Odalys Troya Flores
Redacción Central (PL) Tras innumerables denuncias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH) sobre la presencia de grupos de exterminio en El Salvador, la reciente captura de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales valida los hechos.
El pasado 28 de julio fueron apresados el sargento Nelson Arriaza y el agente Roberto Carlos Chévez, junto a Rember Martínez, acusados del asesinato del campesino Amado García en el municipio de Nueva Esparta, en el nororiental departamento de Morazán.
Arriaza figura como el líder de una banda a la que se vinculan otros policías, que según el fiscal salvadoreño Rodolfo Delgado, de la Unidad contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía General, podrían adjudicársele más crímenes de los que se creía, al menos unos 30.
Organizaciones humanitarias y la propia ex representante de la PDHH, Beatrice del Carrillo, alertaban sobre el retorno de los escuadrones de la muerte a las filas de las fuerzas de seguridad, como ocurrió durante la lucha contrainsurgente en los años 70 y 80.
Durante ese etapa, esos grupos paramilitares capturaron, torturaron y asesinaron a estudiantes, obreros, maestros y dirigentes políticos, como parte de la llamada cruzada anticomunista, dirigida por el ya fallecido mayor Roberto d'Abuisson.
De Carrillo advertía sobre la impunidad con la que operan actualmente en todo el país. Incluso se asegura que tras el fin de la guerra civil (1980-1992) nunca desparecieron.
Ahora, afirman estudiosos del tema, como el abogado Jaime Martínez, del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, han mutado de escuadrones de la muerte a grupos de sicarios.
Sus trabajos principales son los ajustes de cuentas, dirimir desacuerdos personales, sacar de la competencia a otro empresario, limpieza social o al servicio del crimen organizado, subraya.
Aunque el tema no es una prioridad para el gobierno, según Martínez y otros expertos, comienza a preocupar.
Y es que la captura de otros cuatro agentes en el oriental departamento de San Miguel, que estaban en conexión con el grupo comandado por Arriaza, echó más leña al fuego.
Las pesquisas sobre el triple asesinato en Jocoro, en la provincia oriental de Morazán, el 21 de julio pasado, dan fe de la relación que esta estructura de policías, ex policías y civiles tenía con empresarios que supuestamente les pagaban para cometer asesinatos.
Este escuadrón de la muerte llevaba a cabo sus actividades en las provincias orientales de San Miguel, Morazán y La Unión, todas vecinas y cercanas entre sí.
Pese a las pruebas que van levantando las investigaciones, autoridades policiales aseguran que estos nexos de efectivos con grupos de limpieza social son solo hechos aislados y que nada tienen que ver con la estructura de ese cuerpo de seguridad.
En tal sentido, el fiscal general de El Salvador, Félix Garrid Safie, negó que en el seno de la policía salvadoreña haya grupos infiltrados de exterminio, tal como lo han denunciado organizaciones civiles.
Sin embargo, la cantidad de asesinatos que ocurre en el país, entre 10 y 12 como promedio cada día, y las huellas de ejecuciones que presentan muchos de los cadáveres, conducen a pensar en los escuadrones de la muerte, ha alertado De Carrillo.
Aunque las recientes detenciones pudieran parecer un freno a estas organizaciones, lo cierto es que en Chalchuapa, ubicada en el occidente y a 78 kilómetros de San Salvador, impera desde el 18 de agosto pasado un "toque de queda".
Un grupo identificado con las siglas E.L, que se asocia con "escuadrón de limpieza", reparte en horas de la noche octavillas en las que exige no salir de las casas a los habitantes de este poblado, e incluso ordenan a la policía a acuartelarse.
La inseguridad social sigue siendo una de las principales causas por las cuales cientos de salvadoreños abandonan el país, destacan recientes encuestas.
Después del conflicto armado las extorsiones, asaltos, asesinatos y el miedo han ido conformando la llamada cultura de violencia de los salvadoreños.
Tanto es así que, teniendo en cuenta los datos preliminares del último censo de población, esta nación centroamericana es una de las más violentas del mundo y la más peligrosa de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 68 por cada 100 mil habitantes.
