San Salvador, 19 sep (PL) La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) advirtió hoy que presentarán una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno salvadoreño por la contaminación por plomo que genera una fábrica.
La empresa de baterías Récord se asentó hace 12 años en el Sitio del Niño, en el departamento de La Libertad, 12 kilómetros al oeste de San Salvador.
Desde entonces -aseguran pobladores y organizaciones sociales- se han reportado, y denunciado, casos de enfermedades, pero las instituciones de salud y medioambiente le han restado importancia.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH) aseguró en junio último que pobladores de las comunidades colindantes con la fábrica y recicladora de baterías presentan altos índices de esa sustancia en sangre.
Incluso, se ha denunciado la muerte de un niño y un adulto, y decenas de salvadoreños con enfermedades renales o leucemia.
Las comunidades cercanas a la fábrica han denunciado reiteradamente que los niveles de plomo en los pobladores aumentaron más allá de los índices permitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, según Raúl Moreno, coordinador de FESPAD, ha habido desidia de parte del gobierno en esa problemática.
Es necesario que exista una presión política para que el asunto se resuelva, y en ello entrarían en juego "responsabilidades de todos los sectores del gobierno", explicó Marcelo Marquelli, jurista de FESPAD.
Más de cuatro mil estudiantes de la zona esperan para que sean sometidos a una prueba de sangre para determinar los niveles de contaminación, sin embargo, los exámenes se podrán iniciar quizás en noviembre próximo por la carencia de equipos para ese tipo de prueba.
La empresa de baterías Récord se asentó hace 12 años en el Sitio del Niño, en el departamento de La Libertad, 12 kilómetros al oeste de San Salvador.
Desde entonces -aseguran pobladores y organizaciones sociales- se han reportado, y denunciado, casos de enfermedades, pero las instituciones de salud y medioambiente le han restado importancia.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH) aseguró en junio último que pobladores de las comunidades colindantes con la fábrica y recicladora de baterías presentan altos índices de esa sustancia en sangre.
Incluso, se ha denunciado la muerte de un niño y un adulto, y decenas de salvadoreños con enfermedades renales o leucemia.
Las comunidades cercanas a la fábrica han denunciado reiteradamente que los niveles de plomo en los pobladores aumentaron más allá de los índices permitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, según Raúl Moreno, coordinador de FESPAD, ha habido desidia de parte del gobierno en esa problemática.
Es necesario que exista una presión política para que el asunto se resuelva, y en ello entrarían en juego "responsabilidades de todos los sectores del gobierno", explicó Marcelo Marquelli, jurista de FESPAD.
Más de cuatro mil estudiantes de la zona esperan para que sean sometidos a una prueba de sangre para determinar los niveles de contaminación, sin embargo, los exámenes se podrán iniciar quizás en noviembre próximo por la carencia de equipos para ese tipo de prueba.
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