoral en franco retroceso y en la frontera del fraude.
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