Redacción Central (PL) Tras innumerables denuncias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH) sobre la presencia de grupos de exterminio en El Salvador, la reciente captura de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales valida los hechos.
El pasado 28 de julio fueron apresados el sargento Nelson Arriaza y el agente Roberto Carlos Chévez, junto a Rember Martínez, acusados del asesinato del campesino Amado García en el municipio de Nueva Esparta, en el nororiental departamento de Morazán.
Arriaza figura como el líder de una banda a la que se vinculan otros policías, que según el fiscal salvadoreño Rodolfo Delgado, de la Unidad contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía General, podrían adjudicársele más crímenes de los que se creía, al menos unos 30.
Organizaciones humanitarias y la propia ex representante de la PDHH, Beatrice del Carrillo, alertaban sobre el retorno de los escuadrones de la muerte a las filas de las fuerzas de seguridad, como ocurrió durante la lucha contrainsurgente en los años 70 y 80.
Durante ese etapa, esos grupos paramilitares capturaron, torturaron y asesinaron a estudiantes, obreros, maestros y dirigentes políticos, como parte de la llamada cruzada anticomunista, dirigida por el ya fallecido mayor Roberto d'Abuisson.
De Carrillo advertía sobre la impunidad con la que operan actualmente en todo el país. Incluso se asegura que tras el fin de la guerra civil (1980-1992) nunca desparecieron.
Ahora, afirman estudiosos del tema, como el abogado Jaime Martínez, del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, han mutado de escuadrones de la muerte a grupos de sicarios.
Sus trabajos principales son los ajustes de cuentas, dirimir desacuerdos personales, sacar de la competencia a otro empresario, limpieza social o al servicio del crimen organizado, subraya.
Aunque el tema no es una prioridad para el gobierno, según Martínez y otros expertos, comienza a preocupar.
Y es que la captura de otros cuatro agentes en el oriental departamento de San Miguel, que estaban en conexión con el grupo comandado por Arriaza, echó más leña al fuego.
Las pesquisas sobre el triple asesinato en Jocoro, en la provincia oriental de Morazán, el 21 de julio pasado, dan fe de la relación que esta estructura de policías, ex policías y civiles tenía con empresarios que supuestamente les pagaban para cometer asesinatos.
Este escuadrón de la muerte llevaba a cabo sus actividades en las provincias orientales de San Miguel, Morazán y La Unión, todas vecinas y cercanas entre sí.
Pese a las pruebas que van levantando las investigaciones, autoridades policiales aseguran que estos nexos de efectivos con grupos de limpieza social son solo hechos aislados y que nada tienen que ver con la estructura de ese cuerpo de seguridad.
En tal sentido, el fiscal general de El Salvador, Félix Garrid Safie, negó que en el seno de la policía salvadoreña haya grupos infiltrados de exterminio, tal como lo han denunciado organizaciones civiles.
Sin embargo, la cantidad de asesinatos que ocurre en el país, entre 10 y 12 como promedio cada día, y las huellas de ejecuciones que presentan muchos de los cadáveres, conducen a pensar en los escuadrones de la muerte, ha alertado De Carrillo.
Aunque las recientes detenciones pudieran parecer un freno a estas organizaciones, lo cierto es que en Chalchuapa, ubicada en el occidente y a 78 kilómetros de San Salvador, impera desde el 18 de agosto pasado un "toque de queda".
Un grupo identificado con las siglas E.L, que se asocia con "escuadrón de limpieza", reparte en horas de la noche octavillas en las que exige no salir de las casas a los habitantes de este poblado, e incluso ordenan a la policía a acuartelarse.
La inseguridad social sigue siendo una de las principales causas por las cuales cientos de salvadoreños abandonan el país, destacan recientes encuestas.
Después del conflicto armado las extorsiones, asaltos, asesinatos y el miedo han ido conformando la llamada cultura de violencia de los salvadoreños.
Tanto es así que, teniendo en cuenta los datos preliminares del último censo de población, esta nación centroamericana es una de las más violentas del mundo y la más peligrosa de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 68 por cada 100 mil habitantes.
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